El Gobierno británico comenzó una batalla en la Corte Suprema para decidir quién tiene el poder para poner en marcha el proceso formal de salida de la Unión Europea, en un intento por anular una sentencia legal que podría hacer descarrilar su estrategia sobre el Brexit. La libra cayó 0,06% a US$1,27.

Al comienzo de la audiencia, partidarios de la Unión Europea vestidos con togas y pelucas de jueces pasaron por delante del tribunal en un autobús de dos pisos, junto a una furgoneta con el eslogan “Los partidarios del Brexit nos han fallado a todos”. Unos pocos defensores del Brexit mostraban pancartas con la leyenda “Es un engaño de las autoridades”.

El Gobierno apeló a la máxima corte del país luego de que el Tribunal Superior dictaminó el mes pasado que los ministros no pueden activar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa y comenzar un proceso de salida de dos años sin la aprobación de los legisladores.

Si la Corte Suprema mantiene el fallo previo, podría alterar los plazos previstos por la primera ministra, Theresa May, para invocar el Artículo 50 a fines de marzo, al tiempo que podría dar oportunidades a los legisladores para suavizar las políticas gubernamentales sobre el Brexit.

Las pasiones están desatadas en Reino Unido después de que los votantes optaron por salir de la Unión Europea por 52% frente a 48% en un referendo celebrado en junio, y algunos políticos y periódicos afirman que la batalla legal es un intento de la cúpula de la judicatura por torcer la voluntad popular.

“Somos conscientes de los fuertes sentimientos asociados con las muchas cuestiones políticas que rodean la salida del Reino Unido de la Unión Europea”, dijo el presidente de la Corte Suprema, David Neuberger, en sus declaraciones de apertura.

“Sin embargo (...), estas amplias cuestiones políticas no son el tema de esta apelación”, añadió. “Esta apelación tiene que ver con asuntos legales y, como jueces, nuestra labor es estudiar estos asuntos con imparcialidad y decidir el caso de acuerdo a la ley. Eso es lo que debemos hacer”

Por su parte, el máximo abogado del Gobierno, Jeremy Wright, dijo que “la puesta en marcha del Artículo 50 no será un ejercicio de un poder prerrogativo surgido del capricho o del cielo”. Agregó, asimismo, que “es la conclusión lógica de un proceso en el que el Parlamento ha estado implicado de forma completa y consciente”.