La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado votó esta miércoles el proyecto que busca declarar la nulidad de la Ley de Pesca. La iniciativa venía precedida de la aprobación de la Cámara de Diputados, que a principios de agosto consiguió un amplio respaldo de los parlamentarios.

La instancia entregó 3 votos favorables y 2 en contra de la iniciativa. A favor votaron Jorge Soria (PS), Fidel Espinoza (PS) y Daniel Núñez (PC). En contra votaron el senador Iván Moreira (UDI) , Alejandro Kusanovic (Independiente, por RN). Con ello, el proyecto deberá ser visto por la Comisión de Constitución del Senado, para luego pasar a la sala de la Cámara Alta.

Cabe recordar que la iniciativa lleva seis años de tramitación, y busca declarar la nulidad de la normativa, toda vez que existen fallos judiciales condenatorios por cohecho que acreditan que durante su tramitación se produjo una indebida intromisión de intereses particulares en su contenido.

A finales de agosto, el gobierno renovó la suma urgencia a su discusión, estableciendo en dicha oportunidad un plazo de 15 días para que la Cámara Alta concluyera la votación del proyecto.

La instancia también aprobó una indicación presentada por el senador Núñez, que modifica el artículo transitorio contenido en el proyecto de nulidad, en el sentido de cambiar el fraccionamiento de cuotas de peces, contenido en la Ley 20.657. El apoyo a la indicación fue en la misma proporción de la votación general a la iniciativa.

La comisión recibió múltiples audiencias en la sesión, que estaba convocada para despachar la iniciativa durante la jornada. En la ocasión, múltiples actores enfatizaron en la necesidad de contar con una nueva legislación. Varias organizaciones apuntaron a que se elimine la pesca de arrastre, entre otros aspectos.

“Este es un momento histórico. La discusión que se está dando es la correcta y lo que viene debe ser de cara al país y no a puertas cerradas, o entre cuatro paredes como sucedió con la anterior Ley de Pesca”, dijo Orlando Villarroel, de la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales de Coronel.

En tanto Héctor Téllez, de la Asociación de Industriales y Armadores Pesqueros IV Región (AIP), planteó que la Ley de Pesca “ha permitido que nuestro sector cuente con certificación de sustentabilidad”.

Raú Morales, de la la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Plantas de Proceso de Consumo Humano (Festrach), apuntó a que la derogación permita avanzar hacia una nueva ley “que pueda dejarnos a todos nosotros con la seguridad de que nuestros trabajadores van a poder permanecer con sus trabajos”, para lo cual, enfatizó, los trabajadores deben integrar los comité de manejo y que los dirigentes participen en las mesas que discutan la nueva ley.

También hubo voces sindicales que solicitaron rechazar el proyecto de nulidad.

“La moción parlamentaria que dio origen al proyecto que declara la nulidad la sentimos como una amenaza a los trabajadores de la actividad pesquera industrial en Chile. Nos produce malestar y profunda decepción esa odiosidad que inspira a personas públicas a actuar de manera revanchista de una industria, que bajo el amparo de un actuar faltando a la probidad, pretende desconocer el aporte que realiza al crecimiento y desarrollo de nuestro país”, planteó José Hernández, del Sindicato de Trabajadores Interempresas de Tripulantes y Oficiales de Naves Especiales, Nacionales, Extranjeras y Ramos Similares de la Región de Magallanes y Antártica Chilena (Sitoners). El dirigente también afirmó que la iniciativa debe ser declarada inconstitucional.

Patricio Ampuero, del Sindicato de Armadores y Pescadores Artesanales de Magallanes, agregó que “somos varias las organizaciones de pescadores de la región que no estamos de acuerdo con la eliminación de la Ley 20.657, por considerar que pone en riesgo la pérdida de los derechos que con sacrificio hemos adquirido”. Ante esto, pidió que las organizaciones de Aysén y Magallanes sean invitadas a la comisión para entregar sus planteamientos, ya que “no nos sentimos representados por la confederaciones a nivel nacional”.

El presidente de la comisión, Daniel Núñez, comprometió durante la ocasión que se realicen sesiones en regiones para escuchar propuestas de los actores del sector, en el contexto de la tramitación de la nueva Ley de Pesca.

El senador Soria argumentó su apoyo a la nulidad señalando que el proyecto “busca un remedio excepcional a un problema también muy excepcional”.

Por su parte, el senador Espinoza relevó la necesidad de que “Chile cuente con una nueva Ley de Pesca, que corrija aquellas imperfecciones que seguramente se generaron en la Ley de Pesca de 2013, porque no podemos obviar (...) que en esos momentos el parlamento estaba cooptado por ciertos intereses económicos”.

Sin embargo, remarcó que la diversidad del sector pesquero obliga a “construir una nueva ley que sea armónica, pero responsable; que sea transparente pero no maximalista; que no nos pase como el domingo 4 de septiembre, que algunos por querer ir con todo, nos dejaron sin nada”.

En tanto, aunque el senador Moreira reiteró su posición respecto a que “el Congreso no puede declarar la nulidad de una ley, y que esa declaración debe hacerla la justicia o el Tribunal Constitucional”, el legislador adelantó que no recurrirá ante la máxima instancia constitucional.

“Para que se queden tranquilos el señor presidente de la comisión y el Partido Comunista, yo les quiero decir que yo no voy a ir al Tribunal Constitucional, para que tengan tranquilidad”, dijo Moreira.

Finalmente, el senador Kusanovic alertó que “nosotros no tenemos la capacidad de anular una ley” y que de aprobarse el proyecto “generamos injusticias; no todas las empresas que estuvieron involucradas tienen que ser castigadas”.

“Estoy de acuerdo en que se haga una ley nueva y que usemos todas las atribuciones que tenemos en el Senado”, remarcó.