La forzada renuncia del ministro secretario general de la Presidencia, Jorge Insunza, le asestó un duro golpe al Gobierno, al nuevo gabinete (con menos de un mes en el cargo) y a la Presidenta Michelle Bachelet, de viaje por Europa. La salida del ahora ciudadano Insunza de La Moneda era lo que correspondía, tras confirmarse que mientras fue diputado y presidente de la comisión de Minería y Energía de la Cámara realizó trabajos remunerados para Antofagasta Minerals (AMSA), el brazo minero del grupo Luksic.

El ex ministro -al abandonar el cargo- emitió una declaración en la que intentó deslindar o al menos compartir su responsabilidad, apuntó a un supuesto cambio de estándar en la sociedad y disparó a sus adversarios políticos. Pero se equivoca Insunza: realizar trabajos para una minera (sea privada o estatal), siendo a la vez presidente de la comisión que legisla sobre ese sector no tiene presentación ni ahora ni antes, más allá de lo que diga la ley o denuncie la oposición. Hay una incompatibilidad grosera que la puede ver cualquier persona, pero que Insunza trata de tapar de manera errada.

Lamentablemente su accionar generará lo que siempre ocurre en estos casos: que un grupo de diputados presente un proyecto de ley para regular y prohibir todo tipo de actividades relacionadas con los servidores públicos. Situación que se ve agravada al dejar el proyecto navegar sin rumbo en la medida que el tema sale de la agenda o pierde interés.

Para ser justos, esta nueva crisis ministerial no es de total responsabilidad de Jorge Insunza. También lo es de quienes diseñaron reservadamente al extremo el nuevo gabinete, sin posibilidad de contrastar información ni verificar que los convocados a llegar a La Moneda podían asumir sin riesgo. A ello también se suma la reiterada y equivocada decisión de la Presidenta Bachelet (el Presidente Piñera también lo hizo) de ir a buscar ministros al Poder Legislativo, generando de paso y de manera colateral procesos de reemplazo poco democráticos para esos legisladores, que generan distorsiones y un efecto negativo en medio de un cambio de sistema electoral.

Este Gobierno debió tener funcionando hace tiempo un sistema eficaz y efectivo para evitar este tipo de desprolijidades que han redundado en errores reiterados en las nominaciones ministeriales o de alta dirección pública. Aunque no es responsabilidad directa de la mandataria controlar estos hechos, el efecto negativo de la falta de rigurosidad va directamente hacia ella y parece que nadie quiere asumir en La Moneda las consecuencias de este de tipo de situaciones.

El efecto positivo en lo político y económico que generó el cambio de gabinete se ha ido diluyendo poco a poco. El mensaje del 21 de Mayo en el Congreso Pleno no dejó contenta a la mayoría, según reflejaron las encuestas dadas a conocer días después, algunos editorialistas han criticado la falta de convicción del equipo económico para cambiar el rumbo y ahora se suma la crisis generada por Insunza, que aunque personal lleva al gabinete y a la Presidenta a una situación al menos muy incómoda.