En 2006, la población de inmigrantes era de 154.643 personas lo que equivalía a 1% de la población. Hoy de acuerdo a los datos de la Encuesta de Caracterización Económica y Social (Casen 2015) los inmigrantes en nuestro país suman 465 mil y representan el 2,7% de las 17,5 millones de personas que habitan en Chile. Se espera que para el Censo Abreviado 2017, los extranjeros en Chile superen las 500 mil personas. Si bien la tendencia es creciente, todavía el país está lejos del promedio de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que llegan a 12,7% de su población.

En el detalle, las cifras de la Casen reflejan que del total de inmigrantes que hay en Chile cerca de 62 mil llegaron el año pasado, lo que equivale a un 13,5% del total.

Asimismo, en tres regiones del país, se congrega el 82,3% del total de los nacidos en otro país, siendo la Región Metropolitana la que más población foránea alberga, con 69,1%. Más atrás se ubican Antofagasta y Tarapacá con 6,6%. Ahora bien, analizando el porcentaje de extranjeros en cada región por su número de habitantes, se aprecia que el 9,3% del total de la población de Tarapacá es inmigrante, y el 5,3% del total de población de Antogasta; mientras, en la  Metropolitana es el 4,5%.

Contabilizando sólo los que tienen una nacionalidad distinta a la chilena, si bien sigue predominando los peruanos con un 32,8% del total de extranjeros, la cifra es levemente inferior al 33,3%, registrado en la Casen de 2013. En segundo lugar se ubican los ciudadanos provenientes de Colombia con un 15,4% del total (13,8% eran en 2013). Más atrás se ubicaron los bolivianos con 11,0% (7,4% en 2013).

Por actividad, el 24, 2% está en la categoría “Trabajadores no calificados”, mientras que los “trabajadores de los servicios y vendedores del comercio” representan el 19, 4% del total. Los “oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros” alcanzan el 16,1%. La categoría “profesionales, científicos e intelectuales” representan el 12,1%.

En otros ítems, 65,7% de los extranjeros en 2015 están afiliados a una AFP, mientras que el promedio nacional es de 69, 3% población total. Y el 72,6% dijo que si había cotizado el mes anterior.

Debate

Pese al creciente aumento de extranjeros en Chile, la ley que rige actualmente es de 1975. El Gobierno se comprometió a enviar un proyecto de ley durante este año, pero cada vez esa opción se aleja más. Esto debido a que el escenario de estrechez fiscal le impediría al Gobierno crear una nueva institucionalidad de migraciones. (Ver nota relacionada).

Desde el Congreso, la diputada por Antofagasta, Paulina Núñez (RN), ha sido una de las principales impulsoras de un cambio en la ley, e incluso presentó una propuesta al ministro del Interior, Mario Fernández, para implementar de manera gradual el Servicio Nacional de Migrantes y con ello evitar un desembolso mayor de recursos. Sin embargo, no hay respuesta de parte del Ejecutivo. Por esta razón, Núñez afirmó que esta semana solicitará a la mesa de la Cámara citar a una sesión especial para que el titular de Interior asista a explicar las razones de las sucesivas postergaciones. “El Gobierno ha hecho caso omiso ante las reiteradas solicitudes que hemos hecho para que de una vez por todas envíe el proyecto de ley, y sólo ha pretendido regular las migraciones a través de normativas y reglamentos, pero eso no soluciona el problema de la creciente llegada de inmigrantes al país”, puntualizó Núñez.

Para la legisladora, “con estas cifras de inmigrantes, al Gobierno no le queda más que ingresar a la brevedad un proyecto que es urgente y necesario para dar respuesta a esta ola migratoria ya que se necesita tener una migración segura tanto para los inmigrantes como para los chilenos”.

En la Comisión de Defensa el tema de una nueva ley ha sido tratado en varias sesiones y, por ello, para el presidente de dicha instancia, Baldo Prokurica (RN), “el Gobierno no está haciendo nada, y lamentablemente este será un problema que nos estallará en la cara. No hay una institucionalidad que pueda recibir a la cantidad de extranjeros que están llegando a Chile”. Para el parlam,entario, el país “tiene que tener una política de migración activa y acorde a los tiempos, y similar a la que tienen países como Australia y Nueva Zelanda, donde se selecciona a trabajadores que el país necesita”.

Gustavo Rayo, académico del centro de Migración de la Universidad de Talca, subrayó que “existe la necesidad de una norma que esté acorde a los tiempos actuales, porque la actual norma se caracteriza por ser eminentemente restrictiva”.

En ese sentido, para Rayo el Ejecutivo ha ido avanzando en entrega de derechos sociales a los inmigrantes a través de instructivos presidenciales, como el de noviembre de 2015. “Se estableció una serie de criterios y orientaciones de servicios públicos en materia migratoria para reconocer los derechos de las personas extranjeras y de esa manera gradual y progresiva materializar los derechos económicos y sociales, tanto en el ámbito de la salud, educacional, previsión social, Vivienda, entre otros.

Presupuesto para Departamento de Migraciones y Extranjería crece 1%

El presupuesto 2017 para el Departamento de Extranjería y Migraciones subió sólo 1%, pasando de $2.676 millones a $2.784 millones. De esta manera queda descartando cualquier mejoría o avance en la creación del Servicio Nacional de Migraciones, considerando que el costo total de esta nueva institucionalidad llega a los $ 4 mil millones.

Este monto era elevado para el Ejecutivo, considerando el escenario de estrechez fiscal por el que atraviesa el país, y por ende, un grupo transversal de parlamentarios, principalmente de la zona norte del país, encabezados Paulina Núñez (RN), y seguido por Claudio Arriagada (DC), Hugo Gutiérrez (PC), Marcela Hernando (PRSD), Renzo Trisotti (UDI) se reunieron con el ministro del Interior, Mario Fernández, para plantearle una alternativa, la cual consiste en implementar de manera gradual la nueva institucionalidad, partiendo por las regiones del norte del país. De acuerdo a la diputada Paulina Núñez (RN), “más allá del presupuesto puntual para este año, lo importante es que el Gobierno envíe a la brevedad el proyecto de ley, es lo que le pedimos al ministro Fernández para que el Congreso pueda discutir cuál es la mejor forma de avanzar con la institucionalidad, considerando el escenario de estrechez fiscal”.

En esa misma línea, la legisladora precisó que “el tema de la falta de recursos es una excusa, porque para ingresar el proyecto a discusión no se necesita tener los recursos listos, se necesita que el Ejecutivo tenga la voluntad de comenzar a debatir y a través del trabajo legislativo llegar a una fórmula de implementación”. En este aspecto, dice la diputada, cobra relevancia la idea de una implementación gradual del Servicio Nacional de Migraciones.