En estos días sorprendió el aumento del desempleo, especialmente el de las mujeres, justo en momentos en que la actividad económica dio nuevas muestras de mejora. Aunque esto puede parecer paradojal, en realidad no lo es. Es bastante común que los datos de corto plazo no estén totalmente sincronizados, por lo que es prematuro sacar conclusiones robustas a partir de los datos de un par de meses.

Para entender sus tendencias debemos partir del hecho de que, en los últimos años, el mercado de trabajo ha experimentado cambios muy significativos, y que prácticamente todos tienden a encarecer la contratación de trabajadores.

La reducción de la jornada laboral es gradual, pero ya fue legislada e implica -como expuse en una columna anterior- un aumento del costo del trabajo formal del orden del 10%. A ello hay que agregar la reforma de pensiones, que era muy necesaria, pero que también influye en el costo laboral en un 6%, una vez que se complete el alza de cotizaciones. En esta misma categoría hay que incluir el alza del salario mínimo, que también aumenta el costo de contratación, pero que recae principalmente en los trabajadores de menores calificaciones e ingresos.

Respecto de este último cambio, cabe destacar que, si se compara respecto de la mediana de los ingresos imponibles que declaran los cotizantes en las AFP, el valor del salario mínimo ha pasado de ser un 46% de esa mediana en 2022, a más del 55% este año. Ni hablar de los 750 mil pesos de los que se ha hablado recientemente, porque eso equivale al 80% del promedio.

Salvo este último, todos los otros son cambios ya legislados y, por supuesto, entran en los cálculos que deben hacer tanto en las empresas grandes como en las pequeñas, en un entorno de recuperación débil del mercado interno y un clima económico externo muy incierto. A muchas de ellas, especialmente las más pequeñas, esto las complica: donde se va a notar es en las actividades de servicios que requieren muchos trabajadores. Hablo, por ejemplo, de servicios como educación, seguridad, apoyo en las labores del hogar o cuidados de adultos mayores. Es imposible que ellas puedan subsistir sin traspasar una fracción significativa de estos mayores costos a sus clientes, y muchos de estos rubros tienen un peso elevado en los gastos de las familias.

Como todos estos costos más altos se van a ir agregando de a poco, las alzas serán graduales y persistirán por años, por lo que no debe sorprender que el Banco Central tome una actitud cautelosa frente a la evolución futura de la inflación.

Si bien el ministro del Trabajo salió rápidamente a desmentir que la debilidad del mercado del trabajo sea una consecuencia del aumento del salario mínimo o de la reducción de la jornada laboral, es muy difícil pensar que estos cambios no estén impactando las decisiones de contratación y de ajustes de planilla de sueldos del sector privado.

Si se examinan los datos de empleo del INE, la evolución del empleo ha sido pobre en general, pero especialmente cuando se analiza lo que ocurre con el empleo privado (empleo total menos el del sector público) que, después de una importante recuperación en 2023, perdió mucha fuerza el año pasado e incluso muestra un deterioro en los últimos meses. Algo parecido muestran los datos administrativos del seguro de cesantía y de los cotizantes de AFP.

En ambos casos, la proporción de cotizantes sobre el empleo total reportado por el INE ha venido cayendo suavemente desde 2020, perdiendo entre el 5% y el 8%, dependiendo de la fuente de los datos.

Esto último es una pésima noticia, pero totalmente consistente con la evolución de los costos de contratar trabajadores formales: una proporción cada vez mayor de ellos y ellas está optando por eludir el pago de cotizaciones, quedando sin protección de ingresos en casos de cesantía o con una menor pensión en su vejez. Siendo esto grave, no es lo peor: implica que una proporción cada vez mayor está optando por la informalidad en general, es decir, en dejar de cumplir con las obligaciones que impone la ley. Algo parecido estaría ocurriendo con las contribuciones de bienes raíces como se ha reportado en estos días. La porfiada realidad de los hechos al final se impone sobre las buenas intenciones, cuando no se toman en cuenta los efectos de la legislación sobre los incentivos económicos.

El autor es Profesor Adjunto, Instituto de Economía UC Investigador Principal Clapes UC