“Esto es una cultura de la evasión… es una máquina para defraudar al fisco”. Con estas palabras, el fiscal Carlos Gajardo terminó ayer su presentación en la audiencia de formalización de los 10 imputados hasta ahora por el Caso Penta, instancia en la que, en medio de una alta expectación, se solicitaron medidas cautelares respecto de los controladores del grupo y sus ejecutivos.

“Hacemos solicitud de medida cautelar respecto de los imputados Carlos Eugenio Lavin García-Huidobro y Carlos Alberto Délano Abbot, solicitamos respecto de ellos la medida de prisión cautelar preventiva”, pidió Gajardo al juez Juan Manuel Escobar, sorprendiendo a muchos en la audiencia y llevando a los imputados al peor escenario.

“Los antecedentes que se han presentado son de extrema gravedad, aquí hay un peligro para la sociedad”, dijo Gajardo en relación a Lavín y Délano, y agregó que “son más de mil las boletas y facturas falsas”, y que “estas acciones exceden los cinco años y un día. Lo que ha habido acá, su señoría, es una cultura de la evasión en este grupo económico y desde el más alto ejecutivo, desde su controlador, hasta el último junior, todos daban boletas falsas. Una cultura de la evasión. Lo que se ha constituido el Grupo Penta es una máquina para defraudar al fisco”. Estas frases fueron contestadas por Carlos Eugenio Lavín quien sostuvo que “no conoce Penta el fiscal (Carlos Gajardo). Se formó una novela propia que no corresponde a la realidad”. Y añadió: “Para ser un defraudador profesional yo creo que he sido un empresario bastante notable, modestia aparte, entonces oír este tipo de cosas es algo realmente desagradable, fuera de lugar. Nos presenta como una mafia, como si nosotros fuéramos Al Capone o algo parecido y es lamentable escuchar eso”.

Según el fiscal Gajardo, la serie de irregularidades tributarias detectadas en el caso FUT “jamás fueron detectadas por el SII porque las personas que debían detectar esos fraudes estaban al servicio de empresas Penta”, detallando que el descubrimiento de las boletas relacionadas a familiares de los ejecutivos de las empresas permitió dar un paso adicional e “incautar los computadores personales de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín”, elemento que les permitió avanzar en la arista de financiamiento de la política.

“Quien decide efectuar estos aportes o recibir estas facturas es el señor Carlos Alberto Délano”, señaló el fiscal en relación a la arista y explicó que el almuerzo sostenido entre Andrés Velasco con los controladores de Penta tiene la particularidad que la factura  fue revelada por Marcos Castro y no por Hugo Bravo.

Respecto de los forward empleados para reducir la carga tributaria, indicó que “hay bonos que se pagan de esta manera a ejecutivos del Banco Penta” y dice que este tipo de operaciones no están relacionadas solamente a Hugo Bravo.

“Fiscalía tiene en carpeta contratos forward por más de $3.000 millones de fraude”, apuntó, agregando que hasta la fecha han sido detectados 102 forwards entre Penta y Empresas CB.

En el marco de su presentación, el fiscal Gajardo también solicitó arresto domiciliario total y arraigo respecto de Hugo Bravo y Marcos Castro, en tanto para el ex funcionario del SII, Iván Álvarez, prisión preventiva aludiendo además a que ya cumple esta cautelar en el marco del caso FUT.

Por su parte, el fiscal Emiliano Arias solicitó para Samuel Irarrázaval y Carlos Bombal una firma semanal en dependencia de Carabineros de Chile y el arraigo nacional, en tanto para Manuel Antonio Tocornal, imputado en tres grupos de hechos por su calidad de gerente corporativo, la cautelar de arresto domiciliario total.

El embate matinal de Sabas Chahuán

Sabas Chahuán dejó en claro que sus casi 8 años en la Fiscalía Nacional no han mellado su experiencia en el estrado. El primer titular del Ministerio Público en litigar en 15 años de historia de la nueva justicia penal, realizó un extenso recuento de los delitos vinculados a los imputados en el Caso Penta.

Sin embargo, su exposición comenzó con casi una hora de retraso y con una petición de último minuto realizada por la defensa de Lavin y Délano. Ésta tenía relación con las dos últimas querellas presentadas la tarde de ayer por la “Fundación Ciudadano Inteligente” y por el Consejo de Defensa del Estado.

Estas dos acciones legales fueron consideradas por Julián López, abogado de los controladores de Penta, como un antecedente no conocido que podría afectar los derechos de sus defendidos. No obstante, la solicitud fue desestimada por el juez del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

Chahuán realizó una división de los distintos delitos. En cuanto a los relacionados a cohecho y soborno, el Fiscal expuso que Marcos Castro, Iván Álvarez y Hugo Bravo a cambio de pagos lograban devoluciones ilícitas de impuestos. “Martínez aceptó recibir de parte de Hugo Bravo, directamente o a través de Jorge Valdivia, diversas cantidades de dinero, a cambio de realizar actos con infracción a los deberes propios de su cargo de fiscalizador del SII”, apuntó Chahúan.

Luego agregó que Alvarez incorporó datos falsos a declaraciones de impuestos de sociedades de Hugo Bravo (Challico y Santa Sarella), que le permitieron simular situaciones y lograr devolución indebida que generó un perjuicio fiscal de $217 millones por los cuales Álvarez recibió $ 70 millones que compartió con Valdivia.

Luego el sistema lo comenzaron a aplicar en las empresas del holding Penta, mientras Alvarez comenzó a encargarse de las declaraciones de familiares de los controladores de Penta.

“Iván Álvarez tenía doble militancia: trabajaba para el SII, atendía público, fiscalizaba y al mismo tiempo trabajaba para Penta”, expuso.

En una segunda tanda, el Fiscal Nacional se refirió a la vinculación entre Juan Martínez y Hugo Bravo, a quienes se le imputan delitos de cohecho activo y soborno activo y reiterado.

Los dardos a Wagner

Otro capitulo estuvo dedicado al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner. Al ex subsecretario se le investiga por cohecho y lavado de dinero. Según la investigación él recibió pagos mientras se desempeñaba en el gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera, mediante pagos con boletas emitidas a la Universidad del Desarrollo y mediante boletas de su cuñada, María Carolina de la Cerda por asesorías que no fueron realizadas, que se tradujeron en 14 depósitos que suman $42 millones.

“Durante el período señalado, Wagner desarrolló acciones propias de su cargo mediante las cuales favoreció los intereses de los imputados Carlos Délano y Carlos Lavín, y sus empresas relacionadas”, dijo Chahuán.

La fiscalía terminaría su exposición hoy solicitando prisión preventiva contra el ex subsecretario de minería, Pablo Wagner, esto ante las imputaciones de cohecho y soborno.

En esa línea, las peticiones de la fiscalía serían apoyadas por el Consejo de Defensa del Estado.