El sistema internacional para combatir el lavado de activos empezó a estructuraste en 1989, luego de que el G7 creó un organismo intergubernamental, el llamado GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), para hacer frente a los flujos ilícitos derivados del narcotráfico. Ese es, hasta el día de hoy, el referente en esta materia a nivel mundial.

Pero el 11 de septiembre de 2001 marcó un punto de inflexión definitivo. Tras los atentados a Estados Unidos y la caída de las Torres Gemelas, esta normativa se expandió a nivel global, y se actualizó, considerando también los peligros provenientes del terrorismo.

Fue en ese contexto que en Chile se legisló y se creó la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en una ley que se publicó en diciembre de 2003 y que entró en vigencia al año siguiente. La UAF es un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y que se relaciona con el Presidente a través del Ministerio de Hacienda, que tiene como objetivo “prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, y de otros sectores de la actividad económica chilena, para la comisión de los delitos de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT)”, según describe la página web del organismo.

A más de dos décadas, la UAF ha cobrado renovada relevancia pública. Es que el quíntuple homicidio ocurrido el 16 de julio de 2024 en Lampa, tras un polémico “after party”, derivó en una investigación que la semana pasada terminó destapando una red de lavado de activos, en el que ha sido calificado por el Ministerio Público como uno de los mayores golpes a la estructura financiera del Tren de Aragua en Chile.

La Fiscalía empezó a rastrear cerca de $800 millones que fueron obtenidos por una célula del Tren de Aragua mediante extorsiones, pero terminó descubriendo un pozo cercano a los $75 mil millones de dinero que se lavó entre 2022 y 2025, proveniente de mercados ilícitos que ya no solo incluían la extorsión, sino también el tráfico de drogas, la prostitución, las estafas telefónicas y el contrabando.

Ese dinero, según ha dicho el equipo que encabeza el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, era movido en distintas cuentas bancarias para perder la trazabilidad y luego era transformado en criptomonedas, las que podían así transarse en el extranjero.

Cuando se destapó el caso, surgieron una serie de dudas sobre los controles que existen en Chile para prevenir el lavado de activos y si funcionaron o no en esta oportunidad. Con el pasar de los días, se han ido aclarando algunas de esas dudas. Pero los datos aun son fragmentados y mucha de esa información es por ahora reservada.

Todos los expertos parten desde esa premisa antes de opinar. “Lo que conocemos hasta ahora permite concluir que el sistema institucional en su conjunto está funcionando. Es importante entender que el sistema antilavado no se reduce a la UAF. Se trata de un ecosistema mucho más amplio en el que participan los sujetos obligados del sector privado, la UAF, organismos homólogos de otros países, las policías, el Ministerio Público y, finalmente, los tribunales de justicia”, afirma Tamara Agnic, exdirectora de la UAF entre 2009 y 2012.

Agnic agrega que es importante “evitar una conclusión que suele aparecer cada vez que se conoce un caso relevante: pensar que la existencia de una organización criminal que logra operar durante algún tiempo demuestra necesariamente que el sistema fracasó. Muchas veces ocurre exactamente lo contrario. Es precisamente porque existen mecanismos de detección, análisis e investigación que estos casos terminan siendo identificados, investigados y llevados ante la justicia”.

Por su parte, el exdirector de la Unidad Especializada en Delitos Económicos (Ulddeco) de la Fiscalía, Mauricio Fernández, estima que “el sistema requiere apriete de tuercas por distintos lados. Una de las cosas que no funciona bien es una mayor integración de la información, mayor oportunidad, y un trabajo en ese sentido más contundente en la detección. Pero también en los controles internos dentro de los sujetos obligados”.

El flujo de información

Los bancos tienen sistemas tecnológicos que detectan algún tipo de operación sospechosa entre sus clientes. Eso luego pasa a un área de investigación interna de cada banco, para hacer un análisis más en detalle del caso y definir si es necesario generar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la UAF.

La ley define como operación sospechosa “todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulte inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente”; que haya indicios de que se estuvieran recolectando fondos para utilizarla en la comisión de delitos; o que sea una transacción realizada por una persona que figure “en los listados de alguna resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.

En los últimos dos años, al menos cuatro bancos enviaron distintos ROS a la UAF por algunos de los imputados de la Operación Tokio. “Respecto a las alertas, los bancos reportaron. De hecho, el mismo ejecutivo del Banco Santander fue reportado por el Banco Bci, en su momento, ya hace harto tiempo atrás, y las empresas (involucradas) también”, confirmó el fiscal Barros esta semana.

El año pasado, la UAF recibió 21.828 ROS de las 9.911 personas naturales y jurídicas que estaban inscritas en su registro de entidades reportantes. El 65% de esos reportes fueron enviados por los bancos.

Luego de aplicar inteligencia financiera, la UAF detectó señales de indicios de lavado de activos o financiamiento del terrorismo en 1.131 de esos reportes. Esa información fue enviada al Ministerio Público a través de 62 Informes de Inteligencia Financiera (IIF). Eso no implica necesariamente que en todos ellos haya un delito.

Igualmente, los fiscales que investigan casos que involucran lavado de dinero pueden solicitar directo a la UAF información, mediante oficios reservados. El año pasado, la Fiscalía envió a la UAF 270 requerimientos de información, asociados a 2.350 personas naturales y jurídicas.

Ulddeco es la unidad especializada de la Fiscalía que define a qué regiones o fiscalías enviar los antecedentes que reporta la UAF mediante los IIF. Siempre se abre una investigación por cada IIF, es decir, se vincula con un Rol Único de Causa (RUC), o se agrega a una ya vigente, en caso de que Ulddeco detecte que las personas reportadas estén siendo objeto de alguna investigación vigente. Pero Ulddeco no tiene el registro de todas las personas que están siendo investigadas a nivel nacional, ya que ese registro que lleva la Fiscalía en su sistema incluye obligatoriamente solo a quienes ya han sido formalizados.

Lo que se conoce hasta ahora es que efectivamente hubo al menos cuatro reportes desde la UAF al Ministerio Público por los sujetos involucrados en la Operación Tokio, según reveló Ciper. Pero según dijo el fiscal Barros en Duna esta semana, “en este caso particular yo tuve reportes cuando los pedí, ahora hace poco tiempo. Pero según lo que me informan en esos reportes, los reportes existían, no llegaron en este caso particular a la Fiscalía Regional Sur, pero sí llegaron al Ministerio Público”.

La Fiscalía luego declaró que esos reportes efectivamente fueron usados en investigaciones, y “entre los resultados derivados de ese trabajo se encuentra el operativo desarrollado durante el año 2025 por equipos investigativos de tres regiones del país, conocido como ´Golpe al brazo financiero del Tren de Aragua´, que permitió la detención de más de 50 personas, el congelamiento de más de 350 cuentas bancarias y de criptoactivos, la identificación de operaciones de lavado de activos por varios millones de dólares".

La Fiscalía Metropolitano Sur hizo la solicitud de información a la UAF sobre los sujetos que investigaba cinco días antes del operativo que dio origen a la Operación Tokio, según comentan fuentes al tanto del caso.

En 2025 el Ministerio Público instruyó como diligencia mínima que, cuando se está realizando una investigación por lavado de activos, existe obligación de requerir información a la UAF “cuando no conste en la carpeta investigativa un informe de esa institución, debiendo el fiscal consultar la existencia de ROS” u otros reportes de las personas investigadas, detalló la Fiscalía esta semana.

UAF por dentro y expertos

El proyecto de Ley de Presupuestos 2026 plantea un gasto de $5.768 millones para la UAF -una baja de 1,5%- y considera una dotación máxima de 83 personas.

El exsuperintendente de Valores y Seguros, Carlos Pavez, asumió como director de la UAF en 2022 y renunció a inicios de mayo, lo que se hará efectivo el 22 de junio, según confirma el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez. “A partir de esa fecha corresponde iniciar el concurso de Alta Dirección Pública (ADP) para proveer el cargo, y para este gobierno es una prioridad”, explica.

Agrega que “respetando su autonomía institucional, Hacienda tiene también la responsabilidad de impulsar los cambios que permitan fortalecer su rol dentro del sistema. La Operación Tokio es una alerta grave y dramática. Nos sugiere que hay espacios relevantes de mejora tanto en la inteligencia estatal como en los controles y deberes de los sujetos obligados. Frente a eso, la respuesta no puede ser mirar para el lado ni reducir esto a una disputa política”.

El subsecretario afirma que “la lección es clara: frente a organizaciones criminales que operan de manera sofisticada y transnacional, el Estado no puede responder con información fragmentada, sistemas aislados o instituciones trabajando en paralelo. Necesitamos cruces de datos, sistemas integrados y trabajo coordinado”.

Por eso asegura que el compromiso del Ejecutivo “es trabajar con decisión para que uno de los legados de este gobierno sea un perfeccionamiento integral del sistema de prevención, detección y persecución de la ruta del dinero. Lo que logremos acordar en la Comisión Mixta y apruebe el Congreso debe ser un primer gran paso en esa dirección”. Con esto último se refiere al proyecto que está liderando y que crea un sistema de inteligencia económica entre la UAF, el SII y Aduanas.

La División de Inteligencia Financiera de la UAF es la que analiza los ROS. Esta unidad es liderada por Catalina Munita Roncagliolo, y está compuesta por tres coordinadores, tres asistentes y once analistas.

“Evidentemente, la UAF chilena es bastante escuálida. El número de analistas, de personas haciendo inteligencia financiera, es bastante chica en comparación a nivel mundial. Como gran cosa se le están sumando cinco personas, con un sueldo bien bajo, gracias al proyecto que crea el subsistema de inteligencia económica, que es el famoso proyecto donde se discute sobre el secreto bancario”, comenta Mauricio Fernández.

Y aunque opina que la UAF tiene una buena base, “tiene que tener más dientes, y este proyecto, más allá del tema del secreto bancario, también es bueno, porque aumenta las multas. Es una vergüenza el nivel de multas que hoy día puede aplicar la UAF. Otro proyecto relacionado, que está paralizado, es respecto de los beneficiarios finales de inversiones y de sociedades, que también es un un tema que debiera mejorarse”.

Pero cree que hay que ir más alla: “Hay que actualizar la ley. Hay un montón de delitos base que nos exige el estándar internacional de GAFI y que no tenemos. Pero es una ley que se ha ido mejorando sustancialmente en el tiempo”, puntualiza Fernández.

Pro su parte, Agnic cree que “el hecho de que hoy exista una investigación compleja, con múltiples detenidos, trazabilidad de fondos, reconstrucción de estructuras financieras y coordinación entre distintas instituciones, demuestra que existen capacidades para detectar, analizar y perseguir este tipo de fenómenos ¿Significa eso que el sistema es perfecto? Por supuesto que no. Ningún sistema antilavados del mundo lo es. Las organizaciones criminales evolucionan permanentemente y los mecanismos de prevención deben revisarse, fortalecerse y adaptarse de manera continua".

Agnic estima que es necesario fortalecer la inteligencia económica y financiera del Estado. “El crimen organizado actual opera utilizando cuentas bancarias, empresas de fachada, comercio internacional, plataformas digitales y criptoactivos. Por ello, resulta fundamental mejorar la capacidad de integrar y analizar información financiera, tributaria, aduanera y patrimonial para seguir la ruta del dinero y afectar las finanzas de las organizaciones criminales”.

La abogada Giovanna Gardella, directora ejecutiva de Compliance Global Consulting, cree que si hay alertas, la UAF “debería tener atribuciones administrativas para solicitar más información, para poder ver la operación completa que hace un banco y que otra institución financiera quizás no esté reportando. Así funciona en otros países desarrollados, como en EEUU”.

Al mismo tiempo, estima que “se debería tener mas recursos humanos para poder hacer estos análisis. Para poner un ejemplo, la UAF en Chile tiene 80 personas de dotación. En Miami me tocó trabajar en un banco doméstico, con una sola sucursal que tenía 30 empleados sólo para su área de compliance”.

De los más de 9 mil sujetos obligados a reportar a la UAF, la mayoría son privados. Entre los reportantes están las AGF, AFP, agentes de aduana, 316 casas de cambio, 57 casas de remate y martillo, nueve comerciantes de metales preciosos, compañías de seguros, conservadores, 1.516 corredores de propiedades, empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria, factoring, organizaciones deportivas profesionales, representantes de bancos extranjeros, usuarios de zonas francas, 654 entidades de compraventa de vehículos, empresas de arriendo de vehículos, transporte de valores, 378 notarios, organizaciones deportivas profesionales, bancos y corredores de bolsa, entre otros.

Quienes están obligados a reportar a la UAF no solo tienen que enviar ROS, sino también Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) cuando superan los US$10 mil o su equivalente en pesos chilenos. El año pasado, los privados informaron 1,6 millones de operaciones de este tipo, el 70% fue reportado por los bancos. Estos son usados por la UAF como un insumo para el análisis de los ROS.

Según el último informe de tipologías de la UAF, entre 2007 y 2024 los tribunales chilenos dictaron 383 sentencias definitivas condenatorias por lavado de activos, que involucraron a 750 personas naturales. De estos últimos, 54,5% registró al menos un ROE y 34,8% tuvieron ROS. Mientras que 204 personas registraron ambos tipos de reportes.