EN septiembre de 2018, la gerencia de Venta Empresas de Falabella recibió un llamado. Un cliente que había comprado gift cards para regalar a sus empleados alertaba que quienes habían intentado utilizarlas se habían encontrado con que las tarjetas estaban con saldo cero. Y se encendieron las alarmas. El retailer inició una acuciosa investigación interna que -en resumen- arrojó que los plásticos habían sido usados indebidamente por un tercero en tres comercios del grupo, principalmente en el sector sur de Santiago, y ocupando las gift cards prácticamente como único medio de pago.

"Como este, se han podido identificar más de 80 casos en que las gift cards se utilizan fraudulentamente, implicando un perjuicio de $ 5 millones", se lee en la querella que interpuso el retailer en febrero pasado por estafa en contra de todos quienes resulten responsables por este caso. Un caso que -como señalan- podría seguir profundizándose, dado que los reclamos no han dejado de aumentar. Hoy, los perjuicios bordean los $ 10 millones: los $ 5 millones por el uso de las tarjetas, más el mismo monto por la restitución de tal suma a los clientes afectados. "Todo esto, además del grave perjuicio que implica esta maquinación para la imagen corporativa", subraya la compañía en su querella.

El caso de Falabella no es aislado. Hoy son varias las compañías que han llegado a tribunales reclamando hechos similares sobre uno de los productos emblema del comercio. Es que las gift cards se han convertido en una herramienta clave para las compañías, un regalo altamente demandado, que crece a tasas de dos dígitos anualmente, y que ha permeado a todas las compañías. Hoy, estas tarjetas con dinero que permiten ser canjeadas por productos en retailers determinados han desplazado a las clásicas cajas de mercadería que antiguamente entregaban las empresas a modo de aguinaldo e incluso hay encuestas que dan cuenta de que los trabajadores las prefieren sobre otro tipo de incentivos. Y es esa relevancia, comentan al interior de las empresas, la que las ha posicionado como un nuevo foco de delitos.

En febrero de 2018, el asistente externo del área de venta de la Gerencia Paris Venta Empresa de Cencosud, Sebastián Cornejo -a quien Pulso no pudo ubicar-, fue desvinculado de la empresa. En enero de ese año se detectó que este empleado -quien administraba el convenio interno con Easy Retail- había ingresado una solicitud de gift cards por $ 275 millones, la que supuestamente había sido pedida por un ejecutivo de Easy. Cornejo adjuntó -se lee en una querella interpuesta en abril de este año, que es una ampliación de otra previa de marzo de 2018- una solicitud y orden de compra falsa, usando mails de terceros, hasta que se alertó de tales hechos. Fue despedido y, estando afuera, repitió la operación. A través de otro mail y con cargo al mismo convenio con Easy, pidió cuatro gift cards por $ 450 mil cada una; no lograron ser emitidas, ya que el convenio en cuestión había sido dado de baja.

A raíz de tales hechos, Paris celebró un nuevo contrato con Easy para la emisión de gift cards, pero por solo $ 700 mil. Cornejo -dice la acción judicial- vulneró nuevamente el sistema, logrando emitir dos gift cards por $ 300 mil cada una. El perjuicio, más allá de todo el ardid, fue de solo $ 300 mil derivado de la compra de dos productos con uno de los plásticos.

El retailer finalmente lo denunció por estafa y espionaje informático, en una investigación que está en curso. A esto se sumó una nueva querella el 17 de abril pasado, por la detección de cerca de 1.200 inscripciones fraudulentas -ejecutadas por otra persona-, que derivaron en canjes de puntos Cencosud por entradas de Fantasilandia. El perjuicio estimado llegó a los $ 4 millones.

"En el caso que se menciona, detectamos algunas irregularidades producto del accionar de los mencionados controles, procediendo de inmediato a corregir la situación y entablar las acciones legales en contra de quienes resulten responsables, proceso que hoy se encuentra en manos de las autoridades correspondientes", subrayó Cencosud a Pulso.

SMU -vinculada al grupo Saieh, controladores de Copesa, empresa que edita Pulso- ha sido otra de las compañías afectadas por estas prácticas. El 10 de abril de este año, el club de canje Celmedia S.A. se comunicó con la subgerencia de servicios financieros de SMU para informar que uno de los códigos asignados en un cupón de canje o gift card había sido utilizado antes que el cliente final pudiese realizar la compra. El mismo mes la gerencia de Contraloría de la empresa realizó una auditoría, dando cuenta de que existirían más casos en esa línea. "Se detectó que entre el 19 de febrero y el 15 de abril de 2019, Patricio Valenzuela -que no pudo ser ubicado por Pulso- realizó treinta y tres compras en distintos locales Unimarc y OK Market", se lee en una acción judicial por falsificación y uso malicioso de instrumento mercantil reiterado ingresada el 12 de junio. El perjuicio superó el millón y medio de pesos.

Vulnerando millas

Más de US$ 1.591 millones se estima que llegará a mover el mercado de las gift cards a nivel mundial en 2023, según la consultora Allied Market Research, la que calcula un crecimiento del 15,7% anual en los últimos años. Otra empresa del rubro -Progressive Markets- prevé que la industria será de US$2.170 millones al 2025, apuntando a un alza anual similar del 15,5%. Se trata, por tanto, de un sector en pleno desarrollo, lo que, en paralelo, está trayendo aparejado este surgimiento de delitos.

De hecho, en septiembre de 2015 un grupo de parlamentarios de oposición presentó un proyecto de ley que obligaba a los establecimientos que comercializan gift cards a llevar un registro de las personas que accedían a ellas. En la oportunidad, el objetivo era darles una regulación -ya que por su naturaleza no pueden ser entendidas como tarjetas de crédito o débito- ante el temor de que justamente se pudiese hacer un mal uso de ellas, pudiendo incluso servir para lavar dinero, decía la iniciativa. "A juicio de docentes, en la actualidad, estas sí pueden ser utilizadas como método para lavar dinero. Ejemplo: si un microtraficante en un mes tiene ganancias por $ 1 millón, puede dirigirse a cualquier tienda comercial a comprar en dinero en efectivo 10 gift card de $ 100.000, sin cuestionamiento alguno del vendedor", señalaban en esa oportunidad. Hoy, el proyecto descansa en la Comisión de Economía, confirma la diputada del Partido Radical que encabezó la iniciativa, Marcela Hernando, sin esperanzas de ser reflotado en el corto plazo. Mientras tanto, los casos crecen.

El 17 de abril pasado, Latam Airlines llegó al 4° Juzgado de Garantía de Santiago. El 19 de octubre de 2018 la compañía había sido alertada sobre la presencia de una persona que pretendía validar ocho gift cards en una de las tiendas asociadas a los beneficios LatamPass, relativo al cambio de millas por productos. La aerolínea determinó que a través de la entrada ilegal al sistema se captó información de clientes con una gran cantidad de millas, se cambió el mail asociado a dichas cuentas, se accedió a ellas y se cambiaron millas por gift cards. El total de las millas defraudadas sumó 342.863, equivalentes a US$ 10.971 (unos $ 7,8 millones). Fueron cuatro los clientes afectados, entre ellos incluso estuvo -dice la acción judicial- el accionista de Colo Colo Aníbal Mosa, a quien le sustrajeron 26 mil millas, avaluadas en US$ 832.

Y el tema no quedó ahí. La empresa detectó a dos personas más usando el mismo mecanismo. En total fueron 203.900 millas o US$6.525 ($ 4,6 millones) adicionales a tres clientes. "Cada una de las millas fraudulentamente canjeadas son devueltas íntegramente por Latam a los socios afectados, por lo que el perjuicio final se encuentra radicado directamente en el patrimonio de la compañía", sostiene la firma en la acción judicial por delitos de espionaje informático y estafa. Esta vez, señalan fuentes al tanto del tema, era la primera en que la empresa detectaba un actuar como éste, lo que redundó en mejorar los sistemas de notificación, de detección de acciones sospechosas y de seguridad. Actualmente existe una orden amplia de investigar a la sección de cibercrimen de la PDI, y ejecutivos de Latam ya han declarado.