El pasado sábado, mientras los ojos del país estaban puestos en el norte por la masiva movilización de camioneros, en la reunión que encabezó en la zona el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, junto al subsecretario del ramo, Juan Francisco Galli, también participó el ministro de Obras Públicas (s) Cristóbal Leturia.

Su asistencia al encuentro solicitado por el gremio transportista no fue casualidad. A Leturia le solicitaron directamente una mayor fiscalización de la Ruta 1, vía que conecta Iquique con Antofagasta y en la que murió Byron Castillo (25), luego de sostener una discusión con inmigrantes venezolanos que habrían cruzado de manera ilegal al país.

Según los camioneros, la concesionaria de la autopista habría cometido una serie de falencias en el resguardo de la seguridad. Ello debido a que transeúntes lanzan piedras a los camiones o los intentan detener, poniendo rocas en la vía para obstaculizar el paso de los vehículos y subirse a ellos por la parte posterior, sin que se percate el conductor.

“Les hicimos sentir a las autoridades que no estaban haciendo la pega, porque dejaron a las concesionarias que se muevan como Pedro por su casa. Ellas cada vez que ocurría un evento, se lavaban las manos. Sabemos claramente que las rutas de Chile son concesionadas y, por lo tanto, privadas”, recalcó el representante de la Confederación Nacional del Transporte de Carga De Chile, Carlos Bretti.

Frente a la queja de los camioneros, una de las conclusiones a las que arribó la autoridad junto a los 17 representantes de los gremios camioneros es que se aplique una “sanción administrativa a la concesionaria”. “Iniciar un proceso administrativo para sancionar a la concesionaria en virtud de los hechos acontecidos por incumplimientos en los contratos con el Ministerio de Obras Públicas”, consignó la minuta de acuerdos de la reunión.

En efecto, Dirección General de Concesiones inició desde ese mismo sábado un procedimiento sancionatorio en contra de la Sociedad Concesionaria Autopistas de Antofagasta S.A., -controlada por el grupo Penta-, la cual se notificará dentro de los próximos días.

Así lo confirmó la propia institución al ser consultada por Pulso: “El inspector fiscal, conforme al procedimiento establecido en las bases de licitación, ya propuso a la DGC la multa correspondiente, iniciándose un proceso de análisis y estudio de los antecedentes en que ésta se funda, por lo que se hará público el acto administrativo una vez que este se encuentre totalmente tramitado”.

Consultada sobre cuáles son los resguardos que deben tomar los concesionarios que están experimentando este tipo de fenómenos, respondió: “Se trabaja en una coordinación estrecha con Carabineros para el resguardo de los usuarios de las rutas, de quienes transitan por la zona, de tal manera de realizar los controles de seguridad que corresponden”.

Entre las empresas concesionarias de autopistas insisten en que la responsabilidad de velar por la seguridad de la vía es competencia de Carabineros, por lo mismo valoran el trabajo mancomunado que realizará la autoridad para frenar los enfrentamientos entre migrantes y camioneros en las vías del norte.

Sociedad Concesionaria Autopistas de Antofagasta S.A. registró ingresos en 2020 por $28.193 millones y obtuvo utilidades por $3.128 millones, siendo sus ganancias 11% superior a igual periodo del año anterior. La concesión vial Autopistas de la Región de Antofagasta, es una obra que fue licitada en 2010 por el Ministerio de Obras Públicas a Skanska Inversora en Infraestructura S.A., hoy Antofagasta Inversora S.A., gestionada por el grupo Penta.

Según su último reporte anual, la concesión tiene una duración de 246 meses, contados desde el 7 de abril de 2010. Es decir, dicho periodo expiraría durante el primer semestre de 2030.

En su página web, la concesionaria destaca que posee “carreteras con los mejores estándares de seguridad” en uno de sus banners.

Crecen sanciones, con menos montos

A partir de este caso, Pulso inició una revisión sobre las resoluciones sancionatorias efectuadas durante los años 2020 y 2021 por la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas. Durante el año pasado, la entidad que lidera la ingeniera comercial Marcela Hernández Meza, dictó 246 sanciones, mientras que el año anterior fueron sólo 116. Es decir, las resoluciones sancionatorias aumentaron 112%.

Si bien hubo un aumento en el número de sanciones emitidas por la autoridad, se registró también una leve caída de 3% en los montos si se compara 2020 con 2021. En efecto, las multas aplicadas por la DGC pasaron de $15.422 millones a $15.000 millones entre 2020 y 2021.

En el cálculo se incluyen sociedades a cargo de diversa infraestructura pública, como autopistas, cárceles, aeropuertos y teleféricos.

Sin embargo, gran parte de este último monto estuvo vinculado a sanciones a Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. Desde esta última señalaron que han recurrido a la Comisión Arbitral por la mayoría de las multas cursadas, que generan discrepancias contractuales. “Esto ilustra el desequilibrio absoluto de las facultades entre ambas partes y solo acelera la compleja situación financiera que vive la concesionaria, que está en riesgo de quiebra, debido, principalmente, al duro impacto generado por la pandemia”, respondió la firma.

“Las multas aplicadas dependen de las proposiciones de multa que efectúan los inspectores fiscales una vez que detectan el incumplimiento de la concesionaria de alguna de las obligaciones que le impone el contrato de concesión, el que conforme a las respectivas bases de licitación está asociado a un monto previamente determinado en UTM”, explicó la DGC.

“En consecuencia, la cuantía total de las multas que se cursan no está asociado al número de resoluciones que se aprueban e imponen durante un año en particular, toda vez que el monto de cada multa está asociado a un incumplimiento determinado”, agregó.

“Además, se debe tener en consideración que la sociedad concesionaria, una vez notificada de la resolución que le aplicó e impuso una multa, puede interponer los recursos administrativos o bien efectuar las reclamaciones en las instancias que para estos efectos se contemplan en la Ley de Concesiones, por lo que eventualmente la multa que le fuera impuesta puede sufrir modificaciones en cuanto a su monto”, complementó la autoridad en un cuestionario vía escrita.

Nuevo Pudahuel: $ 11 mil millones

Durante 2021 la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. recibió el mayor número de resoluciones sancionatorias, incluyendo el monto más alto en una de ellas. La concesionaria del “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago” acumuló el año pasado 74 sanciones que suman en total 210.291 UTM ($11.540 millones).

Sin embargo, el sistema de concesiones contempla un procedimiento de resolución de discrepancia en comisiones arbitrales con la posibilidad de recurrir de queja en tribunales de alzada. Hoy gran parte de dichas sanciones de Nuevo Pudahuel están en la primera fase.

Las más alta es la Resolución Exenta N° 3.284 del 28 de diciembre de 2021, cuando la DGC resolvió sancionar a Nuevo Pudahuel con “4.548 multas, de 20 UTM cada una, por los 4.548 días de atraso acumulados en el cumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de las modificaciones requeridas por el Inspector Fiscal respecto de 24 parcialidades del Proyecto de Ingeniería Definitiva, en el periodo transcurrido entre el 1 de enero y el 10 de octubre de 2017″. Solo esa resolución contempló un monto total de 90.960 UTM ($4.991 millones).

Según consta en el Portal de Transparencia Activa de la DGC, la misma concesionaria el 29 de julio de 2021 también había sido sancionada con un monto cuantioso. En aquella oportunidad fueron 41.720 UTM ($2.289 millones). ¿La razón? también retrasos en el cumplimiento de plazos establecidos para la entrega de modificaciones del proyecto de ingeniería definitiva, en el periodo transcurrido entre el 01 de agosto y el 31 de diciembre de 2016.

Nuevo Pudahuel registró las cinco sanciones más altas de la DGC durante 2021. Luego siguió la Sociedad Concesionara Teleférico Bicentenario S.A. que tuvo una multa de 4.080 UTM por el retraso de 50 días en la entrega de la totalidad las observaciones subsanadas del “Segundo Informe de Correcciones”.