Bonos verdes, el desafío de ser y parecer

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Bosques de Lenga. FOTO Alvaro Gutiérrez

Para resguardarse del llamado marketing verde o greenwashing, se han desarrollado instrumentos de verificación, como la opinión de una firma independiente sobre el bono verde.




Cuando quedan exactos 50 días para que en Santiago se inicien las actividades de la COP25, ya son varias las empresas locales que se están imponiendo metas concretas para hacerse cargo de sus emisiones al medioambiente. El aporte que cada actor puede hacer para detener el calentamiento global y vivir en un medioambiente más sustentable es un tema que, comprensiblemente, ha entrado con fuerza en la opinión pública, las autoridades y en la agenda empresarial, convirtiéndose en un factor crítico de cualquier empresa para su sostenibilidad futura.

Aunque con menos "ruido", el rubro financiero también cuenta con iniciativas que tienen como objetivo impulsar inversiones ESG (por sus siglas en inglés), con efectos positivos en medioambiente, social y gobierno corporativo.

Son los llamados bonos verdes. En simple, instrumentos financieros de renta fija que buscan financiar exclusivamente una parte o el total de una cartera de iniciativas con beneficios medioambientales.

Aunque se crearon en 2007, en 12 años el avance de este mercado a nivel global ha sido significativo: solo en 2018 implicó emisiones por US$ 170,9 billones, y en lo que va de 2019 se acumulan US$ 186,1 billones, según datos de Climate Bonds Initiative. Mientras, en los países emergentes se han acumulado emisiones por US$ 140 billones entre 2012 y 2018, según la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial.

Desde 2017, nuestro país participa activamente en este mercado. CMPC fue la primera compañía chilena en emitir un bono verde en el extranjero por US$ 500 millones a 10 años. La incursión de empresas locales en este rubro ha ido creciendo: entre 2018 y 2019 emitieron bonos verdes en el mercado local Aguas Andinas, Esval, Hortifrut, y CMPC, según datos de la Bolsa de Santiago. También se contabilizan emisiones de bonos verdes en el extranjero o de carácter privado: BCI, Banco de Chile y AES Gener. Todas estas emisiones de empresas chilenas o que operan en el país, totalizan cerca de US$ 1.300 millones en tres años.

El Estado no se ha quedado atrás, dando este año un paso que nos puso a la vanguardia a nivel regional. En junio, el gobierno de Chile realizó la primera emisión de bonos verdes soberanos de un país Latinoamericano, tras la selección de una cartera por US$ 4,4 mil millones de "gastos verdes": proyectos de transporte limpio, energía renovable, gestión del agua y edificios verdes. Se realizaron dos emisiones para apuntalar estos proyectos, una por US$ 1.418 millones y otra por 861 millones de euros, con un debut exitoso, pues alcanzaron una demanda récord de 12,8 veces el monto ofrecido para el caso del bono en dólares y de 4,7 veces para el instrumento en euros y logrando tasas mínimas históricas. ¿Cuál fue la clave? Tener una cartera atractiva y cuidadosamente seleccionada de proyectos, que sea auditable, y que efectivamente contribuya a reducir emisiones.

Para el éxito de este tipo de emisiones resulta crítica la selección de la cartera a financiar y también el plan de largo plazo de las empresas en materias ESG.

Como ejemplo, en la cartera de bonos verdes de Chile está la construcción de la línea 7 del Metro a 2026, la que evitará la emisión de 32,862 toneladas anuales de CO2 y 4,6 toneladas de material particulado (PM 2,5) por año. Por su parte, AES Gener acaba de emitir el primer bono híbrido verde de América que, entre otras iniciativas, busca financiar la compra del parque eólico Los Cururos en la Región de Coquimbo. ¿Alguien podría dudar del aporte de estos proyectos?

Para resguardarse del llamado marketing verde o greenwashing, se han desarrollado instrumentos de verificación, como la opinión de una firma independiente sobre el bono verde, la emisión en concordancia con los Principios de Bonos Verdes (en inglés, GBP), como transparencia, divulgación y presentación de informes; la existencia de clasificadoras de riesgo que evalúan el bono y, el propio mercado es el que da su veredicto final al demandar este tipo de instrumentos.

Los bonos verdes son una inversión atractiva, para emisores e inversionistas. Para estos últimos, se trata de una inversión con retorno de mercado y que tiene un impacto medioambiental medible, precisamente lo que buscan muchos de los inversionistas de impacto. Para los emisores, permite financiar inversiones con un propósito y, no es pecado decirlo, contribuyen a una buena reputación y cultura de las compañías, ayudando a generar estima, confianza, reconocimiento y respeto de los grupos de interés -incluidos sus colaboradores-, claro, esto siempre y cuando el ser vaya unido con el parecer.

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