“A algunos se nos pasó... El ministro Jorge Quiroz va poner al día, hoy día o mañana, cuando vuelva de la exposición que está haciendo en el Parlamento, ninguno de nosotros tiene problema”, señaló el mismo Presidente José Antonio Kast, el pasado 8 de abril, al admitir públicamente que algunos de sus colaboradores no se habían hecho el examen de drogas voluntario que se autoimpuso a inicios de año la entonces oficina del mandatario electo.

Aquel día, el mismo Kast se había sometido al test de pelo, ya que tampoco se lo había realizado. Aunque el Presidente de la República no está legalmente obligado, en esa ocasión La Moneda ya estaba notificada y ya había puesto en marcha un plan para desactivar la ofensiva desplegada por el diputado Daniel Manouchehri (PS), junto a su par Juan Santana y la senadora Daniella Cicardini.

Los tres legisladores socialistas habían recurrido a la Contraloría para denunciar a las autoridades del gobierno de Kast (ministros, subsecretarios, delegados y seremis) que -producto de una norma incluida sorpresivamente en la Ley de Reajuste del Sector Público- no se había sometido a este control obligatorio “al momento de asumir”. Esa norma había sido presentada sin mayor publicidad por el mismo Manouchehri en el trámite legislativo y se aprobó sin discusión.

El problema es que, hasta ese minuto, uno de los ministros que estaba en mora era precisamente Quiroz, lo que lo dejaba en una situación constitucionalmente compleja, ya que una de las causales de una acusación constitucional de un secretario de Estado es simplemente infringir una ley.

Por su parte, el resto de los ministros y colaboradores de Kast que sí se habían hecho el test antes de asumir, no estaban necesariamente a salvo, ya que todo dependía de lo que resolviera la Contraloría.

Esa respuesta al requerimiento de Manouchehri, Santana y Cicardini, se conoció este martes, a través de instructivo distribuido por la contralora Dorothy Pérez a todos los servicios públicos.

En ese oficio, si bien la autoridad administrativa acogió en gran parte el requerimiento de los socialistas, dejó algunos salvavidas al gobierno.

Dado que la exigencia para realizarse la muestra “al asumir”, no define un plazo determinado, la contralora consideró que era válido que el examen se haya realizado en forma previa a la asunción del cargo, siempre y cuando, el control haya sido efectuado en un laboratorio reconocido, mediante la muestra de cabello y sus resultados sean públicos.

Con ello, el test voluntario que había recomendado la oficina del presidente electo (OPE), hoy adquirió un carácter obligatorio.

Para aquellos que no se había hecho esta prueba, la contralora, además, estableció un plazo prudencial de hasta 30 días hábiles después de asumir el cargo para someterse al test. Aquel plazo, en todo caso, ya se habría cumplido el pasado 22 de abril, según algunas interpretaciones.

Quiroz cumplió

Tras conocer el instructivo de la Contraloría, en el oficialismo había una especial preocupación por Quiroz. Sin embargo, en el Ministerio de Hacienda confirmaron que alcanzó a someterse al examen dentro del plazo, ya que concurrió a la Clínica Indisa el 8 de abril -el mismo día del Presidente- para que se le tomara la muestra de pelo.

El subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, también cumplió con el trámite.

En otros ministerios también declararan ya haber cumplido con esta exigencia legal.

Por ejemplo, el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot (RN) y su subsecretaria, Constanza Castillo (RN), también se sometieron a la muestra de cabello a mediados de febrero, en el laboratorio Bionet, antes de asumir. Sus resultados negativos, en todo caso, los conocieron después del traspaso de mando.

Fiscalizaciones en curso

Esta ofensiva de Manouchehri incomodó al Ejecutivo, cuyos alegatos no fueron completamente acogidos por la Contraloría. Uno de los argumentos que se esbozó entonces La Moneda es que aún no había un reglamento ni tampoco financiamiento público para este control.

Pese a ello, desde la Presidencia de la República aseguran que todos los ministros y subsecretarios cumplieron con la exigencia. Solo faltaría la publicación de los resultados.

Con el nuevo marco que fijó la Contraloría, Manouchehri dijo que estarán pendientes del cumplimiento de la norma. “Denunciamos hace semanas que el gobierno de Kast no estaba cumpliendo con el test de drogas obligatorio para todas sus autoridades. La Contraloría, mediante instructivo de la contralora Dorothy Pérez, confirma que la obligación es vinculante, que el plazo está corriendo para algunos y está cumplido para otros, y que hay una fiscalización en curso sobre el cumplimiento del gobierno con eventuales responsabilidades administrativas y constitucionales. Nos dijeron que era show, y hoy la Contraloría dice otra cosa, estaremos atentos a lo que viene”, dijo.