El académico de la Universidad de Chile, Aldo González, fue uno de los convocados por el Ministerio de Economía para ser parte de la comisión asesora presidencial de libre competencia, la cual fue integrada por seis abogados y seis economistas.

Experto en política de competencia, regulación de mercados imperfectos y organización industrial, el economista fue uno de los que votó a favor de la pena de cárcel para los casos de colusión.

"Los casos de colusión, de carteles, son acciones que causan mucho daño, por lo tanto, la cárcel es un remedio apropiado. Hay  otras acciones económicas que causan daño, como uso de información privilegiada, fraude, que son sancionados con cárcel, pero los delitos de libre competencia están quedando fuera", destaca.

¿La  cárcel podría impactar negativamente a la figura de la delación compensada? El presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) afirma que podría disminuir la eficacia en la lucha contra los carteles. 
El informe dice que cualquier sanción que se aplique tiene que ser compatible con la delación compensada. El primero que delate y se acoja a este sistema queda exento de sanción penal, por lo que no ocurriría que la gente no va a querer delatar porque va a ir presa. En el caso de las farmacias, el Ministerio Público está persiguiendo a los acusados usando artículos que son del siglo XIX y no están pensados para casos de libre competencia.

¿Qué piensa de los plazos que se toma la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para sus investigaciones? 
A uno le gustaría que los casos se resolvieran más rápido, pero no siempre es posible. Los juicios tienen sus tiempos y las partes sus derechos y esto se puede dilatar. No depende de la voluntad de la fiscalía y del tribunal.  Además, hay procesos que son complejos, y si uno los trata de sacar en corto tiempo puede haber un mal fallo.

¿No concuerda entonces con que la FNE tenga plazos más precisos como sostiene el presidente del TDLC?
Juntar evidencia toma tiempo, sobre todo en casos de carteles. No creo que acotar los plazos para fiscalía sea una buena solución. Sí creo que en otros procesos se deben acotar los plazos, como en el caso de fusiones. Hoy es un sistema voluntario, pero que en la práctica es casi obligatorio y no es claro que  los casos más críticos sean los que se están presentando a revisión. Hicimos una propuesta de ir a un sistema semi voluntario, en el cual las fusiones que estén por sobre el umbral de tamaño pasen a una etapa rápida de revisión, y en esta etapa rápida la fiscalía seleccione los casos donde hay más riesgos.  Esos casos pasan a una segunda etapa donde se analizan en detalle los efectos de la operación en el mercado.

¿Y en casos menos complejos?
Los otros casos -que no tienen ningún problema- deben pasar por un trámite rápido de máximo 30 días. Hoy los tiempos que toman las fusiones son de entre seis meses y un año. Para las empresas puede resultar muy costoso y puede que  desistan de las operaciones.

¿Qué otro riesgo ve en el sistema de fusiones en Chile?
Como es voluntario, si la fiscalía no detecta riesgo pueden pasar de largo y materializarse. Esta el caso de los cines, que debió haberse presentado a consulta. Se fusionaron y después la fiscalía los requirió. La forma ideal de actuar en contra de las fusiones es en forma preventiva. Cuando se forma una empresa no se puede decir que vuelvan a la situación inicial porque se cambian marcas, se despide gente, se cambian procesos. Eso es muy costoso. Ese riesgo lo tiene el sistema. Hace cinco años los supermercados se fusionaron sin consultar. Las grandes compras de D&S y Cencosud se hicieron sin consultar. Hasta que la fiscalía presentó un requerimiento y el tribunal dijo 'de ahora en adelante lo puede hacer, pero tienen que consultar'. En el intertanto se produjeron muchas compras que no se sometieron a ningún análisis.

Es decir, es mejor un sistema obligatorio para las fusiones.
Las reglas dicen que se debe operar de cierta forma y si no se hace, la empresa debe pagar el costo. El problema es que el sistema chileno es voluntario y no hay ninguna norma que obligue a consultar, hay una ambigüedad. Algunos no consultan salvo que se les obligue -que fue el caso de los supermercados- pero otras industrias no están sujetas a esa obligación. En el caso de LAN y TAM hubo un acuerdo con la fiscalía, pero el tribunal igual revisó la fusión. No es una fórmula garantizada ir a la FNE. Por eso hay que poner algo de orden a este sistema, que está muy desordenado y los tiempos son muy largos. En el contexto actual las empresas tienen demasiada incertidumbre.

¿Qué fórmula se debe aplicar para determinar las multas?
La comisión no planteó una fórmula matemática. En eso coincidimos con el presidente del tribunal.  El monto máximo hoy es absoluto (30 mil UTM). Nosotros propusimos que la multa máxima sea un porcentaje de la venta afectada por la práctica de la empresa condenada. Eso da más flexibilidad al tribunal. El presidente del TDLC tiene razón cuando dice que hay prácticas que son detectadas antes de tiempo y no alcanzan a tener daño, pero igual se tienen que sancionar. En ese caso aplica el criterio del tribunal en torno a cuál habría sido el daño causado.

¿Qué porcentaje de las ventas sería adecuado? 
En otros países es entre 10% y 30%. Habrá que aplicar algún criterio razonable y disuasivo.

Pero para una empresa un 10% puede ser demasiado si los márgenes no son tan altos. 
Bueno, sí, hay un error ahí. Eso lo aceptamos, pero si uno se va a portar bien no tiene qué temer. Las ventas son de más rápido acceso y más objetivas. A veces hay que sacrificar la precisión por la rapidez en la información. Las utilidades son muy manejables, uno puede meter más costos.

¿Cómo ve el rol de los gremios tras el caso de los pollos?
En la acusación, la asociación jugaría un rol fundamental en repartirse las cuotas. Se pidió una medida tan drástica como su disolución. Entonces, los empresarios tienen que tener consciencia que las asociaciones gremiales no tienen que ser para fines de no competir o de repartirse el mercado, sino que para acciones que vayan a favor de la sociedad. Hay un límite claro que no se puede traspasar.