El ex fiscal del Ministerio Público, Alejandro Peña, entró de lleno al Caso Serrano, que hace cinco años implicó el cierre de la corredora de bolsa Raimundo Serrano McAuliffe tras la comprobación por parte de la SVS de varios delitos contra el mercado de valores, entre ellos el uso indebido de custodias.

El abogado -que entre 2010 y 2011 fue el fiscal del bullado Caso Bombas- asumió la defensa de Tomás Serrano, ex gerente general de la corredora, y Jorge Fuenzalida, ex director de la misma.

En tanto, para ayer estaba programada la audiencia  de preparación para el juicio oral en el Centro de Justicia -pendiente desde agosto pasado cuando también fue suspendida- y que involucra a Serrano, Fuenzalida, Ernesto de Val y Cristián Zúñiga. Sin embargo, a petición de los acusados ésta sufrió una nueva postergación, esta vez hasta mayo de 2014. De manera coincidente, en ese mes se cumplen cinco años desde el inicio del caso.

La única condena hasta ahora -decretada en agosto del año pasado- fue contra el ex jefe del Departamento de control y análisis de la intermediaria, Luis Núñez, quien afronta una pena de tres años de presidio remitido tras acogerse a un juicio abreviado, lo que suponía un beneficio. Esto, por haber entregado reiteradamente información maliciosamente falsa a la SVS.

Pena de 15 años. De los cinco imputados por la Fiscalía Centro Norte, Serrano es quien enfrenta la pena más alta, ya que se está pidiendo 15 años de presidio por los delitos de uso indebido de custodias y reiterada entrega de información maliciosamente falsa a la SVS, además de estafa y apropiación indebida.

Para Jorge Fuenzalida y el también director  Ernesto De Val se pidieron 11 años de presidio por los delitos de uso indebido de custodia y estafa. Para el ex gerente de finanzas, Cristián Zúñiga, las penas son de hasta nueve años.

En 2011, la SVS aplicó multas por US$1,8 millones a los involucrados, tras dos años de investigación. Además, revocó la autorización de la corredora para volver a operar en el mercado, siendo ésta la máxima pena en contra de una intermediaria de valores