TC: Termina la revisión del requerimiento de Chile Vamos contra el reglamento de objeción de conciencia

Se dio inicio a la fase de alegatos y los abogados representantes tanto de los parlamentarios oficialistas como del la Contraloría, dispondrán ed un espacio de 30 minutos para presentar sus argumentos.


Este jueves se dio inicio a la sesión del pleno de los ministros del Tribunal Constitucional que revisará el requerimiento presentado por diputados y senadores de Chile Vamos en contra del reglamento de objeción de conciencia en el marco de la ley de aborto en tres causales.

El primero en alegar fue el abogado Jorge Barrera quien representa a los senadores oficialistas y defiende la competencia  del TC y acusa a la Contraloría de “tratar de desconocer la naturaleza jurídica de derecho fundamental de la objeción de conciencia”. En esa misma línea, Barrera indicó que el organismo “trata de desconocer la naturaleza jurídica de derecho fundamental de la objeción de conciencia”.

Por otro lado argumentó que las entidades privadas al sustituir al Estado en su función pública no están obligados a ofrecer “prestaciones obligatorias”. Esto, aludiendo a los privados que tienen convenios por DFL 36.

Tras un receso de cinco minutos, fue el turno de la abogada Constanza Hube, quien representa a los diputados requirentes, quien apuntó a que el reglamento es inconstitucional al infringir el fallo del propio TC sobre la ley de aborto en tres causales. Hube agregó que el reglamento se convierte en una “presión indebida y termina coaccionando” a las entidades privadas que sostienen o puedan sostener en el futuro convenios bajo el DFL 36.

El abogado Camilo Mirosevic, en representación de la Contraloría General de la República, cuestionó al gobierno y lo acusó de asumir una posición “cómoda” al no asistir a la sesión a defender la constitucionalidad de “su propio reglamento”.

Además, acusó una “maquinación” en vista de que, a su juicio, los requirentes no están realmente impugnando el reglamento, sino el dictamen de Contraloría que estableció que las entidades privadas se suscriben convenios por DFL 36 “sustituyen al Estado” en sus funciones públicas. En ese sentido, cuestionó la competencia del TC para resolver el reclamo oficialista y dijo que los parlamentarios debieron acudir a tribunales ordinarios.

Mirosevic apuntó al gobierno, pues indicó que si consideraba que el reglamento era inconstitucional “no debieron haberlo suscrito”.

En estos momentos, los ministros del TC subieron a la sala y se podría dar a conocer la votación, pero no el fallo mismo.

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