Es el nuevo foco de la Fiscalía Nacional Económica, y ya apuntó a una de las grandes. Se trata de CCU, ligada a la familia Luksic, que durante los últimos años ha inscrito una serie de marcas -según el ente antimonopolio- impidiendo la comercialización de ciertas cervezas en el país, bloqueando el ingreso de mayor competencia.

El hecho quedó al descubierto luego que la FNE presentara un requerimiento en el que por primera vez no solicitó al Tribunal de la Competencia una multa monetaria. Esta vez, dicen al interior de la entidad, se busca establecer un precedente. Ir más allá de la sanción.

En términos sencillos: cuánto cuesta mantener la marca de mi eventual competencia bajo las actuales reglas de propiedad industrial.

El objetivo de la fiscalía es sentar un precedente en medio de un proceso de cambios, pues una nueva Ley de Propiedad Intelectual que está en el Congreso pondría coto a las falencias.

CCU -líder del mercado con marcas como Cristal y Escudo- fue acusada de mantener registros marcarios que corresponden a marcas comercializadas por competidores actuales o potenciales, generalmente en territorio extranjero, sin comercializar productos asociados a los mismos. La FNE pone como ejemplo que CCU tiene registradas en Chile las marcas Águila, que en Colombia el titular es Bavaria SA; Andes, que en Argentina maneja Quilmes, y Victoria, que en México la opera el grupo Modelo y en España el grupo Damm.

La fiscalía no cuantificó las potenciales pérdidas que significa el actuar de CCU para sus competidoras. De esta forma, explica una fuente del organismo, lleva adelante un ahorro de recursos humanos. Por su parte, las empresas afectadas, como Bavaria, están analizando acciones y cuantificando el impacto resultado de la estrategias de CCU

Lo que más llamó la atención a la fiscalía es la facilidad con que CCU obtuvo las licencias de las marcas.

"La Fiscalía Nacional Económica ha solicitado al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que ordene a CCU a poner término, en el más breve plazo, a los registros marcarios, actualmente inscritos en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), y que corresponden a los involucrados en las prácticas anticompetitivas", precisa el requerimiento.

FALENCIAS NORMATIVAS

En Chile, registrar una marca en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) cuesta alrededor de $240 mil, la que puede ser renovable cada 10 años.

El uso de la marca no es cuestionada por el actual sistema normativo y, por lo mismo, un proyecto de ley promovido por el Ejecutivo vendría a saldar las falencias.

De hecho, el proyecto ingresado en abril de este año y que se encuentra en primer  trámite legislativo, introduce la figura de caducidad.

La idea es que si una persona natural o jurídica inscribe una marca y no demuestra un uso en un plazo de cinco años la pierde.

La nueva ley reemplazará la publicación en el Diario Oficial por la publicación gratuita en la Gaceta de Propiedad Industrial, que será administrada por el Inapi. Además, actualmente el registro de los signos distintivos está afecto a una tasa de 3 UTM por clase, valor que con la nueva ley se reduce a 1 UTM si la solicitud se presenta electrónicamente.

El proyecto le otorga a Inapi la calificación para resolver si las demoras en su gestión registradora han sido o no injustificadas.

Con la nueva ley, los diseñadores podrán proteger sus creaciones con trámites más sencillos que una marca o patente (hoy deben seguir los trámites de una patente), reduciendo el tiempo de tramitación desde cerca de tres años a solo tres meses.

Maximiliano Santa Cruz Casos como el de CCU "no deberían ocurrir"

Si bien el director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), Maximiliano Santa Cruz, admite falencias en el registro de marcas, asegura que no todas las que se registran y no se usan son para fines anticompetitivos. No obstante, destaca que el proyecto de ley que está en el Congreso podría evitar que casos como el denunciado por la Fiscalía Económica contra CCU no se produzcan.


¿Es cierto que Chile es el país que más marcas registra en Lationoamerica?

-Efectivamente. Chile tiene un número bastante robusto e intensivo en solicitudes de marcas. En los últimos cinco años se han solicitado 240 mil marcas y de éstas dos tercios son solicitudes de marcas nuevas y un tercio son renovaciones. Una marca se solicita por 10 años y se puede renovar indefinidamente.

¿A su juicio, cuáles son las falencias de la actual legislación?

-Chile es de los pocos países del mundo donde se puede registrar una marca y no es requisito usarla. Este registro que no se usa normalmente es un registro de buena fe.

Ahora, es conocido en el mundo que muchas veces se registran marcas con fines anticompetitivos.

 ¿Cuán fácil resulta obtener una marca bajo este sistema?

-Se paga 3 UTM ($121 mil) al momento de hacer la solicitud de la marca; se concede y se pagan 2 UTM ($81 mil) más. Además, se tiene que hacer una publicación en el Diario Oficial, que vale $40.000.

¿Estas facilidades han llevado a que se cree un mercado negro de marcas?

-No. No tiene nada que ver. En todos los sistemas de marcas del mundo cualquier persona puede solicitar una marca. Una persona que quiere formar una empresa solicita una marca y muchas de esas peticiones se rechazan, porque no deberían constituirse en marcas por distintas razones. Pero esas fallas ocurren. Hay una serie de controles para evitar que se registren marcas indebidamente.

Lo que busca el proyecto de ley que está en el Congreso es evitar que se registren marcas y no se usen. Es importante entender que no todos los registros de marcas que no se usan son anticompetitivos.

¿Casos como el denunciado por la FNE en contra de CCU no ocurrirían con el cambio en la ley?

-Lo que debería ocurrir es que con la ley del futuro llegue la cerveza colombiana y diga: 'Mire, este señor no está usando la marca y, por lo tanto, que caduque'.