Este miércoles el Ministerio de Educación ingresará un proyecto de ley que ajusta hasta 2040 el cronograma de puesta en marcha de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) pendientes, y que a su vez flexibiliza las exigencias para que los municipios que quieran puedan seguir a cargo de los colegios públicos.

La iniciativa, dada a conocer por La Tercera, no dejó a nadie indiferente. Ni a aquellos municipios que se dividen entre mantener o entregar sus establecimientos, ni a expertos, incluyendo exautoridades que hasta hace poco estuvieron encima de la materia.

Una de las cosas que plantea el Mineduc comandado por María Paz Arzola para aplazar todo es que las deudas previsionales de los municipios no desaparecen al traspasar el servicio educativo, siendo asumidas en primera instancia por el gobierno central, lo que implica comprometer gasto fiscal hasta que los municipios se pongan al día. Y eso, en el contexto del ajuste fiscal que promueve el gobierno, es esgrimido como argumento: hay que hacerle espacio fiscal a esa deuda.

Sin embargo, para el exministro de Educación, Nicolás Cataldo, “la única forma de que salga menos dinero es adelantar los traspasos, evitar que se genere deuda. El porcentaje de recursos educativos que las municipalidades destinan a sueldos ha subido sistemáticamente y en muchas ya supera el 100%, es decir, tiene que poner recursos complementarios solo para poder pagar sueldos, ni siquiera para algun tipo de mejora educativa. Por ende, lo que proponen va a hacer que la deuda aumente, no que disminuya”.

Todo ello, dice el extitular del Mineduc, es “incoherente” con la idea de la actual administración de ver cómo recortar el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP). “Sin esos recursos de apoyo no se sostiene el sistema muncipal”.

El proyecto del gobierno, resumidamente, propone cuatro ajustes concretos: recalendariza hasta 2040 la puesta en funcionamiento de los 12 SLEP que restan por crearse; para los SLEP ya creados pero aún sin colegios a su cargo posterga por hasta tres años el traspaso; flexibiliza los requisitos para que municipios puedan mantener sus colegios; y crea una nueva causal que permite a los municipios mantenerse como sostenedor en caso de que tenga indicadores de aprendizaje y financieros superiores a su SLEP. Cualquiera de las postergaciones, en todo caso, son como máximo hasta 2040 acorde a la propuesta.

Para Sylvia Eyzaguirre, investigadora del CEP e integrante del Consejo Nacional de Educación, señala que le parece “prudente recalendarizar el traspaso de las escuelas municipales, y también estoy de acuerdo con volver a discutir si los municipios con alto desempeño pueden administrar los establecimientos públicos de su comuna o territorio”. Además, respecto del nuevo horizonte de 2040 para la total implementación de la ley de desmunicipalización escolar expone que si bien se deben analizar los argumento, considera “que es más importante avanzar bien que avanzar rápido. Se requiere introducir cambios a la gobernanza y diseño institucional de los SLEP para mejorar su funcionamiento. Es de esperar que esta nueva calendarizacion priorice a los municipios con peor desempeño”.

Justamente, esa es una de las dudas que comienzan a surgir entre los alcaldes: hoy hay 67 municipios que creen que su SLEP será creado en 2027 y sus colegios traspasados en 2029. Dentro de ese lote hay comunas que sí quieren entregar sus colegios en esa fecha, ¿pero qué pasa si se termina postergando la creación de su SLEP? Entendidos en la materia en el Mineduc reconocen que, aunque trabajarán para crear primero los servicios que aglutinen a municipalidades que sí quieren traspasar sus colegios, indefectiblamente habrá casos en que aun queriendo hacerlo serán aplazados.

Gonzalo Muñoz, académico UDP y miembro del Consejo Evaluador de los SLEP, plantea que “reprogramar los traspasos me parece una idea razonable. La propia historia de esta reforma muestra que hacerlo bien exige más tiempo del que se estimó en 2017 y una ley recién promulgada apunta precisamente en esa dirección”.

Sin embargo, cree que 2040 como tope “es excesivo y genera una incertidumbre que afecta negativamente a la educación pública. Y lo más importante: si lo que de verdad interesa es mejorar la implementación, el gobierno debe asumir que será responsable de este período y comprometer metas verificables de mejora, junto con asegurar los recursos de apoyo, como el FAEP, y condiciones tan básicas como la mejora de la infraestructura. Los recortes presupuestarios de este 2026 han ido precisamente en la dirección contraria. El Congreso debería ser categórico. Ninguna extensión de plazos sin metas ni garantía de recursos para implementar bien”.

Además, el académico se extiende sobre la flexibilización de requisitos para que los municipios puedan mantener los colegios, algo que, recuerda, la ley ya contempla. “El punto es que en Chile esos casos son muy pocos, y conviene recordar que la mayoría de los alcaldes, incluidos varios de partidos de gobierno, respalda el traspaso porque sabe que la mejora de sus escuelas es inviable sin él. Las comunas que suelen citarse como ejemplo -Ñuñoa entre ellas- logran buenos resultados en un grupo acotado de establecimientos, con muchos recursos y con escuelas que han quedado abandonadas dentro de la misma comuna. Esa desigualdad interna es precisamente la señal de la fragilidad del modelo municipal. Si la flexibilización de requisitos termina diseñada a la medida de un puñado de alcaldes no estaremos ante una política pública, sino ante una excepción con nombre y apellido. El Congreso tendrá que mirar con lupa quiénes quedan habilitados y qué pasa con los estudiantes de esas escuelas postergadas”.

La mirada municipal

Desde la aludida Ñuñoa (va al SLEP La Quebrada, ya creado y con colegios que deben ser traspasados el 1 de enero), su alcalde Sebastián Sichel, sin embargo, celebra el proyecto. “Durante años dijimos que no tenía sentido intervenir colegios que funcionan bien, y hoy por fin el gobierno entiende que el sentido común tiene que estar por sobre la ideología”. Y anuncia que va por más: “Ahora vamos a trabajar para que nuestros colegios puedan seguir bajo administración municipal y con la tranquilidad que nuestros estudiantes merecen”.

“Que el gobierno permita que los municipios con buenos resultados puedan mantener sus colegios demuestra que valió la pena insistir. En educación no se trata de defender un modelo; se trata de defender a los niños, a los profesores y los proyectos educativos que sí funcionan”, suma.

Quizás si lo que mejor grafica la diferencia de miradas que hay en torno al tema es que en el mismo SLEP La Quebrada están contenidos los colegios de La Florida, donde su alcalde Daniel Reyes se muestra incómodo con este proyecto de ley, principalmente por la incertidumbre que acarrea.

“Nosotros esperamos que se cumplan los plazos que ya están fijados, en el marco de la legislación vigente, en torno a los cuales hemos trabajado en La Florida de forma seria. Me parece que abrir ahora esta discusión respecto de aquellos servicios locales que entran en funcionamiento el 1 de enero de 2027, a menos de cinco meses y en estos términos, genera incertidumbre para nuestras comunas y para nuestras comunidades educativas. Además, el proyecto entra en contradicciones con obligaciones legales que tenemos en el ámbito municipal, entre otras cosas la elaboración de nuestro presupuesto”, se prolonga, sumando que han trabajado en una hoja de ruta con la que están “preparados para hacer el traspaso el 1 de enero, tal como además nos lo reafirmó en su momento la actual ministra de Educación”.

Desde el Mineduc, en todo caso, se apresuran en alcarar que el SLEP La Quebrada sí recibirá a los establecimientos de La Florida el 1 de enero del próximo año, independientemente de lo que pueda pasar con las otras dos comunas involucradas.

Pero hay otro SLEP donde todas las comunas celebran la iniciativa. Se trata del servicio Manquehue, donde los cinco alcaldes involucrados (Providencia, Las Condes, Vitacura, Providencia y Lo Barnechea) han liderado una cruzada para no entregar los colegios.

El alcalde de la última mencionada, Felipe Alessandri, dice “valorar que el gobierno incorpore mayor flexibilidad y reconozca que los municipios que muestran buenos resultados puedan seguir administrando sus establecimientos. Siempre dijimos que los traspasos no debían responder a un calendario rígido, sino a las capacidades reales y al beneficio para las comunidades educativas”. Además, asevera que llegó el momento “de hacer una evaluación seria del funcionamiento de los SLEP y de la calidad de la educación que están entregando. Si esa evaluación demuestra que el modelo no está cumpliendo sus objetivos, debemos tener la honestidad de revisar si corresponde seguir avanzando en esta política pública o introducir los cambios que sean necesarios. Lo importante no es defender un modelo, sino asegurar una mejor educación para los niños”.

En una línea similar, el alcalde de La Reina (también SLEP Manquehue), José Manuel Palacios, también valora que el Ejecutivo “haya escuchado una preocupación que muchos alcaldes veníamos planteando hace tiempo. La educación pública requiere más flexibilidad y menos rigidez. Fortalecer la capacidad de gestión de los municipios significa dar mejores herramientas para acompañar a las comunidades educativas, apoyar sus proyectos y responder oportunamente a las necesidades de cada establecimiento. Ese enfoque, que reconoce las distintas realidades del país, va en la dirección correcta”.

Mientras, Camila Merino, jefa comunal de Vitacura, dice que en su caso están “muy contentos. Es una medida que hemos solicitado. Nos gustaría que hubiese un sistema mixto, donde municipios pudieran quedarse con los colegios. Pero este es un buen avance, porque nosotros entregamos una buena educación pública. Hoy día hay mucho por hacer y es importante poner los recursos del Ministerio de Educación donde más se necesita”.