Una tasa de impuesto de un 10% a la ganancia de capital en la venta de acciones. Eso es lo que se aprobó en el Congreso en enero de 2022, mediante un proyecto presentado por el anterior gobierno, como parte de las fuentes de financiamiento que se incluyeron para la creación de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Cuando el entonces ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, anunció esta medida, que era una de varias propuestas incluidas en el proyecto que buscaba reducir o eliminar exenciones tributarias para financiar la PGU, fue criticado por algunos actores del mercado, que estimaban que caerían los montos transados y no se recaudaría lo proyectado.

A más de dos años de que entrara en vigencia este impuesto, ese vaticinio parece hacerse realidad. Es más, se ha recaudado cerca de un octavo de lo proyectado. Esto es lo mismo que ocurrió con el impuesto al lujo, otra de las medidas destinadas a financiar la PGU, y que también ha recaudado menos de lo previsto.

Pero antes de ir a ese detalle: la exención a las ganancias de capital para aquellas acciones con presencia bursátil fue un beneficio instaurado bajo la administración de Ricardo Lagos en 2001, y que llegó a su fin en septiembre de 2022, cuando entró en vigencia la referida medida contenida en la Ley N° 21.420, por lo que esas transacciones empezaron a tributar.

Antes de eso, los inversionistas no pagaban impuestos por las ganancias obtenidas con acciones con alta presencia bursátil, es decir aquellas que son más transadas, incluyendo las que están en fondos mutuos, fondos de inversión, entre otras. Con esta ley, pasaron a tributar 10% sobre las ganancias obtenidas. Eso sí, los inversionistas institucionales, como AFP y las compañías de seguros, mantuvieron la exención tributaria.

En ese momento, cuando se legisló, se proyectó que la recaudación fiscal sería de $43.061 millones en 2022 (unos US$45,7 millones hoy), y $86.121 millones anuales (US$91,4 millones) desde 2023 en adelante, según el informe financiero que presentó la Dipres ante el Congreso en diciembre de 2021, cuando Cristina Torres lideraba dicho organismo.

Sin embargo, lo recaudado hasta ahora, está muy lejos de ese pronóstico. Según cifras de la Tesorería General de la República obtenidas por Ley de Transparencia, en 2023 se recaudaron $8.011 millones (US$8,5 millones), mientras que en 2024 la recaudación fiscal fue de $10.631 millones (US$11,3 millones). Esta última cifra de pago efectivo representa un octavo de lo inicialmente proyectado.

Más del 95% de esos mayores ingresos fueron recaudados en los meses de abril y mayo de cada año, coincidente con la Operación Renta. En esa línea, a abril de este año, la recaudación fiscal por este tributo ascendía a $6.073 millones.

Eso no marca necesariamente una tendencia para este año, porque por ejemplo, en abril de 2024 ingresó el 83% de lo recaudado durante todo el año pasado. En cambio, en 2023, primera vez que se declaró este tributo, el 69% del total de ese año se recaudó en mayo.

Al ver los montos transados en acciones de la Bolsa de Santiago, se obtiene que en 2021 se registró un máximo de US$42.677 millones, marcando un alza interanual de 39%. Al año siguiente hubo una caída de 8,2% interanual, totalizando US$39.169 millones en 2022. Luego, en 2023 se registró una baja de 29% año contra año, ya que los montos transados sumaron US$27.749 millones. En tanto, en 2024 subieron 9,7% interanual hasta los US$30.430 millones.

La visión de los expertos y el mercado

Según el informe de asistencia técnica que hizo el FMI para Chile en marzo de 2025, sobre proyecciones de ingresos tributarios, “comparaciones internacionales del coeficiente de variación (un indicador de la volatilidad de la recaudación) muestran que el impuesto a la renta corporativa es uno de los más volátiles, en general solo superado por los impuestos de las ganancias de capital”.

El gerente general de la Bolsa Electrónica de Chile (BEC), Juan Carlos Spencer, cree que “esto era súper predecible. De hecho, cuando se empezó a hablar de este impuesto, manifestamos una férrea defensa, argumentando que los perjuicios que iba a generar en cuanto a profundidad y liquidez del mercado de capitales, iban a ser mayores que la recaudación”.

A juicio de Spencer, finalmente “el daño que se le causó al mercado de capitales y a las transacciones bursátiles fue mucho mayor” que lo que se ha recaudado en estos dos años, pues recuerda que han caído los montos transados.

En todo caso, esto no lo atribuye únicamente a este tributo, pero estima que sí “fue un impuesto mal puesto que causó fricciones súper fuertes (...) La Bolsa también refleja un poco la caída en el crecimiento. Pero lo que ocurre acá, es que pusiste un palo más, pusiste una fricción más en el mercado. Y esa fricción también afecta a todo”.

Spencer recuerda que “hubo pocas voces en el mercado que dijeron que esto era perjudicial. Y yo creo que es perjudicial. Ahora, si tú lo sacas, ¿va a volver a haber actividad? Yo creo que no, pero sí es un paso hacia adelante en el viejo anhelo de volver a Chile un centro para el desarrollo del mercado capitales, yo creo que vas a tener menos fricción, la gente va a eliminar este complejo cálculo y todas estas cosas".

Hugo Hurtado, socio de Deloitte, comenta que “la baja del impuesto es probablemente multifactorial. Debemos recordar que el impuesto se aplica a la ganancia de capital, por lo que si hay menos transacciones, o si éstas generan menos utilidad, se recaudará menos. Sería bueno revisar esa data, para compararla con el año en el que se hizo la evaluación y ahí poder ver la causa”.

Hurtado también puntualiza que “debe tenerse presente que hay varias acciones de sociedades que no han recuperado su valor prepandemia” y previo al 18 de octubre de 2019.

“Si bien es cierto que la creación de un impuesto puede tener un impacto negativo en el mercado, esta tasa es 17 puntos más baja que el impuesto de primera categoría. Por lo que he hablado con mis clientes, la tasa rebajada del 10% aún es percibida como una tasa razonable para este tipo de operaciones”, afirma el socio de Deloitte.

Por su parte, Luis Felipe Ocampo, abogado socio de Recabarren y Asociados, comenta que “este cambio en el tratamiento tributario respecto a inversionistas financieros, desincentivó el mercado al incorporar este costo, lo cual era previsible y así se anticipó en muchas oportunidades durante el trámite de la iniciativa”.

Adicionalmente, comenta que este gravamen “es posterior a los sucesos de octubre de 2019, los que por su naturaleza y entidad frenaron el crecimiento económico y motivaron la salida aguda de capitales del país, lo cual influyó también, de manera importante, en la pérdida de profundidad y de recursos invertidos en el mercado nacional, lo que explica en buena parte que no se lograra alcanzar las estimaciones de recaudación”.

Ocampo cree que “esa decisión legislativa indudablemente que ha quitado profundidad al mercado de capitales, pues ya no genera las ventajas que presentaba con el beneficio, y si a ello añadimos el efecto que produjeron los sucesivos retiros de fondos de las AFP, que agregaron instabilidad al sistema, esto se refleja en la pérdida de profundidad en el mercado, y obviamente no agrega recaudación de impuestos”.

Por eso estima que “en el estado actual de cosas, en donde lo que se busca es consensuar voluntades para establecer nuevos incentivos a la inversión y el ahorro, y con ello generar mayor crecimiento económico; reponer este beneficio aparece como un paso muy saludable”.