Gran parte de las demandas sociales en alguna de sus consignas piden "gratuidad y calidad". La gratuidad se entiende como el no-pago privado por un bien o servicio, lo que implica que sea costeado con recursos fiscales. Esto ha ocurrido con un ambicioso plan fiscal que incrementa casi en 10% el gasto real del gobierno respecto al año anterior, una usual política macroeconómica contra cíclica, como sucedió hace poco más de 10 años en la crisis subprime.

Sin embargo, este nuevo nivel de gasto, al contrastarlo con los ingresos fiscales deja al país en una delicada situación: se espera que en unos años la deuda bruta alcance un 40% del PIB y que en 2020 haya un déficit en torno al 4,5% del PIB. Ante la incapacidad de conseguir suficientes recursos mediante recaudación, y considerando las presiones al alza del gasto se requieren soluciones creativas. Aquí es donde entra la "calidad".

Una interesante propuesta impulsada por el Ministerio de Hacienda es la Agenda de Mejor Gasto Público, que pretende diseñar e implementar una metodología que aumente la eficiencia y transparencia en el gasto fiscal. La DIPRES ya había dado algunos pasos en esta dirección, con el desarrollo de un plan de Evaluación de Impacto para Políticas Sociales en 2019, que busca promover aquellos proyectos que son eficientes y reducir aquellos que no lo son.

Ambas iniciativas apuntan a evitar que el dinero de los contribuyentes sea usado ineficientemente, o peor, que sea "capturado" por diversos grupos de interés. Sin embargo, el objetivo es particularmente difícil.

Precisamente ese último factor es uno de los más importantes: los grupos de interés o stakeholders. El nobel de Economía (1986), James Buchanan lo plasmó en su teoría de la elección pública, que consiste una aplicación y extensión de la economía a las decisiones políticas y las votaciones.

En este contexto, es perfectamente racional para un político o un grupo de políticos apoyar iniciativas sociales que no sean óptimas socialmente o que no respondan a un interés de la mayoría, si es que a cambio reciben un apoyo de un grupo de interés particular, que se puede traducir en votos y/o apoyo financiero.

Por lo tanto, el problema no es solo técnico, sino que también político. No bastan las buenas intenciones ni los mejores expertos en políticas públicas para conseguir un efecto importante en las finanzas públicas, sino que también requiere una buena "muñeca" al momento de comprender y negociar. Finalmente, de todos estos factores es que depende que se mantenga un equilibrio fiscal sostenible, la calidad es la clave.