La propuesta de salario mínimo

El gobierno ingresó ayer al parlamento su propuesta de reajuste de salario mínimo. Por primera vez, propuso un alza de 0% real, es decir, sin considerar la inflación. En términos nominales, es decir, considerando la inflación acumulada entre marzo y agosto, el alza que propone es de 0,4%, es decir de $1.500, pasando de $320.500 a $322.000. Para marzo del próximo año plantea un reajuste de la inflación acumulada entre septiembre y febrero.

¿Qué es lo que busca el gobierno? Básicamente dos cosas. Primero, mantener el poder adquisitivo de las personas que perciben el mínimo. Es decir, que su capacidad de comprar bienes y servicios sea la misma, pese al incremento de los precios en general. Si bien para ello se toma el IPC general, lo cierto es que los segmentos de menores ingresos han tenido un aumento más significativo de la inflación, debido a que dentro de su canasta el peso de los alimentos en superior, y es justamente un ítem que ha visto subir su costo. En el último año móvil finalizado en julio, el IPC para las personas del quintil de menores ingresos fue 2,8% versus el 2,1% en el extremo contrario. Por lo que de todos modos habría una pérdida de poder adquisitivo.

El segundo objetivo de la autoridad es afectar lo menos posible el costo laboral de las empresas. Y no está pensando en las grandes ni medianas empresas, que en general no tienen sueldos en esos niveles, sino más bien en las micro y pequeñas empresas. Es ahí donde se notaría más. Sobre todo en un contexto en que se han perdido 1,8 millones empleos aproximadamente, a lo que se suman los 700 mil trabajadores suspendidos, que no perciben ingresos, si no que su seguro de cesantía por un tiempo acotado y de manera decreciente.

Ahora bien, es verdad que el alza es marginal. No obstante, esta propuesta no puede analizarse ni enjuiciarse de manera aislada. En el contexto de la pandemia, el Gobierno implementó el ingreso mínimo garantizado, que es un subsidio para trabajadores con ingresos entre $301.000 y $384.363, con un aporte estatal máximo de $59.200. Así, para cualquier persona que reciba el salario mínimo se verá beneficiado. En la práctica, ya se reajustó su salario bastante más que los $1.500 en cuestión. La diferencia, eso sí, es que es a costo fiscal, y no de las micro y pequeñas empresas. Adicionalmente, se espera que pronto el gobierno entregue una propuesta de subsidios al empleo para acompañar la salida de la recesión e incentivar la contratación.