Argentina aprueba impuesto a la riqueza ¿Cómo se diferencia del proyecto chileno?

La iniciativa aprobada en el país trasandino espera recaudar para el fisco casi la mitad de lo que proyectan los parlamentarios con el proyecto de acá. El impuesto en el país vecino parte desde 2% y sube a medida que aumenta el patrimonio. En Chile, en cambio, la propuesta es de 2,5% para quienes tengan bienes por US$22 millones o más.


Un impuesto extraordinario y por única vez “a los súper ricos” fue lo que aprobó la noche del viernes pasado Argentina con el objetivo de contener los efectos económicos de la pandemia en el país y financiar la lucha por el coronavirus.

La iniciativa llamada Aporte Solidario y Extraordinario, que fue impulsada por el oficialismo, fue aprobada luego de conseguir 42 votos a favor y 26 en contra en el Senado. ¿Cómo se diferencia del impuesto a la riqueza que se discute en Chile?

En Argentina, esta ley abarcaría a más de 12 mil personas que declararon un patrimonio mayor al equivalente a US$2,5 millones. En tanto, en Chile es para personas que detenten un patrimonio igual o superior a US$22 millones, y según la diputada Karol Cariola (PC) esto abarcaría a 1.900 personas que en conjunto suman un patrimonio de cerca de US$200 mil millones.

El impuesto que tendrán que pagar los de mayores ingresos en Argentina va desde el 2%, que es el mínimo y se aumenta progresivamente a medida que sube el patrimonio, hasta llegar a 3,5%, cuando la fortuna declarada supere los US$35 millones. En total, habría 380 personas con un patrimonio declarado de este último nivel en el país vecino, por lo que el dinero que pagarán al fisco representará el 55% del total recaudado por el nuevo tributo.

Pero esas tasas son para los bienes que están ubicados dentro del mismo país, ya que en caso de que se encuentren en el extranjero, los activos pagarían tasas más altas, que van desde 3% a 5,25%. Esto último, siempre y cuando no se repatrien al menos el 30% de los activos dentro de dos meses.

En Chile, en cambio, la propuesta es que este impuesto transitorio sea el equivalente al 2,5% del patrimonio de las personas más ricas del país.

Con todo, el gobierno del país transandino espera recaudar unos US$3.500 millones que prometió usar en planes productivos y sanitarios. En tanto, de acuerdo a la propuesta chilena, el establecimiento de este impuesto podría allegar recursos al fisco equivalentes a US$6.500 millones.

Según los parlamentarios que impulsan este proyecto, esa recaudación permitiría implementar políticas públicas de emergencia social y económica, tales como una Renta Básica de Emergencia, por sobre la línea de la pobreza ($369.205 para un grupo familiar de 3 personas. Casen, abril 2020), al menos al 80% de los hogares más vulnerables, por 3 meses, sin distinguir entre trabajadores formales e informales, lo que beneficiaría a cerca de 11 millones 500 mil personas.

Por otro lado, según la agencia de noticias AFP, en Argentina, el 20% del monto que se recaude será destinado para garantizar el abastecimiento de suministros médicos, 20% para socorrer a pymes, otro 20% para becas estudiantiles, 15% para desarrollos sociales y el 25% restante para proyectos de gas natural.

Si bien en Argentina el proyecto fue ingresado al Parlamento por el kirchnerismo, en Chile fue presentado por un grupo de diputados de oposición, entre los cuales están Gabriel Ascencio (DC); Karol Cariola (PC); Daniel Núñez (PC); Camila Vallejo (PC); Giorgio Jackson (RD); Luis Rocafull (PS); Alejandra Sepúlveda (Federación Regionalista Verde Social) Alexis Sepúlveda (PR); Raúl Soto (Independiente) y Esteban Velásquez (Federación Regionalista Verde Social).

La visión de los expertos

David Bradbury, jefe de política tributaria de la Ocde, ha dicho anteriormente que en 1999 eran 12 países los que tenían una política como esta, y actualmente son solo tres. Los países han abandonan esa política, porque no recaudaron mucho dinero. No siempre es claro por qué se da esa situación, pero piensan que en parte ocurre porque los contribuyentes evitan el pago del impuesto.

Entre los expertos tributaristas la opinión coincide en que técnicamente es complejo de aplicar un gravamen como el que se está planteando, principalmente porque los activos que componen los patrimonios pueden ser de diversas características y porque gran parte de los patrimonios se encuentran en activos líquidos, como inversiones financieras de renta pasiva.

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