A principios de julio, el Senado ratificó su nombramiento para integrar el Consejo Fiscal Autónomo (CFA). Exconsejero y exvicepresidente del Banco Central y académico de la Facultad de Economía de la Universidad Católica e investigador de Clapes, la presencia de Joaquín Vial como nuevo consejero está aún a la espera de la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República.

Y aunque fue aprobada por el Senado, su designación ha generado debate entre algunos diputados. Esto, porque -al igual que Hermann González, quien también integra el CFA y está en el directorio de AFP Cuprum- Joaquín Vial es director de las empresas de seguros de Metlife. El economista defiende su designación y considera “artificial” la polémica. “Contraloría resolverá el problema”, dice.

Su análisis sobre la situación fiscal del país es similar al que ha entregado el CFA. “Hay que ponerse en modo de prevención de descalabro”, advierte sobre el aumento de la deuda pública.

Su nombramiento para el CFA no ha estado exento de críticas de parlamentarios del oficialismo por su rol como director de empresas, al igual que Hermann González. ¿Es un conflicto de interés?

No, no hay. Y por lo mismo, encuentro artificial este debate. La ley es superclara respecto al tema de las incompatibilidades. Hubo gente que, en su momento, cuando se discutió la ley, pidió que hubiese incompatibilidades con el cargo director, pero no prosperó. En esto hay también un problema de desconocimiento de lo que son las funciones del director, porque los directores no están metidos en la política de inversión ni en la ejecución, sino que están definiendo los apetitos de riesgo, cosas de ese estilo. Por otro lado, el CFA tampoco trabaja con la información micro. El CFA lo único que hace es mirar temas macros y su impacto en la línea final del Fisco. El dictamen de Contraloría resolverá el problema.

Hacienda, en un oficio a la Comisión de Hacienda, dijo que usted y Hermann González deberán informar cuando consideren que pueda haber un conflicto de interés.

No veo mucho dónde pueda haber conflicto de interés, porque la información que trabaja el CFA es pública. La información de cuánto se emitirá de deuda está en el proyecto de Ley de Presupuestos, se conoce. El plan de emisión de deuda anual el gobierno lo anuncia de manera trimestral y se hace público de inmediato. No veo conflicto de interés.

Usted se perfila para ser presidente del CFA. ¿Le gustaría tomar esa responsabilidad?

No, yo no tengo ningún interés especial en ser presidente del CFA. Es una institución espectacular, pero, en primer lugar, mi nombramiento es por dos años, y creo que el presidente debe tener un periodo más largo. En segundo lugar, hay gente muy buena dentro del CFA que lo puede hacer mejor y con más tiempo. No soy candidato a presidente del CFA.

¿Y si el gobierno se lo propone?

Espero que no me lo propongan.

¿La situación fiscal es tan compleja como la describe el CFA?

El diagnóstico que hace el CFA es correcto. Nos hemos ido deslizando por una pendiente suave de deterioro de las cuentas públicas que partió hace ya más de una década. La deuda pública ha ido creciendo y creciendo. El límite prudente para la deuda pública como porcentaje del PIB es del 45% y ya estamos al lado de esa cifra. Hay que ponerse en modo de prevención de descalabro. Si bien no estamos en una crisis fiscal, las cosas no pueden seguir como venían. No podemos tener déficit del 2% o 3% al año, con una economía que crece al 2%, porque eso no cuadra.

Además, si pasa cualquier evento adverso, como una caída del precio del cobre o una recesión internacional, o que suban mucho las tasas de interés, nos puede cambiar el escenario del límite prudente de la deuda en un año. Ya no existen los espacios para que el gasto público suba como lo ha hecho hasta ahora. Así de simple.

Pero una fórmula para que pueda seguir subiendo el gasto es obteniendo nuevos ingresos permanentes…

Llevamos 15 años discutiendo reformas tributarias, y básicamente no ha cambiado la carga tributaria en términos sustantivos. Se han buscado bastantes vueltas para hacerlo, pero hay sectores que están muy sobrecargados de impuestos y eso ha generado problemas a la inversión, y por eso es muy difícil pensar en subir mucho más la carga. Se debe buscar por otro lado.

¿Por recortar o utilizar mejor el gasto público?

Si existiera la voluntad, hay espacio para recortar gasto.

¿Voluntad política?

Sí, un respaldo político, lo que pasa es que hay muchos clientes también. Ese es el problema.

¿Qué espacio ve para recortar el gasto?

Hay que revisar las inversiones que se están haciendo. Hay muchas que son, por decirlo en forma suave, de dudosa rentabilidad, y por lo tanto van a significar una mayor carga para el Estado en el futuro. Un ejemplo: el famoso tren a Valparaíso.

Algunos economistas han planteado que se deben revisar políticas de envergadura como gratuidad y PGU. ¿Ve espacio para eso?

Hay dos grandes áreas si uno quiere hacer algo serio y perdurable: gasto en personal y las transferencias. La PGU, por ejemplo, le ha dado un piso y una estabilidad a las pensiones que es superimportante. En la reforma quedó zanjado a qué porcentaje de la población debería llegar, porque pasar al cien por ciento no tiene sentido: a una persona que está jubilándose con $2 o $3 millones, $250 mil no le va a hacer una diferencia, pero a una persona que no tiene jubilación, le hace una gran diferencia.

En educación es difícil echar atrás políticas, por mucho que sean malas políticas. Entonces, lo que en este momento sí es urgente es armar un buen sistema de financiamiento que no genere los problemas que está generando la propuesta del FES (Financiamiento público para la Educación Superior).

¿No es buena?

No. Eso es bastante claro y los rectores lo han dicho, por lo que hay bastante consenso entre prácticamente todo el mundo que entiende de educación. Entonces, efectivamente, si se aprobara un proyecto como el que hay hoy día, terminaría achicando la oferta universitaria, disminuyendo los fondos generales de la universidad e iría en desmedro de la calidad de la educación.

¿Qué tan cerca se está de superar el límite de deuda del 45% del PIB?

Estamos llegando al límite. Si tu velocidad máxima es 45 y ya estamos en 41, 42, estamos ahí. No es como para seguir acelerando. Ya llegó el momento de sacar el pie del acelerador.

¿Qué le hace pensar que se sacará el pie del acelerador?

Lo que pasa es que la gente tiene que convencerse de que este es un tema serio. Y sobre eso en el mundo técnico hay bastante consenso. No creo que haya que hacer recortes sangrientos de gastos, pero hay que poner límites al crecimiento de gastos y eso significa que probablemente el empleo público no va a poder seguir creciendo como antes, ni tampoco los salarios del sector público.

¿Ve ese convencimiento que hay a nivel técnico, a nivel político?

Lo que pasa es que en las campañas nadie quiere reconocer estas cosas. A nadie le gusta dar malas noticias. Solo cuando ya la gente está muy desesperada. (Javier) Milei en Argentina se pudo dar el lujo de hacer eso, pero después de 30 años de destrucción del Estado argentino. Esa no es la situación en la que estamos en Chile, pero no podemos seguir dándonos lujos con las licencias médicas y, además, en el sector público se trabaja mucho menos horas de las que están consideradas. Esas cosas tienen que terminar.

¿El plan de ajuste fiscal que presentó el gobierno para este año, es una medida efectiva?

Yo fui director de Presupuestos y si uno quiere hacer un cambio mayor, tiene que hacerlo en la Ley de Presupuestos, porque es muy difícil hacerlo cuando ya tiene el Presupuesto aprobado. Algo se puede hacer y creo que eso es lo que se está haciendo, pero los ajustes se tienen que hacer primero que nada en la Ley de Presupuestos y, en segundo lugar, en otras leyes claves, como los reajustes o leyes especiales para reformar ciertas cosas. A este gobierno todavía le queda el reajuste y el Presupuesto del próximo año: son dos cosas bien importantes, entonces será una señal muy clara de que ya se acabó el tiempo de las holguras.

Para algunos economistas, la situación actual se debe a que el país se creyó más rico de lo que era y empezó a redistribuir más allá de lo que debía. ¿Lo ve así?

Esas son interpretaciones. Lo que hubo fue un tema de sobreestimar lo que era nuestro crecimiento potencial, y durante mucho tiempo pensamos que la productividad iba a crecer mucho y creíamos que lo normal era crecer al 4% o 5%. Eso no sucedió, pero gastamos como si estuviéramos creciendo al 4% o 5%. Si la economía crece al 2%, el gasto público no puede crecer más que 2%.

¿Cómo evalúa la gestión de este gobierno, tanto fiscal como macroeconómica?

Hubo un ajuste fiscal superimportante el primer año. Había dudas de que eso se iba a implementar, pero se hizo, y bien. Se dio una señal de realismo, pero después se jugaron muchas fichas a las propuestas de aumento de impuestos que no se concretaron. Eso está dejando una situación fiscal más compleja. El gobierno tuvo la intención de ser responsable fiscalmente, pero no se ha podido concretar, y estamos en una situación fiscal bastante más deteriorada, pero podría haber sido un tremendo desastre si no se hubiera hecho el ajuste en 2022.

Entonces, ¿este gobierno va a entregar las finanzas públicas en una situación compleja?

No se puede seguir pensando que el gasto fiscal crecerá como lo ha hecho en los últimos 20 a 30 años. Tendrá que bajar su ritmo y crecer menos que el PIB en los próximos años. Eso es clave para poder restablecer un nivel de deuda que nos deje tranquilos y que nos permita enfrentar los vaivenes de la economía mundial.