Reforma al SEIA

La reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se presentó al Congreso en enero de 2024 y comenzó su discusión en la Comisión de Medioambiente del Senado en marzo. Después de un año de debate, esta instancia legislativa lo despachó, en enero del 2025. Su siguiente paso fue la Comisión de Hacienda. Si bien esa instancia lo comenzó a ver en junio, ha tenido un nulo avance.

Un aspecto central de esta iniciativa es la nueva institucionalidad que reemplazará a la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) y al Comité de Ministros, que tenía como objetivo despolitizar el proceso. No obstante, las distintas propuestas del Ejecutivo no han logrado generar consenso.

La primera fue radicar las decisiones de ambas instancias en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), recayendo la tarea de la evaluación y la calificación de los proyectos en el director regional o nacional del SEA, según correspondiera.

Esa propuesta fue rebatida por expertos y el sector privado, que cuestionaron que, para eliminar el criterio político, no debía dejarse la decisión de las reclamaciones en manos de la dirección ejecutiva del SEA, designada por el gobierno de turno.

Dado ello, el gobierno ingresó una serie de modificaciones que apuntaban a consensuar ese aspecto. La fórmula escogida fue incorporar un Consejo de Reclamación Ambiental, órgano colegiado que resolvería las controversias sobre los proyectos evaluados en el SEA, en tiempos acotados, pero esa idea tampoco fue bien vista por los senadores de oposición, quienes la rechazaron.

Negociación ramal

El proyecto de negociación ramal o multinivel es una promesa de campaña del gobierno actual. Ha sido mencionado en tres de las cuatro cuentas públicas del Presidente Gabriel Boric y la última vez que se anunció fue el 1 septiembre de este año. Luego de una reunión con la CUT y la CPC, el gobierno reiteró que sigue en la agenda económica ese proyecto. “Hay un compromiso para el mes de octubre, un proyecto que estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda”, afirmó en esa oportunidad el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, pero aún no se envía al Congreso.

La ramal es un mecanismo de negociación colectiva que, según el gobierno, facilita que los sindicatos de trabajadores negocien de manera conjunta, permitiendo acordar mejoras laborales a nivel de industria o de sector económico, en vez de hacerlo empresa por empresa. La idea que se ha planteado es que este tipo de negociación no reemplace la negociación colectiva propiamente tal que tienen las empresas, sino que sea un complemento.

Un debate interno en el Ejecutivo es si la propuesta que se enviará incluirá dentro de la negociación ramal los salarios. Quienes han conocido de la historia de este proyecto, afirman que mientras estuvo Mario Marcel en Hacienda, esa cartera era contraria a incluir dentro de ese marco los salarios y prefería que se mantuviera en el marco de la negociación entre empresas y trabajadores.

En cambio, la otra postura es la que impulsa el Ministerio del Trabajo desde que Jeannette Jara era ministra: se debe incluir los salarios en ese debate. Esta idea es también compartida por la CUT.

Sala cuna

Una de las prioridades que fijó el gobierno en la cuenta pública de este año era aprobar una nueva legislación para el beneficio de sala cuna. Por lo mismo, decidió ingresar una indicación sustitutiva al proyecto de la administración de Sebastián Piñera que se encuentra en el Congreso, con el objetivo de generar consensos.

En lo central, se reemplaza el actual artículo 203 por uno que equipara el derecho de sala cuna tanto a hombres y mujeres, y se desvincula el costo de sala cuna de la contratación de mujeres, cambiando el cumplimiento de pago directo a partir de la mujer número 20 contratad, por un pago indirecto a través de una cotización por las personas contratadas que favorece la formalidad y contratación de mujeres. Además, se crea el Fondo de Sala Cuna para financiar los aportes destinados a pagar el valor de la sala cuna que cuente con reconocimiento oficial del Estado.

Si bien la iniciativa tuvo un avance importante esta semana, la viabilidad de que esté aprobado antes del 11 de marzo del 2026 es baja. La propuesta está recién en su primer trámite legislativo en el Senado. En lo reciente, la Comisión de Trabajo la aprobó.

Uno de los temas que permitió el avance es el aporte de las empresas al Fondo de Sala Cuna. El acuerdo establecido es comenzar con la cotización de manera gradual en 0,2% desde el sexto mes posterior a la publicación y aumentarla a 0,3% a contar del mes 24. El siguiente paso legislativo es la Comisión de Educación y Hacienda, para luego pasar a la sala del Senado. Luego debe ir a la Cámara.

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La última vez que tuvo movimiento este proyecto fue el 13 de agosto de este año. La sala del Senado lo aprobó en general y lo derivó a la Comisión de Hacienda y Economía unidas para su trabajo en particular. Sin embargo, desde entonces la iniciativa no ha tenido movimiento.

Tiene como objetivos transparentar los orígenes y el destino de los recursos obtenidos a través de estas plataformas; generar un mercado competitivo, considerando otras formas de juego actualmente legales (sorteos de lotería, números de Polla/Lotería y actividad hípica); resguardar la fe pública (certificación de la aleatoriedad en el juego); y contribuir a la recaudación fiscal, ya que en régimen se estima que recaudaría unos $84.000 millones al año.

Entre los principales ejes del proyecto se establece un régimen tributario para la actividad: esta será gravada con IVA por ser un servicio de entretenimiento digital, lo que permitirá a las operadoras recuperar créditos fiscales por bienes y servicios que adquieran y contraten (como publicidad y software). Al igual que los casinos, queda sujeta a un impuesto específico (20%) que busca corregir la externalidad del juego. Y para fomentar el juego responsable, se establece un aumento de la tasa del impuesto específico de 1%, con posibilidad de descontar los desembolsos realizados por dicho concepto. También las plataformas autorizadas deberán pagar un gravamen anual de 2% de los ingresos brutos sobre apuestas deportivas a favor del Instituto Nacional del Deporte.

Rentas regionales

De rentas regionales, a regiones más fuertes. El gobierno le cambió el nombre al proyecto para darle un mayor impulso a la autonomía presupuestaria de los gobiernos regionales. En abril de 2023 se ingresó a la Cámara de Diputados y su discusión comenzó en mayo de ese año en la Comisión de Hacienda. Si bien avanzó en su tramitación, en agosto de ese año estallaron los problemas de financiamiento de las regiones con las fundaciones, lo que paralizó la discusión y poco a poco la iniciativa se fue quedando rezagada.

Entre los ejes centrales que tiene está el modificar las actuales fuentes de ingresos de los gobiernos regionales, particularmente el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y otras transferencias del Gobierno Central. También se entrega una mayor autonomía y flexibilidad presupuestaria a los gobiernos regionales para decidir sobre el destino de sus ingresos. Otro punto que se incluye en esta iniciativa es una mayor responsabilidad fiscal, junto a la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos, y la participación ciudadana para resguardar la probidad en la función pública regional. Las regiones también podrán tener crédito público, pero con organismos internacionales como el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) -o el Banco Interamericano de Desarrollo- y será para proyectos de inversión de alta pertinencia territorial y de enfoque estratégico.

La propuesta sigue en su primer trámite legislativo sin espacio para que pueda avanzar.