Tal como lo había comprometido, el gobierno anunció esta semana que el borrador del proyecto de reforma tributaria será visado por la Presidenta Michelle Bachelet la segunda quincena de marzo y posteriormente será enviado al Congreso para una rápida tramitación. El Ejecutivo ha puesto una fecha concreta y postula que cumplirá con lo anunciado en esta materia en el programa sin más dilaciones, donde la posibilidad de dialogar con los sectores empresariales sobre este proyecto en particular quedó solo reducida a una visita protocolar de los principales gremios a las oficinas del Ministerio de Hacienda. Es sabido por las nuevas autoridades que la casi totalidad de las seis ramas que componen la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y esta misma organización trabajan aceleradamente en estudios técnicos para demostrar los efectos negativos de terminar con el FUT y el DL 600, principalmente. Si bien el Ejecutivo puede invocar la legitimidad del mandato y sus compromisos de campaña para avanzar rápido, sería conveniente y oportuno recordar que el ejercicio gubernamental también implica la articulación de intereses distintos. Resulta del todo positivo que el Ministerio de Hacienda escuche a estos sectores antes de despachar el proyecto a Valparaíso. Una aplanadora gubernamental y legislativa no es lo más recomendable en una materia tan sensible como los tributos, por más que las mayorías estén disponibles.