LIQUIDACIÓN DE impuestos retroactivos de hasta tres años atrás, varios juicios ante los Tribunales Tributarios, otras tantas alegaciones ante la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, y una situación de incertidumbre desde 2011.

Ese es el escenario en el que los afiliados en las más de 2.500 cooperativas vigentes -según el registro del Departamento de Cooperativas dependientes del Ministerio de Economía- vive desde hace 2 años, cuando el Servicio de Impuestos Internos (SII) por medio del oficio n° 1397, señaló que no toda distribución de excedentes entre una cooperativa y sus socios se encuentra marginada de la tributación del impuesto a la renta, tal como tradicionalmente se tenía entendido entre los cooperados.

La historia del polémico oficio se inició en una consulta al SII  respecto la obligación de los socios de una cooperativa agrícola y lechera, de declarar renta efectiva a partir de los excedentes de sus operaciones. La respuesta del SII en ese sentido fue tajante: "No toda distribución de excedentes realizada entre una cooperativa y sus socios, se encuentra marginada de la tributación establecida en la LIR (Ley de Impuesto a la Renta)".

Bajo esa lógica, el SII despeja varias situaciones: cuando los remanentes se generen de operaciones habituales realizadas entre la cooperativa y sus socios ya sean con contabilidad completa, éstos tributan según la Ley de la Renta; si llevan renta presunta, no deberán declararla por separado salvo los Pagos Provisionales Mensuales (PPM); mientras que si se trata de remanentes generados de operaciones con terceros que no sean socios, éstos deberán pagar impuesto a la renta. 

Estas reglas de tributación, señala el SII, no se ven alteradas por la exención del 50% de todas las contribuciones, impuestos, tasas y gravámenes dispuestas en la Ley de Cooperativas.

De allí en más, el SII inició un intenso proceso de fiscalización y liquidación de impuestos atrasados  hasta de 3 ejercicios atrás -partiendo con las entidades agrícolas y lecheras-, lo que provocó un fuerte rechazo de los cooperados que se apoyan en los artículos 51 y 52 de la ley de cooperativas (ver recuadro) y abrió una batalla judicial que a dos años del oficio, sigue en pleno desarrollo.

Los argumentos

Según el abogado Juan Manuel Baraona, del Estudio Baraona, quien representa a varios de los cooperados que están en juicio contra el Servicio de Impuestos Internos, "la propia ley dice que las cooperativas no pagan impuesto por las operaciones con los cooperados, entonces se produce el absurdo de que la ley está diciendo que la cooperativa no paga impuesto y que pagan los cooperados. Es decir, lo que escribe con una mano lo está deshaciendo con la otra".

Agrega que "si una empresa recibe dividendos de una sociedad, ese dividendo también está exento porque se rebaja después: ese es el error del Servicio, que no considera que los ingresos que corresponden a rentas exentas se rebajan y sostiene que por el hecho de considerarse ingresos tienen que pagar".

Otro de los abogados que lleva causas de cooperados, Alexander Letonja, del estudio Cabello, Letonja y Cía, apunta a lo inorgánico de la normativa de cooperativas.

A su juicio, se trata de un cambio en el criterio de fiscalización del SII, sin embargo, "la normativa que rige a las cooperativas es antigua, inorgánica y es interpretable: por eso se produce el conflicto porque hay normas que son discutibles".

Letonja plantea que es relevante despejar si se trata de un cambio de criterio o bien un cambio en la fiscalización, ya que esto acota la retroactividad del cobro.  "Si es un cambio oficial de críterio, debe regir sólo desde que es oficial", dice.

Por parte de los cooperados la inquietud es mayor.

Si bien no les ha tocado aún una fiscalización, el gerente general de Capel, Roberto Salinas, plantea que "es una locura la interpretación de SII, que es un cambio completo y total a una institución como las cooperativas que han estado presente por tantos años en Chile y que ha costado tanto mantenerla funcionando".

Bajo esa lógica, emplaza directamente al gobierno a pronunciarse respecto del accionar del SII. "El gobierno lo que está haciendo a través de SII es mandar una señal, de que no quiere cooperativas. Nosotros desearíamos que ellos tuviesen alguna intervención en términos de poder precisarle a SII cuál es la normativa legal vigente o precisar a nosotros, las cooperativas, que han cambiado de opinió", planteó.

Por el momento, según fuentes del sector, se sigue tributando bajo el criterio habitual a la espera de lograr algún acuerdo con el SII, ya sea con la derogación de la normativa o algún ajuste legal que aclare el criterio de tributación.