Andes Iron interpuso un recurso de reclamación con el objeto de impugnar la decisión del Comité de Ministros de rechazar, en enero de 2025, el proyecto Dominga.

La acción fue presentada ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta y se suma al recurso de queja interpuesto el jueves ante la Corte Suprema, que tiene como fin revertir la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la mencionada comuna, en donde anuló el procedimiento de cumplimiento incidental seguido ante el Primer Tribunal Ambiental.

Con el recurso recientemente presentado, Andes Iron busca que se restablezca la legalidad del procedimiento y asegurar el cumplimiento de lo resuelto por instancias técnicas y judiciales competentes, cuyos fundamentos -dicen- permanecen plenamente vigentes.

“El Comité de Ministros no tiene competencias para reabrir materias que ya han sido evaluadas durante el proceso de calificación ambiental ni incorporar fundamentos que no formaban parte de las reclamaciones originalmente presentadas. Reintroducir nuevas causales como si se tratara de antecedentes nuevos representa una clara vulneración a principios elementales del derecho administrativo, tales como la congruencia, la seguridad jurídica y la prohibición de desviación de poder”, alegaron a través de un comunicado.

Siguiendo esa línea, afirmaron que el Primer Tribunal Ambiental, de diciembre de 2024, estableció parámetros claros respecto al alcance del nuevo pronunciamiento que debía emitir el Comité de Ministros, agregando que “dicho órgano no estaba habilitado para efectuar una revisión integral del proyecto, sino para resolver dentro de los límites fijados por la sentencia”.

Al mismo tiempo, destacaron que un Informe Consolidado de Evaluación respaldaría el proyecto al establecer que cumpliría con la normativa ambiental vigente y que las “instancias técnicas especializadas validaron sus medidas de mitigación, compensación y seguimiento”.

“La controversia actual no versa sobre la suficiencia de esos antecedentes, sino sobre la legalidad de un acto administrativo que pretende reconfigurar ex post el alcance del proceso de evaluación”, comentaron desde Andes Iron.

Por su parte, el gerente general de Andes Iron, Pedro Ducci, puntualizó que “la justicia ambiental ha determinado que el Comité de Ministros del actual gobierno ha emitido dos pronunciamientos abiertamente ilegales, por lo cual estamos confiados en que nuevamente las instancias técnicas respaldarán nuestro proyecto. Aquí no hay una nueva discusión técnica; lo que está en juego es algo más básico: que se respeten las reglas del juego”.

Paralelo a ello, desde la compañía apuntaron que la resolución sobre la cual se presentó el recurso de queja ante la Corte Suprema impide ejecutar una sentencia firme y ejecutoriada vinculada al proyecto “afectando la certeza jurídica y la correcta aplicación del derecho”.

Sobre aquello aseguraron que Dominga “no solicita privilegios ni excepciones, sino que se respeten las decisiones adoptadas por las autoridades técnicas y confirmadas por los tribunales”.

Lo anterior haciendo referencia a que el Informe Consolidado de Evaluación del proyecto concluyó que este cumpliría con la normativa ambiental vigente; que la sentencia del Primer Tribunal Ambiental, de diciembre de 2024, se resolvió dentro de sus competencias; y que la Corte Suprema, en septiembre de 2025, cerró dicho debate.

“Esos antecedentes permiten enfrentar estas instancias con plena confianza en la solidez técnica y jurídica del proyecto”, subrayaron.

Igualmente, manifestaron que antes de las últimas resoluciones, Dominga avanzaba en la obtención de permisos sectoriales necesarios para declarar el hito de construcción durante el primer semestre del año, lo que podría generar 30 mil puestos de trabajos entre empleos directos e indirectos; y cerca de 10 mil en operación.

Al cierre del comunicado, sostuvieron que el proyecto Dominga contempla una inversión superior a los US$ 2.500 millones, que operaría con agua de mar desalada y considera compartir dicho recurso con la comunidad, en una zona afectada por la sequía, además de contar con altos estándares ambientales y “un compromiso con La Higuera y la Región de Coquimbo”.

Cabe señalar que el proyecto pretende explotar hierro y cobre en la comuna de La Higuera; e incluye la construcción de una mina a rajo abierto, un puerto y una planta desalinizadora. La iniciativa ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones medioambientales, a raíz de su cercanía con la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.