Critica es la visión del abogado Juan Esteban Puga, socio del bufete Puga Ortiz sobre la nueva Ley de Quiebras tras un año de implementación. Diagnóstico no menor tomando en cuenta que el profesional participó en la comisión impulsada por la Presidenta Michelle Bachelet durante su primera administración con el fin de reformar esta legislación. Puga recuerda que el trabajo de la  instancia quedó en ‘pañales’, ya  que detuvo su plan de acción al descubrir  que el Gobierno de Sebastián Piñera impulsaba una instancia paralela. “Lamentablemente, nuestro proyecto se entregó, contra mi opinión, de forma bastante incipiente”, admite. El abogado cuenta que estuvo un año fuera de Chile y a la vuelta se le pidió una opinión sobre el proyecto que actualmente es Ley:  “Lo entregué y sé que no cayó bien”, asegura.

¿Cómo ha funcionado la nueva Ley  y cuál es a su juicio su principal problema?

Esencialmente hay un problema de diagnóstico que vio nacer esta Ley. La Ley fue inspirada fundamentalmente por la noción de que en Chile los procedimientos concursables eran muy lentos, con niveles de recuperación muy bajos y muy costosos. Mientras que nuestro diagnóstico indicaba que no era que el procedimiento concursal fuera malo, sino que no se usaba.

Y ante esa diferencia, ¿cómo era su propuesta?

Pensábamos hacer los procedimientos concursables más amistosos, o sea, generar incentivos para que los deudores acudieran a éste. En ese sentido, que la liquidación de empresas no significara una destrucción, sino que se pudiera vender, muchas veces esa es una forma de salvarlas. Por otro lado, que la reorganización de las empresas significara reorganizar la administración que el deudor realiza y pensábamos hacer el procedimiento concursal técnicamente más valioso, que no incluyera solo a abogados, sino que también interviniera gente con conocimiento en administración. También proponíamos privatizar el procedimiento concursal, es decir, que pasara a la revisión de un árbitro. Uno de los elementos importantes de nuestro proyecto era descargar al Estado de los costos de un procedimiento  de uso más masivo y para ello abogábamos por un sistema de arbitraje donde el costo lo solventaran los acreedores, que fuera un procedimiento más liviano desde el punto de vista de la billetera fiscal.

¿Cuál es su crítica  de fondo al sistema que quedó?

Mi crítica fundamental es que esta ley está inspirada por principios muy añejos, que van a perjudicar el mercado del crédito, cuando una Ley de Quiebras debería, justamente, estar pensada como un resorte más del sistema crediticio. Esta ley cayó en la trampa respecto de que era mejor reorganizar empresas que liquidarlas y, en consecuencia, es una ley que está obsesivamente inclinada a rescatar a las empresas insolventes y ese costo lo pagan los acreedores. La estadística mundial indica que sólo una de cada diez empresas se reorganiza exitosamente y como la Ley favorece mucho eso, la banca ha empezado a tomar actitudes muy distintas, porque se perjudicaron mucho, contrariamente a lo que se dijo, las garantías típicamente bancarias.

¿Qué impacto ha tenido?

El problema es que cuando se  pierden las garantías aumenta el riesgo y, por ende, el costo. De hecho, varios bancos han pensado desbancarizar a muchos deudores.

¿Cómo se debería proceder en el caso de insolvencia personal?

Se podría seguir el ejemplo de EEUU donde esos procedimientos son muy distintos. Siempre un juez debe dar la aprobación para la condonación, porque estos procedimientos están pensados para que se venda lo que el deudor tiene, se pague a los acreedores y se le perdone el saldo que no pudo pagar; o bien generar un programa de pago  asociado a su nivel de gastos y de ingresos, sobre cuánto de la deuda puede pagar en un plazo de 3 a 5 años y se le perdone el saldo, pero a condición de que cumpla el plan. Además, el juez tiene facultades para detener esa aprobación si estima que hay un abuso o un fraude en el procedimiento, y son muchas las obligaciones que no pueden ser condonadas. En Chile, la Ley no hizo ninguna distinción al respecto y opera además, en forma automática; sin contar que si bien una persona no puede usar el procedimiento de renegociación siempre, sino cada 5 años, se les olvidó precisarlo también en casos de liquidación.

¿Y en el caso de las empresas?

En materia de las empresas, la Ley está llena de trampas pensadas en beneficio del deudor en los procedimientos de reorganización; y del acreedor en los procedimientos de liquidación, porque resulta bastante fácil pedir este tipo de procesos. Esto se presta para ser un poderoso instrumento de presión a una empresa deudora no insolvente, porque basta un documento para pedirle la quiebra, ante lo cual  tiene muy poca capacidad de defensa. Y eso se va a prestar para abusos. Pero también la empresa deudora, cuando es notificada de un procedimiento concursal de liquidación forzosa, puede decir que se va a someter a un procedimiento de reorganización, pero nadie entiende el alcance de esa norma porque claramente  se refiere a una excepción para parar el procedimiento de liquidación.  La Ley no fija plazos, ni las condiciones para acogerse a este proceso, lo que se presta también para abusos. Además, como hoy existe la extinción pronta de las obligaciones, muchas veces el deudor corre a pedir la quiebra, porque tiene avales personales y garantías hipotecarias externas.

Desde esa perspectiva, ¿esta Ley ha cumplido las expectativas planteadas? 

Me llama la atención lo distinto que fue el pronóstico a lo que fue la realidad. El ex subsecretario de Economía, Tomás Flores, dijo que Chile aprobando esta ley iba a subir del puesto 39 al 34 de competitividad y Chile hoy día está en el puesto 41. Lo otro que se preveía para 2015 es que los casos de personas deudoras iban a llegar  a 17 mil y no pasó eso (se han registrado a a agosto 2.200 casos) .

¿Qué se debería hacer entonces? 

La ley tiene errores muy gruesos, pero podrían ser fácilmente corregibles si hubiese voluntad política.  A muchas leyes después se les ajusta con una ley corta. Creo que el mejor pulso para ver cómo está funcionando el sistema es consultar a los bancos y retail, que son los principales acreedores, y su  evaluación es mala.