Que todo tiempo pasado fue mejor, no es un hecho para el gobierno y menos al mirar el sistema de pesiones. En las últimas semanas, La Moneda ha defendido con fuerza el actual sistema de AFP que rige desde 1981, y que ha sido el blanco de las críticas opositoras.

Los dardos apuntan a que el sistema de cotización individual no logra los retornos que prometió y a sus volátiles rentabilidades en períodos de crisis. La semana pasada los cuestionamientos se plasmaron en el Congreso y la Concertación apeló por una AFP estatal, o una mayor participación del Estado añorando el viejo sistema de reparto.

La defensa del gobierno tuvo cuatro aristas: la positiva rentabilidad del sistema en sus 30 años; la falta de información de los cotizantes; mayor competencia entre los  actores y la comparación del antiguo sistema de pensiones con las AFP.

"El sistema nuevo da mejores pensiones que el sistema antiguo", afirmó la ministra  del Trabajo, Evelyn Matthei, durante la sesión especial que se realizó en el Senado.

Según los datos del Ministerio del Trabajo, en Chile hay 1.626.000 pensionados mayores de 65 años, de los cuales 525 mil permanecen en el antiguo sistema, que es administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS, ex INP). El problema, según el Ejecutivo, es que el 53,5% de ellos necesitan del Aporte Previsional Solidario (APS) que aumenta sus pensiones mensuales, pese a que estos trabajadores cotizaron un porcentaje mayor (entre 18,6% y 23,2% según los datos de la autoridad), que quienes imponen en  las AFP (un máximo de 13,85%).

Incluso, el gobierno afirmó que si la cantidad de dinero invertida por los jubilados del antiguo sistema hubiese sido invertido por las administradoras privadas, hoy tendrían una mejor jubilación  que la de sus pares (Ver gráfico).

En esa línea, el subsecretario de Previsión Social, Augusto Iglesias, señaló que "no hay ninguna duda de que el sistema de AFP es mejor que el antiguo" y explicó que "las sucesivas reformas al sistema de pensiones, desde el año 80, han servido para construir un sistema de pensiones más firme, más sustentable en el tiempo, más justo".

COMPARACION
Pese a compartir la tesis gubernamental, la investigadora de LyD, Cecilia Cifuentes, aseguró que la comparación realizada por el gobierno no es justa. "Por definición, un sistema de reparto, como el que se terminó, tiene que tener implícito un financiamiento estatal, no queda otra alternativa, es una comparación que no es válida", afirmó la economista, quien aseguró que la comparación válida es preguntarse, cómo estaríamos con un sistema de reparto ahora,  "tendríamos el mismo problema que vive hoy Europa".

Comparación que también fue criticada por Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol, quien al igual que Cifuentes, aseguró que el sistema antiguo tenía otro esquema, que hace  imposible su comparación y que de por sí dependía de la ayuda Estatal. "Tomando los números que dio el gobierno, lo que hay que preguntarse es por qué un sistema de capitalización individual, como las AFP, requieren de un aporte estatal, ya que se supone que el aporte y cotizaciones de cada persona se debería obtener una remuneración cercana al último sueldo que obtuvieron", concluyó el analista.