En medio de la polémica por el proyecto de reajuste del sector público, la denominada “ley de amarre”, este jueves los diputados de la UDI Jorge Alessandri y Guillermo Ramírez no dudaron en subir el tono contra el gobierno y particularmente contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.

En concreto, advirtieron que presentarán una acusación constitucional en contra del secretario de Estado si es que no retira la norma que establece mayores exigencias para el despido de funcionarios a contrata. Esto, después de que el propio Grau confirmara que el Ejecutivo reingresará al Congreso dicha disposición, pese a las críticas expresadas desde la oposición y la resistencia que genera en algunos sectores del oficialismo.

En ese contexto, a través de un comunicado, los parlamentarios del gremialismo afirmaron que no permitirán “que el ministro, sin que tenga un ápice de vergüenza, trate de pasar en una ley que se discute año a año como es el reajuste del sector público, el incluir una norma permanente para dejar con empleos vitalicios a partidarios del actual gobierno”.

En esa línea, advirtieron que “si el ministro Grau no retira esta ley inmoral de amarre para apitutar a operadores políticos, lo vamos a acusar constitucionalmente en marzo".

“No permitiremos que el Estado se transforme en una agencia de empleo para los partidarios del gobierno, mientras miles de chilenos —especialmente mujeres— sufren el drama de la cesantía”, apuntaron.

Según explican desde la bancada, la idea es ingresar el libelo durante marzo, independiente de si el proyecto se rechaza o no en el Congreso, para lo que afirmaron que “vamos a iniciar las conversaciones con toda la oposición, incluido el PDG”.

Lo cierto es que la ofensiva está lejos de convencer al resto del sector, donde aseguran que la UDI se adelantó y que sería innecesario levantar una acusación considerando que, independiente del proyecto del gobierno, este no cuenta con los votos para ser aprobado por el actual Congreso. Eso sí, insistieron en sus críticas contra el Ejecutivo.

Al respecto, la diputada y vicepresidente de Renovación Nacional (RN), Ximena Ossandón, aseguró a La Tercera que el libelo “no es necesario dado que los votos no deberían estar en la sala para aprobar algo que a todas luces es un abuso y que va contra toda tradición republicana y de respeto a la autoridad entrante. El ministro sabiendo que no es factible, solo busca dejar cimientos para un futuro gobierno de la izquierda”.

El jefe de la bancada, Frank Sauerbaum, en tanto, llamó al gobierno a “evaluar el rechazo que ha producido esta normativa en la oposición y en los diputados y senadores también del propio gobierno, pero también en la ciudadanía. La gente se aburrió de los privilegios, de los pitutos, de los arreglines, y esto es una clara muestra de que quieren dejar apitutados a sus amigos”.

En republicanos, también tomaron distancia. “Creo que Navidad no es el momento para este tipo de anuncios, que, además, me toma por sorpresa, porque en la última reunión con la UDI, Renovación Nacional y el equipo económico del presidente electo, José Antonio Kast, nunca estuvo sobre la mesa una acusación constitucional”, dijo el diputado e integrante de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero.

En esa línea, agregó que “nuestro foco hoy es trabajar de manera coordinada en la tramitación legislativa, y coincidimos en que esperamos que el gobierno no insista con la ley de amarres, porque no tiene votos y existe un consenso transversal de que es una iniciativa abusiva”.

El futuro jefe de bancada del Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela, por su parte, remarcó que “las acusaciones constitucionales no pueden seguir utilizándose como herramientas políticas o de presión coyuntural. En los últimos años, se han desnaturalizado y eso le ha generado un daño a la institucionalidad”.

En ese sentido, apuntó que si bien “el Ejecutivo se equivoca cuando intenta introducir amarres”, recalcó que “hoy no estamos disponibles para adelantarnos ni para prestarnos para una acusación constitucional”.

Otra figura de la oposición que también se mostró contraria al anuncio de la UDI fue la diputada del disuelto Partido Demócrata Joanna Pérez. “Si bien esta es una acción desesperada del gobierno para mantener a sus amigos en los cargos, creo que no dan los argumentos para una acusación constitucional”, remarco. No obstante, la parlamentaria añadió que seguirán oponiéndose a estas malas prácticas. “Llamo al gobierno a tener más pulcritud y también más pudor en su actuar”, recalcó.

En el oficialismo también surgieron algunas críticas contra la UDI. Uno de los primeros en salir a cuestionar la ofensiva fue el diputado del Frente Amplio Diego Ibáñez, quien a través de sus redes sociales afirmó que “la UDI propone una acusación constitucional por presentar un proyecto de ley, eso es francamente una utilización no democrática del instrumento de acusación”.