Las filtraciones en la agencia de gestión personal del gobierno estadounidense, con las sospechas centrándose en China, involucraron a millones más de personas que lo estimado previamente, dijeron ayer fuentes oficiales de EEUU.

La Oficina de Administración Personal (OPM, su sigla en inglés) dijo que los datos robados incluían números de Seguridad Social y otra información sensible de 21,5 millones de personas que han pasado por registros de antecedentes para obtener certificados de seguridad social.

Esto se suma a los datos de cerca de 4,2 millones de trabajadores y ex trabajadores federales que fueron robados en lo que la OPM llamó un incidente de hackeo “separado pero relacionado”. Dado que muchas personas se vieron afectadas en ambos episodios, un total de 22,1 millones de personas se vieron afectadas, o casi 7% de la población.

Las personas expuestas incluyeron 19,7 millones que postularon para estos certificados, más 1,8 millones de no postulantes, principalmente cónyuges o cohabitantes de los postulantes, dijo la agencia. La brecha de seguridad ya ha sido considerada una de las más perjudiciales en la historia debido a su escala y, más importante, por la sensibilidad del material robado.

Estados Unidos ha identificado a China como el principal sospechoso del masivo hackeo de la agencia de gobierno estadounidense, algo que el Ministerio de Relaciones Exteriores chino calificó como algo ilógico.

Consultado durante una conferencia con periodistas ayer sobre si China era responsable, el funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Michael Daniel, dijo “no estamos realmente preparados para comentar en este momento sobre la atribución detrás de este evento”.

Daniel, asistente especial del presidente y coordinador de ciberseguridad del Consejo Nacional de Seguridad, dijo que “en este punto la investigación sobre la atribución de este evento, todavía se está desarrollando y estamos explorando todas las distintas opciones que tenemos”.

Los incidentes han enfurecido a algunos miembros del Congreso y han preocupado a los millones de estadounidenses afectados desde que se revelaron el mes pasado. Algunos legisladores han llamado a la renuncia de Katherine Archuleta, directora de la OPM.

No hay renuncia

Archuleta dijo que ni ella ni la directora de información de la OPM, Donna Seymour, renunciarían. “Estoy comprometida con el trabajo que hago en la OPM”, dijo Archuleta a reporteros. “Confío en el equipo que trabaja acá”, agregó.

La OPM dijo en un comunicado que su investigación no había dado información por el momento que pudiera sugerir cualquier mal uso o diseminación adicional de la información robada de sus sistemas.

El organismo dijo que algunos registros incluían algunas entrevistas realizadas por investigadores de antecedentes y cerca de 1,1 millones incluían huellas dactilares.

Los registros de investigación de background contenían cierta información sobre salud mental e historial financiero entregado por los postulantes a certificados de seguridad social y otros contactados durante sus investigaciones. La OPM dijo que no había evidencia de sistemas separados que almacenaran información sobre salud, registros financieros, o de jubilación de trabajadores federales.

Los números de Seguridad Social son sólo la punta del iceberg. La información crítica, que no estaba encriptada, involucra un resumen detallado de la vida personal de cerca de 90% de los postulantes a los certificados de seguridad social, excepto la mayoría de los agentes encubiertos de la CIA.

Eso incluye uso de drogas,  historial romántico y amigos extranjeros en el caso de los funcionarios militares, registros sensibles del Departamento de Estado, entre muchos otros, esencialmente una hoja de ruta de que estas debilidades podrían ser usadas  para el chantaje por parte de una potencia extranjera.