Cuando en septiembre de 2023 un escuadrón compuesto por miles de militares y policías venezolanos hicieron una suerte de copamiento de la cárcel de Tocorón, donde permanecían los máximos líderes del Tren de Aragua, notaron que el mandamás, Héctor Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, mantenía una serie de privilegios en el interior de ese recinto.

Pese a que en ese lugar cumplía condena por crímenes violentos, el sujeto logró instalar en el recinto penitenciario nada menos que una piscina, una cancha de béisbol, un zoológico y, entre otras cosas, una discoteca de lujo que él y sus secuaces nombraron “Tokio”.

Fue ese nombre, casi tres años más tarde y en suelo chileno, el que sirvió para denominar el megaoperativo que concretó este martes la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Metropolitana Sur, y que asoma como el golpe más duro que se ha dado en territorio nacional contra la temida estructura criminal de origen venezolano.

A los investigadores les hizo sentido apodar la indagación haciendo referencia a la discoteca, además, porque entre las víctimas aparecen locatarios del barrio Bellavista y productores de eventos.

Pero más allá de las referencias, bajo “Operación Tokio”, como informó el fiscal regional Héctor Barros, se logró la detención de 19 sujetos ligados a una célula del Tren de Aragua, que será formalizados por delitos que les permitieron mover alrededor de $ 78 mil millones.

Según se indicó, durante la jornada del domingo 7 de junio se les formularán cargos por lavado de activos, extorsión, trata de personas fines de explotación sexual y contrabando; todos, ilícitos perpetrados previa instrucción de Carlos Francisco Gómez Moreno, más conocido como “Carlos Bobby”, actualmente recluido en Bogatá, Colombia, y quien tiene nexos directos con el Niño Guerrero.

“Es uno de los mayores lavados que hemos tenido en nuestro país vinculado con el Tren de Aragua y yo diría que esta es la primera vez que les pegamos donde ellos más lo resienten que, en el fondo, es en el patrimonio”, sostuvo el persecutor.

Pese a la seguidilla de maniobras que realizaban para ocultar el dinero, Barros manifestó que en medio de las pesquisas lograron incautar US$ 370 mil que se mantenían en billeteras de criptomonedas, y que se congelaron alrededor de otras 140 cuentas.

De los detenidos, sólo una imputada mantenía condición irregular en el país y varios llevan varios años en territorio nacional.

El origen de la causa

Apenas el exitoso operativo fue confirmado por los investigadores, dos datos se liberaron de inmediato. El primero, que la operación surgió a partir de la investigación de un quíntuple homicidio registrado en una parcela en Lampa, tras un polémico “after party”. Y el segundo, que entre los detenidos había un ejecutivo del Banco Santander, por lo que las diligencias también incluyeron un allanamiento a una sucursal en Santiago Centro.

Según detalló a La Tercera el jefe de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado, subprefecto Cristián Sepúlveda, efectivamente la causa se inició a partir de información recopilada en el caso de Lampa, principalmente producto de declaraciones de personas que asistieron a esa fiesta clandestina. El gatillante de los asesinatos fue que ese evento no había sido autorizado por el mandamás de la estructura criminal.

Esos antecedentes y el respectivo análisis del sitio del suceso, comentó el detective, “dieron como hipótesis inicial la presencia de una estructura criminal jerarquizada, vertical, con un liderazgo visible de un sujeto de nacionalidad venezolana (Carlos Bobby), y cuya estructura también estaba conformada por diferentes niveles. Establecimos que el líder estaba en Venezuela, que luego venían los jefes de plaza, un brazo operativo que impartía violencia y que se encargaba del cobro de las vacunas, y un brazo de testaferros dedicado principalmente al ocultamiento del dinero”.

El líder de la banda articulaba todo desde la cárcel en Colombia y como jefes de plazas tenía a cuatro sujetos que este martes fueron detenidos, al igual que otros cuatro que eran testaferros. El resto, se ocupaba de las operaciones.

“Los brazos operativos que tienen directa relación con los jefes de plaza. Los jefes de plaza son quienes gestionan y coordinan para materializar las amenazas extorsivas, son los que realizan los llamados principalmente y cuando la víctima no accede a esta amenaza se ejerce una coacción que es materializada por los brazos operativos, en este caso a través de la violencia instrumental. Además son quienes cobraban las vacunas a los locatarios”, detalló Sepúlveda.

Respecto del ejecutivo bancario, José Pérez Asencio (33), el subprefecto detalló que tenía un rol “fundamental, por cuanto él era quien inicialmente también aperturaba cuentas y posteriormente facilitaba medios para insertar esta ganancia ilegal en la banca formal (...) No hay antecedentes que digan relación con que él actuara contra su voluntad. Los antecedentes que existen es que el sujeto cumplió un rol conforme a las instrucciones que se le entregaban desde el mando operativo”.

En el mismo sentido, el comisario Lorenzo Aguilar, también de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado, manifestó a este medio que hicieron un amplio seguimiento en redes sociales de los implicados, pues solían mostrar la vida de lujo que llevaban. Según señaló, exhibían sus ganancias, fiestas y, entre otros, los autos que iban adquiriendo.

Como aseguró el detective, en medio de la indagación pudieron establecer que los grados de violencia que los imputados aplicaban en sus víctimas iba progresivamente al alza. “Primero comenzaban con amenazas. Posteriormente, si la víctima no cedía al pago de la cuota que estas personas imponían, el nivel de violencia comenzaba a subir. El nivel de hostigamiento comenzaba a aumentar. Comenzaban las visitas y ya posteriormente, en un estado final y más violento, realizaban en muchas ocasiones disparos en contra de los locales, en contra de inmuebles y en contra de los bienes del público objetivo que tenía la organización criminal”, detalló Aguilar.

A esta estructura, reveló el comisario, está ligado Alfredo José Henríquez Pineda, alias “Gordo Concepción”, “Gordo Conce” y “Gordo Alex”, quien aparece como uno de los protagonistas del crimen de Ronald Ojeda.