Son 21 funcionarios que entran a sus oficinas en el octavo piso de Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1449 usando su huella dactilar. El acceso a ese lugar está vedado para terceros, incluso para los mandos superiores del organismo regulador del mercado financiero chileno. Las medidas de seguridad son máximas. Es que lo que se discute ahí es muy delicado. En ese lugar, en una cuarta parte de ese piso, se ubica la Unidad de Investigaciones de la Comisión para el Mercado Financiero. El resto del piso lo utiliza la Defensoría Penal Pública.

En ese piso 8, la CMF concentra las investigaciones de la unidad especial que se creó en enero de 2018 y que reemplazó el Área de Cumplimiento de Mercado (ACME) de la extinta Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

Desde su creación, en 2018, y hasta fines de 2022, la Unidad de Investigación ha recibido 980 denuncias externas e internas y ha iniciado 255 investigaciones. Solo el año pasado sancionó a 109 personas, el 61,5% de las cuales correspondieron a infracciones en el mercado de valores; 20,2% a seguros y 9,2% al mercado bancario.

La CMF ha abierto varias investigaciones, pero no ha tenido un símil de causas de gran envergadura y connotación, como los casos Inverlink, La Polar, Cascadas o Chispas. Este año, sin embargo, ha resuelto dos casos de alta significación: la multa y cancelación de la corredora de Bolsa STF y la más reciente multa de 15.000 UF por uso de información privilegiada cursada al exgerente general de Cencosud, Matías Videla, quien había construido su carrera profesional en el conglomerado minorista y después de 26 años renunció a su cargo debido a la sanción. Los dos casos se indagaron en el octavo piso. Ahí operó la unidad que hasta ahora ha tenido un solo jefe: el abogado Andrés Montes Cruz, de 53 años.

La Unidad de Investigación comenzó en enero de 2018. Ese mismo mes se designó a Andrés Montes como su fiscal. Para su designación, el hijo del ministro de Vivienda, Carlos Montes, compitió en un concurso de Alta Dirección Pública (ADP) al que llegaron más de 100 postulantes.

Abogado de la Universidad Diego Portales con un máster en la Universidad de Wisconsin, Montes ha trabajado toda su vida en el sector público: comenzó como procurador del Consejo de Defensa del Estado, trabajó siete años en la Academia Judicial e hizo carrera luego en el Ministerio Público, donde llegó a ser jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.

En enero de 2024 expira su periodo al mando de la repartición, pero hay gente ligada a la CMF que ha escuchado su intención de repostular por otro período. Para ello, no sería necesario un nuevo concurso vía ADP. Oficialmente, la CMF respondió así a Pulso: “De acuerdo a la Ley de la CMF, el Fiscal de la Unidad de Investigación es nombrado por el Consejo de la CMF tras un proceso de selección de Alta Dirección Pública. Su cargo tiene una duración de seis años, pudiendo renovarse su nombramiento por un período consecutivo, cuya decisión es de exclusiva competencia del Consejo de la CMF”. Así, el organismo colegiado de cinco miembros que hoy preside Solange Bernstein podría decidir en los próximos meses la continuidad de Montes. El Consejo lo completan hoy Bernardita Piedrabuena, vicepresidenta; Augusto Iglesias, y los recientemente incorporados Catherine Tornel y Beltrán de Ramón.

El abogado dirige un equipo de 21 personas, ocho de los cuales provenían de la antigua ACME. En su mayoría, los profesionales tienen formación jurídica y poseen un alto grado de especialización en los mercados de banca, seguros y valores. Aquí trabajan 13 abogados; siete analistas (ingenieros comerciales y contadores auditores) y un funcionario administrativo.

La segunda al mando de la Unidad de Investigación de la CMF es María Luz Schachtebeck (54), abogada de la Universidad de Católica, quien cuenta con un magíster de derecho público y coordina las áreas de valores y seguros. Schachtebeck se sumó a la entonces SVS hace 20 años, en medio del caso Inverlink. La abogada que cuenta con amplia experiencia en la regulación de los mercados de valores y seguros subroga a Montes cuando ha salido de vacaciones o cuando se ha inhabilitado. Ello ocurrió, por ejemplo, en el proceso sancionatorio que llevó adelante la CMF en marzo de 2020 en contra del director de Banco Itaú, José Héctor Valdés, que culminó con una sanción de censura al directivo por haber incurrido en la infracción al artículo 50 bis de la Ley N°18.046.

La abogada asumió durante un periodo limitado la jefatura del servicio: antes de constituirse la Unidad de Investigación, el jefe de ACME, Víctor Zapata, pasó a liderar un área nueva de monitoreo de mercados que ve todos los casos de información privilegiada, porque se entendía que el fiscal debía ser un abogado y él es ingeniero.

En el equipo también destacan la abogada de la Universidad Católica, Macarena Vásquez (48), quien se encarga de las materias de la banca. Asimismo, el área de Denunciante Anónimo y Verificación de Cumplimiento de Sanciones es encabezada por el abogado de la Universidad de Chile Carlos Isensee (40), quien llegó al ACME hace exactamente una década.

Cuatro de sus miembros suman 20 o más años en la institución, como su secretaria ejecutiva, Hilane Musa (70) y el contador público auditor Marcelo García (53), quienes ingresaron en la década de los noventa. Les siguen las abogadas Macarena Vásquez (48) y María Luz Schachtebeck, quienes entraron en 2003, y Rayen Poblete (45), ingeniera comercial, que se sumó en 2007. Un año después llegaron Karen Fernández (41), contadora pública auditora y Claudia Reyes (51), ingeniera comercial. El listado con los funcionarios con mayor experiencia lo cierran los abogados Augusto López (39) y Carlos Isensee, que se sumaron a la repartición en 2013.

Los abogados de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) Camila Bosch (32) y Sebastián Viñals (33) son los más jóvenes de la Unidad de Investigación de la Comisión. A ellos se suman Cristián Escudero (34), abogado de la Universidad Técnica Federico Santa María, y la abogada Natalia Alcaíno (34), UAI.

Para cada investigación, el fiscal Andrés Montes conforma un equipo interdisciplinario para investigar cada una de las denuncias internas y externas recibidas. Para conformar cada equipo de trabajo se considera la complejidad del caso y la experiencia requerida.

Por ejemplo, en el caso de Matías Videla, a Andrés Montes lo acompañaron el abogado Augusto López y el ingeniero comercial Cristián Escudero.

En el caso de STF, el fiscal fue secundado por dos funcionarios que lo acompañaron en los interrogatorios. Cuando comenzó esa indagación, fue el propio Montes quien envió un oficio al entonces gerente general de STF. “Cito a usted a prestar declaración ante la Unidad de Investigación de la Comisión para el Mercado Financiero, para el día 11 de abril de 2023 a las 9:00 horas, en Av. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1449, Torre I, piso 8″. Y agregaba: “Ante cualquier consulta, contactar al abogado Carlos Isensee Rimassa o al analista financiero Nelson Paz Falcón”.

Las investigaciones que el fiscal Andrés Montes instruye pueden provenir de denuncias de particulares, de antecedentes enviados por otras unidades de la CMF o de autodenuncias de presuntos infractores. En el caso STF, por ejemplo, los primeros antecedentes provinieron de un oficio de seis páginas firmado por Osvaldo Adasme Donoso, director general de Supervisión Prudencial que alertó sobre posibles irregularidades de la corredora de los hermanos Sauer.

En su trabajo, el fiscal puede utilizar herramientas intrusivas como acceder a información sujeta a secreto bancario, interceptar telecomunicaciones o allanar recintos privados. Para ello, sin embargo, debe tener la autorización de cuatro quintos del Consejo de la CMF, además de conseguir autorización judicial. Según quienes conocen de esa prerrogativa, Montes ha empleado esa facultad en un puñado de ocasiones desde 2018.

Su relación con el Consejo de la CMF es clave. El exjefe del ACME, Hugo Caneo, dice que la diferencia entre la Unidad de Investigación y el grupo que él dirigió es ahora el reconocimiento legal a la figura del fiscal y a los procedimientos que puede emplear su equipo. “Ese reconocimiento le da autonomía al fiscal y, por tanto, su labor es reconocida. Pero los propósitos y focos son los mismos”, explica. El cambio legal, recuerda Caneo, provino de las observaciones de la OCDE en cuanto a la autonomía de la SVS del gobierno de turno, ya que el servicio tenía con jefatura unipersonal versus la actual CMF, que es una jefatura colegiada que permite, en los procesos sancionatorios, una doble revisión. Así, si antes Daniel Yarur fue quien cursó las sanciones en el caso Chispas; o Fernando Coloma las firmó en el caso Inverlink; y Carlos Pavez lo hizo en las cascadas; ahora es un grupo de cinco personas quien define.

Los casos que investiga la unidad de Montes deben ser llevados al Consejo de la CMF, que sanciona o absuelve. O resuelve con votos divididos. Por ejemplo, en el caso de Matías Videla, cuatro comisionados aprobaron la sanción de uso de información privilegiada y un quinto, Augusto Iglesias, fue de la opinión de sancionar por una infracción menos gravosa: haber incumplido el deber de abstención.

En un comienzo de su gestión, Montes era quien exponía los casos en los que levantaba cargos al consejo de la CMF. Luego esa labor la asumió el director general jurídico, José Antonio Gaspar Candia, cuya opinión legal es relevante para los miembros del Consejo. De alguna manera, algunos comisionados lo consideran una suerte de contrapeso de Montes al definir las sanciones. Más encargado de la legalidad de los actos de la CMF, Gaspar también opina y guía la decisión de los comisionados en los casos que presenta Montes, revela alguien que conoce el detalle de estos casos. Abogado UC con un máster en Columbia Law School (Nueva York, Estados Unidos), Gaspar llegó en 2014 al organismo, como fiscal de valores.

Otra figura que se incorporó con posterioridad es la del denunciante anónimo. Mediante una solicitud de Ley de Acceso a la Información Pública, la CMF detalló a Pulso que desde julio de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2023 ha recibido 42 solicitudes para acogerse a ese estatuto. Y en total, ha concedido la calidad de denunciante anónimo a 10 de esos solicitantes. “Se han recibido solicitudes relacionadas con el mercado de bancos, seguros y valores”, informó la CMF.

Asimismo, durante el periodo se han rechazado 28 solicitudes y cuatro se encuentran pendientes de ser resueltas. A la fecha no se han pagado recompensas a personas que han recibido la calidad de denuncia anónima.