Habían pasado más de 24 horas desde que se rompió el secreto del expediente del caso ProCultura y La Moneda seguía en silencio. Durante todo el sábado 10 de mayo el gobierno mantuvo un estricto sigilo frente a un caso que incluye una arista política que salpica directamente al despacho presidencial.

Pasadas las 13.20 del día anterior, el viernes 9 de mayo, T13 publicó el primer antecedente de la carpeta investigativa del caso que durante más de un año estuvo bajo completa reserva.

Todo el viernes la agenda estuvo copada por las revelaciones del expediente, las cuales partieron con la publicación de la interceptación de una llamada entre Josefina Huneeus -siquiatra y exesposa del director de la fundación ProCultura, Alberto Larraín- y el Presidente Gabriel Boric.

Pero, además, incluía la divulgación de los escritos del Ministerio Público, donde se revelaba por primera vez que el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, indaga una arista de financiamiento irregular de campañas políticas, incluida la del mismo Mandatario.

Pese a la magnitud de lo que traía el expediente de ProCultura, La Moneda guardó la calma. La no reacción inmediata del gobierno, señalan altas fuentes de Palacio, respondió a una estrategia definida días antes y que buscaba transmitir que el Ejecutivo no podía salir a hablar de inmediato ante antecedentes “filtrados” de una investigación judicial en curso.

Además, el Mandatario iba rumbo a una gira de seis días a Japón y China, y había que dar señales de normalidad para no enlodar un viaje que había adquirido relevancia estratégica en medio de la guerra comercial.

El plan que diseñó La Moneda consideró que la vocera (S), Aisén Etcheverry (FA), debía enviar una declaración a los periodistas cuando el avión presidencial aterrizara en Tokio, es decir, entre las 20 horas y las 20.30 horas del sábado en Chile. Y así fue. A las 20.28, justo cuando el Jefe de Estado llegó a Japón, el equipo de la Segegob envió la primera declaración.

“Como lo señaló el Presidente Boric, no hay nada que esconder. Es importante recordar que en este caso no tiene ningún rol procesal, ni siquiera como testigo. Nuestro llamado es como siempre a que las instituciones funcionen y que funcionen bien”, dijo Etcheverry.

Las primeras alertas

A diferencia de otros episodios, esta vez el caso ProCultura pilló a La Moneda preparada y con un control de daños que se había activado varios días atrás.

La primera alerta llegó a mediados de abril y provino directamente del exjefe de asesores del Segundo Piso Miguel Crispi (FA). El sociólogo fue citado a declarar como imputado en la causa de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende la semana del 14 de abril, y cuando respondió las preguntas de la Fiscalía supo que su teléfono había sido pinchado. Saliendo de ese interrogatorio dio aviso a La Moneda.

Con ese antecedente sobre la mesa, los equipos de la Secom y el Segundo Piso activaron sus averiguaciones para saber cómo se venía la mano en ProCultura.

La Moneda no estuvo a ciegas, ya que, comentan en el oficialismo, en el caso hay dos abogados cercanos al gobierno que son parte a través de sus socios. Se trata de Miguel Schürmann, el abogado que asesora indirectamente al Presidente y cuyo socio, Alejandro Awad, representa a Huneeus. A él se suma también el abogado Jaime Winter, cuyo socio, Jorge Cabrera, tenía el patrocinio de la exprimera dama Irina Karamanos, quien partió como imputada en la causa y terminó solo como testigo.

Ya a fines de abril existía un secreto a voces que también llegó a oídos de La Moneda: que la causa traía decenas de pinchazos, que Cooper tenía una arista política por financiamiento a campañas y que había una interceptación a Huneeus en la cual estaba involucrado el Mandatario.

Fue tal la anticipación que, fuentes que saben de lo ocurrido, cuentan que se hicieron gestiones para revisar quiénes participaron de la administración de la campaña de Boric, cómo fue el financiamiento y así indagar si hubo huellas de ProCultura, lo que fue descartado tempranamente.

Palacio incluso estaba al tanto de cuándo se alzaría el secreto del expediente, lo cual fue avisado a los intervinientes del caso por correo, y la fecha fue esperada por todos. El lunes 5 de mayo, el Ministerio Público comenzó a dar copia de la carpeta a los querellantes y defensas. En ese momento, La Moneda supo que era cosa de días para que comenzara a saberse información del caso.

De hecho, antes del viernes en que explotó todo, el jueves 8 de mayo, Ciper publicó lo que quienes estaban al tanto del caso ya sabían: que la Fiscalía, a través de Huneeus, escuchó al Mandatario. Eso provocó que Etcheverry, en una entrevista con Tele13 Radio, criticara las filtraciones y diera a conocer que Huneeus había sido la siquiatra de Boric en 2018.

“Que las instituciones funcionen”

Ese mismo jueves, La Moneda activó un pequeño comité de crisis, una fórmula que ya ha usado previamente como, por ejemplo, cuando explotó el caso Democracia Viva. La instancia fue integrada por Etcheverry, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), y el director de la Secom, Pablo Paredes (FA), quienes acordaron un plan cuyo primer cortafuegos apuntó a que había que instalar rápidamente que no existen antecedentes que involucren al Mandatario y que hay que dejar que las instituciones “funcionen bien”, un aforismo que recordó la reacción del expresidente Ricardo Lagos en pleno caso MOP-Gate, en 2003.

Al viernes 9 de mayo, cuentan fuentes del gobierno, en el Segundo Piso, tras una revisión exprés de los antecedentes que se habían conocido del caso, confirmaron el diseño definido el día anterior. Luego de la publicación de T13, desde la Secom se enviaron las primeras bajadas comunicacionales a los presidentes de partidos de la alianza de gobierno.

A esa altura, en La Moneda se comentaba que en la conversación de Huneeus con Boric quedaba claro desde un inicio que Larraín usaba el nombre del Mandatario para beneficio personal. Además, Palacio tenía un hecho que los blindaba: la doble negativa de la magistrada Sissi Bertoglio, del Juzgado de Garantía de Antofagasta, que bloqueó la solicitud de la Fiscalía para pinchar el celular del Mandatario.

Ese mismo viernes, funcionarios de Palacio estuvieron especialmente alertas a la filtración de los mensajes contenidos en un grupo de WhatsApp llamado “La Convergencia Cristiana”, en el que participaban Larraín, el diputado y expresidente de CS Diego Ibáñez y el actual subsecretario del Interior, Víctor Ramos (FA), entre otros.

Eso motivó a sondear con Ramos si el asunto ameritaba encender más alertas, pero lo cierto es que el subsecretario no se vio involucrado en ninguno de los mensajes filtrados. La Moneda había despejado el camino respecto de los inquilinos de Palacio involucrados en el caso y se concluyó que el que quedaba en una situación más compleja era Ibáñez.

Durante la tarde del viernes, el Presidente estuvo en La Moneda hasta las 19.26, hora en que emprendió rumbo al Grupo 10, donde lo esperaba la comitiva que lo acompañaría en el avión presidencial en su viaje a Tokio.

Reunido con su núcleo político más cercano de Palacio, como los ministros Elizalde y Etcheverry, coordinó parte de la agenda que tendría cuando no estuviera en Chile. Uno de los temas abordados fue el de ProCultura, donde se le dio el visto bueno a los primeros lineamientos sobre los que el Ejecutivo estableció su línea de defensa. El avión presidencial finalmente despegó a las 20.05 horas.

En paralelo al vuelo de Boric, en Palacio también se activó otra consulta interna con el ministro de Seguridad Pública, el abogado Luis Cordero, quien tiene mayor conocimiento jurídico, a pesar de que su especialidad no es el derecho penal, sino que el administrativo. Cordero les echó un vistazo a los antecedentes, concluyendo que “penalmente” no hay nada que involucre al Presidente.

Mientras todo esto ocurría en La Moneda, un par de kilómetros más al oriente de Santiago, en la oficina de Awad y Schürmann se tomó la decisión de ingresar, ese mismo viernes en la noche, un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta cuestionando la legalidad del pinchazo a Huneeus.

Pese a que eso no tiene nada que ver con los movimientos de Palacio, el escrito que firmó Schürmann expuso, por primera vez, un concepto que luego sería utilizado por el Frente Amplio (FA). “Existe un nombre para las intromisiones ilegales a la vida privada de las personas: espionaje”, se leía en el amparo que se dio a conocer la mañana del día siguiente.

El factor espionaje

El sábado 10 de mayo, cuando La Moneda guardaba silencio y Etcheverry esperaba a que Boric aterrizara en Tokio para enviar su declaración, a las 15.54 el partido del Presidente -la principal colectividad afectada por el caso- dio un paso al frente y criticó duramente al Ministerio Público.

En una declaración pública, el FA afirmó que “escuchar ilegalmente las conversaciones de terceros constituye espionaje”.

Fuentes de Palacio comentan que el gobierno dio libertad al FA para que criticara a la Fiscalía, incluida la acusación de espionaje.

De hecho, en La Moneda son varios los convencidos de que la solicitud de Cooper -a quien consideran un fiscal de derecha- para pedir la interceptación de las comunicaciones telefónicas de Crispi y otros imputados del caso no estaba bien fundada.

“Son roles distintos y se definió que el gobierno, el Presidente y sus ministros mantendrían un rol institucional haciendo un llamado a que las instituciones investiguen, pero investiguen bien”, explica una alta fuente de La Moneda.

Ese mismo día, el diputado Ibáñez también se sumó a la ofensiva. “Manifiesto mi absoluto repudio a la manera en la cual se filtran selectivamente conversaciones privadas en medio de investigaciones a cargo de la Fiscalía, sin ninguna relación con algún delito, con el solo objeto de difamar”, afirmó en un comunicado el extimonel de Convergencia Social.

Una gira empañada por ProCultura

El domingo 11 de mayo comenzó con Elizalde -quien ejercía de vicepresidente de la República- reforzando la línea de defensa del gobierno y que ya había adelantado Etcheverry. En una declaración grabada desde su casa, el ministro aseguró que Boric era “una persona honesta” y que no había “nada que esconder”.

Con todo el incendio de ProCultura desatado en Santiago, a más de 17 mil kilómetros -a las 22 horas del domingo en Chile-, Boric iniciaba una de las pautas más vistosas de su gira: su visita a la Expo Osaka 2025.

El Presidente -flanqueado por sus ministros- se acercó a la prensa antes de ingresar al pabellón de Chile. Tras destacar el stand caracterizado por el manto tejido por 200 artesanas mapuches, a Boric se le consultó por ProCultura.

El Presidente rompió el silencio señalando que ha mantenido “siempre la postura de que las instituciones en Chile deben funcionar sin presiones de ningún tipo. La Fiscalía y tribunales tienen que cumplir su labor de manera apegada a la ley y tienen que hacerlo bien”.

“Cuando se investigan casos de malversación a la fe pública o cualquier tipo de delito, no puede haber un doble estándar, y eso se mide a la hora que el investigado es uno o los propios, se pone en cuestión uno y ante esta situación doy garantía de que sigo manteniendo la misma posición, caiga quien caiga, que se investigue todo lo que haya que investigar”, explicó, pero sin ánimo de responder más preguntas.

La desconocida a Larraín

Casi 10 horas después de que Boric hablara desde Japón, el lunes 12 de mayo, a las 11.30, se reunió el comité político ampliado en La Moneda. Elizalde -acompañado de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana (FA)-, expuso el relato del oficialismo que busca blindar al Presidente y señaló que la responsabilidad de los traspasos a la fundación es de los gobiernos regionales y no del gobierno central.

Además, aseguró que La Moneda estaba consciente de que las filtraciones fraccionadas de antecedentes del caso llevarían a “interpretaciones equívocas”, pero que el Ejecutivo tenía el convencimiento “de que no hay nada penal que arriesgue al Presidente”.

Quienes estuvieron ahí cuentan que Elizalde subrayó que se tienen que dar señales de que el gobierno sigue haciendo su trabajo y que el caso, más que un problema penal, tenía tintes de un caso “político y comunicacional”.

En esa instancia, la presidenta del FA, Constanza Martínez, defendió la tesis del espionaje político, a la cual se sumó su par del PC, Lautaro Carmona.

Pese a que en La Moneda defienden el derecho del FA de criticar los pinchazos, fueron varios los ministros que tomaron distancia de esa posición. Así lo hizo Cordero, y uno de los más duros fue el ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC).

Un día después, el martes, en el gobierno dicen que se marcó un punto de inflexión. Ese día la vocera (S) Etcheverry se sumó al libreto de desconocer a Larraín y dejarlo solo, la misma línea que tomó el FA y el gobernador metropolitano, Claudio Orrego. De hecho, ese mismo día, el jefe de bancada de los diputados del FA, Jaime Sáez, dijo que Larraín es “un narciso, casi sicópata”.

Si bien tanto el siquiatra como Boric fueron muy cercanos -Larraín lo asesoró en temas de salud mental y Boric lo sondeó para integrar su primer gabinete-, en 2022 ese lazo ya se había cortado. “Si hay responsables, que paguen”, dijo Etcheverry. La ministra luego añadió: “Si el señor Larraín es responsable, que le caiga todo el peso de la ley“.

La arremetida del FA por el espionaje obligó a los presidenciables del sector a tomar postura, enredó al oficialismo y aisló a los frenteamplistas, ya que salvo el PC, todo el Socialismo Democrático -incluida la candidata Carolina Tohá (PPD)- tomó distancia de esa postura. Incluso, enredó al abanderado del FA, Gonzalo Winter, quien el lunes en la noche notificó a la directiva de su partido que no se sumaría a la línea marcada en el comunicado difundido la tarde del sábado.

Luego, el miércoles 14 de mayo, Martínez complicó aún más el escenario. “El caso ProCultura no es un caso del FA (...), la única militancia que se le conoce a Alberto Larraín es la DC”, dijo la timonel.

Sus palabras crisparon aún más las relaciones con la DC en un contexto especial, ya que el gobierno necesita amarrar los votos de sus diputados para salvar al delegado metropolitano Gonzalo Durán (FA) de su acusación constitucional. Además, se dio en medio de un contexto electoral y de negociaciones por la lista parlamentaria. En La Moneda reconocen que fue un traspié innecesario. El FA intentó recomponer sus relaciones con la DC, pero su timonel, Alberto Undurraga, no ha respondido a los mensajes.

La semana de la crisis de ProCultura terminó con un consejo de gabinete encabezado por el Jefe de Estado la mañana del viernes. En la instancia, Boric reiteró la postura del gobierno.

“Como Presidente de la República, quiero reafirmar ante ustedes, colaboradores, pero ante todo el país, mi convicción de que en Chile no hay nadie por sobre la ley y que las instituciones deben funcionar y hacer bien su trabajo”, cerró el Mandatario.

La semana terminó con una buena noticia para Palacio. A las 16.55 del viernes la Corte de Apelaciones de Antofagasta despachó el fallo con el cual acogieron el amparo de Huneeus.

La categórica sentencia, que fue un duro golpe a la indagatoria que lidera el fiscal Cooper, aseguró que el pinchazo a la siquiatra es ilegal y, por lo tanto, dispuso “la eliminación en la investigación fiscal de todo lo obtenido en base a los actos cuya ilegalidad acaba de declararse”. Si la Sala Penal de la Corte Suprema confirma el fallo, todo el pinchazo que involucra al Mandatario tendrá que desaparecer del expediente.