Los estándares de impuestos verdes de la modernización tributaria (MT) acercan la tributación chilena a las prácticas resaltadas por la Ocde en sus estudios Taxing Energy Use y otros entre (2013-2020), a las recomendaciones del Fiscal Monitor 2019 del FMI y al State and Trends of Carbon Pricing 2019 del Banco Mundial, entre otros. La MT se alinea en la dirección necesaria para Chile hoy, cual es recuperar la capacidad de crecimiento y alcanzar el desarrollo sustentable. Los atributos que apoyan dicha causa se los resume en tres: i) ampliación, definición y precisión de la base gravada, ii) gradualidad en la implementación, iii) incentivo a la compensación e inversión en tecnologías bajas en emisiones locales y globales.

Primero, la MT logra la ampliación de la base de cobertura de los impuestos tanto globales (dióxido de carbono CO2) como locales (material particulado MP, óxido de nitrógeno NOx y dióxido de azufre SO2). Replicando la estimación del Fiscal Monitor 2019, la cobertura de emisiones de CO2 pasan de 39% a más del 46% del total. Además, aumenta la cobertura de industrias gravadas, incorporándose cemento, fundiciones mineras, metalurgia y otras, logrando una complementariedad con los planes de descontaminación en zonas saturadas para emisiones locales. Esto, gracias a la inclusión en la ley de las definiciones de establecimientos, fuente emisora y combustión, solucionando la discriminación tecnológica del articulado previo.

Segundo, en conformidad con las recomendaciones internacionales, la ampliación de la base contempla un período de gradualidad en su implementación, otorgando un incentivo a industrias recientemente gravadas para invertir en la sustitución de tecnología baja en emisiones y disminuir sus costos marginales considerando el impuesto a futuro. El proyecto mide las emisiones de 2023 para iniciar la recaudación en 2024, tiempo oportuno para anticipar inversiones y adecuarse a cubrir las externalidades negativas que producen los contaminantes.

Tercero, la nueva versión entrega la posibilidad de emprender proyectos de inversión para compensar las emisiones gravadas, sujeto a que estas emisiones del proyecto sean adicionales a las emisiones gravadas, medibles, verificables y permanentes. En el plano local, además, se pide que las inversiones tomen en cuenta el nivel de saturación de las comunas afectadas y colindantes. En este proceso también se fortalece la institucionalidad en la certificación de las emisiones de los proyectos, otorgando una activa participación a la fiscalización que permitiría en el futuro establecer mercados de transferencias de emisiones y absorciones a nivel nacional e internacional (como con Australia y Nueva Zelandia, con vasta experiencia).

Este es un paso que construye sobre lo avanzado. A futuro, es importante lograr la introducción del incentivo de sustitución en el transporte, conociendo que el carbon pricing también debe afectar el consumo de diésel y gasolinas, mejorando el Effective Carbon Rate, que es la suma de los impuestos específicos (incluyendo tasa por litro e impuestos en base a emisiones de los combustibles) y los precios de los permisos transables por tonelada de CO2 recientemente aprobados.