Esta jornada, la comisión de Educación del Senado dio inicio a la discusión en general del proyecto del Ejecutivo que modifica la actual ley de Educación Pública, y que busca ajustar la segunda etapa de instalación y el traspaso de los Servicios Locales de Educación (SLEP).

En concreto, el proyecto propone cuatro ajustes. El primero es permitirle al Presidente recalendarizar la puesta en funcionamiento de los 12 SLEP que restan, recordando que hoy 36 ya tienen los colegios a su cargo y otros 22 están creados administrativamente a la espera del traspaso de recintos. La medida podrá ser usada por única vez y en el proyecto se establece que se debe constituir, al menos, un SLEP cada año, en un proceso que el Mineduc meditó establecer que no podía exceder de 2035, pero finalmente en la redacción se estableció en 2040.

Además, la iniciativa también le entrega la facultad al Presidente para postergar por hasta tres años adicionales el plazo actual de dos años para el traspaso del servicio educativo de los SLEP que ya fueron creados, pero que aún no tienen a su cargo los colegios.

Asimismo, se flexibilizan los requisitos para que los municipios puedan seguir siendo sostenedores de los establecimientos, además de exigir que cumplan sólo uno de los dos requisitos pedagógicos actualmente vigentes. Los requisitos financieros se mantienen intactos, con plazo máximo también hasta 2040. Y si la ley actual permite el aplazamiento por un año, la propuesta del Mineduc lo extiende a dos.

Y, al mismo tiempo, crea una nueva causal que permite a los municipios mantener la calidad de sostenedor en caso de que tenga indicadores en el Simce y de deuda previsional superiores al de su SLEP, con plazo máximo, otra vez, hasta 2040. En el fondo, en la medida que un SLEP no muestre mejores indicadores que un municipio, este último no estará obligado a entregar sus colegios.

Al respecto, tanto la ministra de Educación, María Paz Arzola, como el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, asistieron a la instancia para presentar el proyecto formalmente a los parlamentarios, dando a conocer los distintos alcances de la iniciativa, y también recibir las consultas de los senadores.

Arzola señaló que un proyecto de esta naturaleza es necesario, ya que actualmente “hay municipios que tienen un una muy buena resultado de gestión, mientras que hay otros que han tenido más dificultades”.

“Y en general, lo que se observa es que los SLEP han ido heredando o han ido recibiendo estas condiciones y que no necesariamente han logrado revertirlas o mejorarlas”, sostuvo.

En esto, la titular de Educación enumeró una serie de problemas que se han ido registrado con la implementación de los Servicios Locales: un “exceso de gasto”, una sobredotación respecto a los docentes y asistentes de la Educación, una matrícula a la baja, las deudas previsionales de algunos municipios con sus funcionarios de la educación, las brechas que registra la infraestructura, problemas en el traspaso de bienes inmuebles que no necesariamente tienen fines educativos, y que en promedio “los resultados de los SLEP hoy día no permiten afirmar que esta institucionalidad ofrezca mejores condiciones para la gestión de las escuelas por parte de organismos públicos”.

“En general, se mantiene la heterogeneidad que se observa a nivel municipal en cuanto al desempeño, y por lo tanto esto da cuenta de que no hay balas de plata, no hay una fórmula perfecta para poder administrar la educación pública que nos asegure un mejor desempeño, y obviamente entonces hay que entrar a mirar en el detalle y preocuparse de crear los incentivos correctos y también de tener una gestión rigurosa del servicio educativo”, sentenció.

El punto fue reforzado por el subsecretario de Educación, quien hizo hincapié en la reforma que introdujo los SLEP “es uno de las más grandes” en educación que se ha ejecutado, y por lo mismo, “la presión administrativa que pone sobre el Ministerio de Educación es muy grande, y la presión financiera que pone sobre el fisco también”.

“El número de SLEP que tenemos que tanto crear como traspasar es inédita”, sostuvo.

“A ninguna administración se le ha pedido este nivel de carga, además, una variable extra: con una importante reforma de más de 84 cambios normativos, 11 reglamentos, en plena implementación (..) el escenario es extremadamente exigente en términos financieros, en términos administrativos y también en términos de lo que yo mencionaba al principio, que es la legitimidad social de esta reforma”, sostuvo.

“Se nos está pidiendo hacer lo que los otros gobiernos hicieron en siete años, a nosotros en dos. Y no tenemos ni siquiera el tiempo de implementar las herramientas que nuestros antecesores vieron como fundamentales para hacerlo bien”, afirmó.

Los cuestionamientos de Provoste y Mirosevic

Respecto al proyecto, la senadora Yasna Provoste (DC) cuestionó diversas materias en torno a la postergación que plantea la iniciativa, entre ellas, que en el caso que un municipio pueda mantener la administración, “solo se haga mirando una parte de los temas de resultados de aprendizaje y que se encuentren al día de las obligaciones previsionales”.

“Yo no sé si solo eso configura una calidad de la educación. Aquí no se abordan temas de clima, no se abordan denuncias en materia de convivencia escolar -que son parte importante en materia de calidad de la educación- no se abordan los temas de matrícula. Entonces creo que cuando uno se plantea esta preocupación en materia de la calidad, nos llama la atención que solo se reduzca a los resultados de las pruebas estandarizadas”, señaló.

Por su parte el senador Vlado Mirosevic (PL) cuestionó el tiempo de postergación que otorga la iniciativa.

“Con esta reforma podríamos llegar a una postergación que llegue incluso hasta el 2045″, apuntó. “O sea, estamos hablando estamos hablando de 28 años desde que se comenzó a implementar el 2017. Una reforma que tenga 28 años de traspaso, a mí me parece que es realmente excesivo”

Asimismo, cuestionó que la iniciativa también plantee la flexibilización de las exigencias a los municipios que no quieran realizar el traspaso a SLEP, cuando la justificación detrás de esto es que están teniendo un buen desempeño en la administración de sus colegios.

“Yo he escuchado al alcalde Sichel (Ñuñoa), que ha sido como el que ha puesto este debate en la prensa, diciendo ‘yo lo hago mejor que un supuesto SLEP futuro, por lo tanto, ¿por qué me lo van a quitar?’. Pero es raro, si es que la justificación es ‘yo lo hago mejor’, que nosotros aquí estemos bajando precisamente los estándares académicos".

“O sea, si es que el alcalde Sichel lo hace mejor, bueno, entonces mantengamos los criterios. ¿Por qué vamos a flexibilizar el criterio de resultados académicos? Si la justificación es que estos alcaldes lo hacen mejor", reflexionó.

En esto, la senadora Provoste también complementó la observación de Mirosevic, indicando que “el ejemplo de Ñuñoa es el mejor ejemplo para decir que los liderazgos influyen en la educación”.

“No soy amiga de ninguno de los dos, pero en la anterior administración, en esta misma comisión, recibimos en reiteradas oportunidades a la comunidad educativa que se quejaba de la misma corporación educacional en Ñuñoa”, señaló. “Entonces, un mismo territorio con dos liderazgos distintos, creo que eso también refuerza la idea en que uno no puede quedar al arbitrio de los liderazgos de turno si tiene más o menos compromiso en materia educativa”.

La comisión acordó en las próximas sesiones recibir en audiencia a distintas voces de la educación, así como también las respuestas del Ejecutivo ante las dudas presentadas por los parlamentarios en la sesión y que por tiempo no pudieron ser respondidas.