El Transantiago ha sido un dolor de cabeza no sólo para las autoridades, ante las dificultades de lograr un buen desempeño (menor evasión y mejor cobertura), sino también para sus administradores financieros, pues durante 2012 volvieron a registrar pérdidas.

El Administrador Financiero del Transantiago (AFT) tuvo números rojos por $2.638,2 millones el año pasado, lo que se compara con utilidades por $4.831,3 millones durante el año previo. Esta es la primera pérdida desde el año 2009, cuando se contrajo $3.793,4 millones. Los ingresos, por su parte, se contrajeron 14,6% hasta $57.598,7 millones.

¿La razón? Básicamente el efecto del término anticipado del contrato con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTT). "Durante noviembre de 2011 el AFT inició un proceso de renegociación con el MTT el cual concluyó el 14 de diciembre del 2012. En el término de contrato (…) el MTT determinó y ajustó en forma definitiva el nivel de cumplimiento del AFT en relación con los servicios de Gestión de Pagos para el período comprendido entre febrero de 2010 a diciembre de 2012, ambos inclusive, en un 79% del valor de estos servicios establecidos en el respectivo contrato", según se informa en los estados financieros de la compañía.

En concreto, esto significó que la sociedad tuvo que ajustar contablemente los ingresos reconocidos durante dicho período, lo que significó un reverso de ingresos de $7.706 millones, y un efecto neto (cargo) en resultado de $7.177 millones, derivado de ajuste de costos y finiquitos.

Los números rojos afectaron proporcionalmente los números de los controladores. Los dueños del AFT son Banco Estado (21% de la propiedad), Banco de Chile (20%), Banco Santander (20%), BCI (20%), Sonda (9,5%) y Promotora CMR Falabella (9,5%).

Según explicó el gobierno en su momento, el nuevo contrato busca el traspaso de la operación de la tarjeta Bip al Metro de Santiago, entidad que también deberá hacerse cargo de todo el sistema de postventa del medio de pago.

De acuerdo a la Fecu de la AFT, tanto el término de contrato con la AFT (originado en 2005), como el nuevo trato, se encuentran sujetos al Trámite de Toma de Razón por parte de la Contraloría General de la República. El contrato original contemplaba que la AFT debía recaudar y administrar los recursos provenientes de la comercialización y recarga de la tarjeta BIP, así como la distribución de dichos fondos entre los proveedores de servicio de transporte y  la prestación de servicios destinados a facilitar el cumplimiento de estos fines.