Cuarenta y ocho gremios empresariales de todo el país firmaron este miércoles una declaración pública en la que valoran la decisión del gobierno de vetar la parte de la megarreforma que modifica el régimen de pago a 30 días a empresas de menor tamaño, y piden al Congreso respaldar ese veto para que la materia se discuta en un futuro proyecto denominado Estatuto Pyme 2.0.

En el texto, los gremios sostienen que las pymes han sido impulsoras de la ley de pago a 30 días desde su origen y que seguirán defendiendo su cumplimiento, porque a su juicio constituye una herramienta para mejorar la liquidez y fortalecer el desarrollo de las empresas de menor tamaño. Por lo mismo, plantean que cualquier modificación a esa normativa debe contar con sustento técnico y generar incentivos positivos.

El principal reparro apunta al diseño de la modificación aprobada por el Congreso.

Según la declaración, si bien la norma perseguía un propósito legítimo, generaría un efecto contrario al esperado: un régimen que los firmantes califican como excesivamente punitivo frente a eventuales incumplimientos podría llevar a muchas empresas a reemplazar proveedores pyme por otros de menor riesgo, con lo que se reducirían las oportunidades de negocio para las empresas de menor tamaño.

Estatuto Pyme

Por esa razón, los gremios consideran acertada la decisión del Ejecutivo de retirar la materia del proyecto de Ley de Reconstrucción para abordarla de forma específica en el Estatuto Pyme 2.0, iniciativa que, según señalan, fue comprometida por los ministros de Hacienda y Economía y por el propio Presidente Kast, y que sería construida junto con los gremios representativos de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Sobre el contenido de ese futuro proyecto, la declaración indica que, además de perfeccionar la normativa sobre pago oportuno, incorporaría una agenda de medidas orientadas a fortalecer el emprendimiento, mejorar el acceso al financiamiento, impulsar la productividad, reducir trabas regulatorias y generar mejores condiciones para el crecimiento de las empresas de menor tamaño.

“Las pymes necesitamos políticas públicas que nos protejan, pero también regulaciones técnicamente bien diseñadas”, señala el documento, en el que los firmantes expresan que esperan que el Congreso respalde el veto presidencial para que la discusión se dé en el marco del Estatuto Pyme 2.0, donde, afirman, podrá construirse una regulación capaz de fortalecer el pago oportuno sin generar efectos adversos para las empresas que se busca beneficiar.

Las organizaciones firmantes son: