En diciembre de 2023 el gobierno creó una comisión asesora para que revisara la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen).

Su tarea principal era analizar la actual metodología de medición de la pobreza por ingresos y multidimensional. Luego, proponer mejoras para ser incorporadas en la medición oficial. El trabajo de esta instancia terminó en junio y este jueves entregó sus propuestas al Presidente Gabriel Boric, quien las recibió junto a la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, y de la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete. Estas últimas deberán trabajar en cómo se incorporan a la metodología oficial de la Casen 2024 las recomendaciones entregadas. La publicación de esos resultados en enero del 2026.

La comisión estuvo integrada por diez expertos transversales y su presidente fue el académico de la Universidad Católica Osvaldo Larrañaga, quien analiza las principales conclusiones de este informe y realza la importancia de contar con instrumentos de medición actualizados.

¿La metodología que ustedes están proponiendo con estos cambios se ocupa en otras partes del mundo? ¿Hay algún país que usaron de referencia?

-Hay muchos países del mundo que utilizan el método que ocupamos acá, que es usar el costo de una canasta básica de bienes y servicios como línea de pobreza. Ahora, los países difieren en cómo arman esa canasta y también difieren en cuál exigente la hacen. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos tiene una canasta, pero es una canasta que es mucho más cara que la nuestra.

¿Pero hay alguno al que se asimile en mayor medida?

-Lo que nosotros proponemos ahora como comisión, por ejemplo, es eliminar algunos ingresos como el de alquiler imputado y tener dos líneas de pobreza. Eso es muy parecido a lo que acaba de hacer Uruguay, que en mayo de este año publicó su nueva medición en la cual se eliminó el alquiler imputado de los ingresos y abrió dos líneas de pobreza para los propietarios y no propietarios, y también actualizaron la fuente de gasto. La tasa de pobreza en ese país subió del 8,1% al 17,3%, entonces, es un proceso similar.

Una de las propuestas que entregaron es avanzar hacia una canasta de alimentos más saludable. ¿Qué tan factible es que se aplique, en la práctica?

-Nuestra propuesta es sustituir la norma calórica como criterio normativo para determinar cómo se mide la canasta alimentaria. La norma calórica en Chile hoy es de 2.000 calorías diarias, pero el problema no es déficit de calorías, sino que es exceso y con elementos de mala calidad. Entonces, la idea es transitar a productos saludables para reducir el consumo de ultraprocesados que son alimentos de mala calidad. En nuestra propuesta, lo que decimos es que la mitad de la canasta, dentro del conjunto de alimentos ultraprocesados, se elimine el 50%. La canasta básica alimentaria sirve para medir la pobreza, no es una medida que busque inducir a la población a alimentarse mejor, porque esa es tarea del Ministerio de Salud. Lo que decimos es que si la población consume estos productos, este sería el costo de la canasta, y eso en la medición va a generar cambio.

También se cambió el supuesto de que las personas de menores ingresos consumían los productos de menor valor, por una canasta en base a los productos más consumidos, pero no necesariamente más baratos. ¿Esto busca acercarse a lo que la gente realmente consume?

-El supuesto que se usó en la revisión que se hizo de la metodología 2013 para estimar las cantidades estaba subestimado y eso es el equivalente a decir que se usaron precios más baratos que lo que la población efectivamente consume. En esta medición se pasa a precios que efectivamente la población gasta. Eso crea una línea de pobreza más alta, porque antes estábamos usando precios que estaban subestimados.

El otro tema importante que se modifica es que ahora se considerarán dos líneas para la pobreza. Una para personas con vivienda propia, y otra para arrendatarios.

-Hoy día, por ejemplo, un hogar de una persona tiene una línea de pobreza que es distinta al hogar de dos personas o de tres personas, pero el ministerio informa una sola tasa de pobreza. En este caso será lo mismo. Lo que cambia es que habrá dos líneas: una para arrendatarios y otra para propietarios, pero para efectos de los resultados se hace un promedio de estos subgrupos y se informará la línea de la pobreza.

¿Cuál era el principal problema del alquiler imputado?

-Los ingresos que se imputaban por el concepto de alquiler imputado no se pueden gastar en alimentos, ni en ningún tipo de bien, entonces el alquiler imputado es un poco mentiroso respecto a la capacidad de compra que tienen las personas, por eso nosotros proponemos que es mejor sacarlo.

De las tres recomendaciones principales que realizaron, el gobierno dijo que iba a analizar entre julio y septiembre cuál va a incorporar. ¿El objetivo de la comisión es que se incorporen todas?

-Esta es una comisión asesora, por lo tanto, sus propuestas no son vinculantes. Dicho eso, dado que el gobierno formó esta comisión lo más razonable es que incorpore una buena parte de las propuestas. Nosotros no podemos asegurar que sean todas, o pueden ser todas con alguna modificación. El gobierno tiene la potestad para volver a hacerlo, pero dado que este fue un proceso largo y además que el ministerio de Desarrollo Social acompañó el trabajo de la comisión, uno no debe esperar que la medición definitiva sea muy distinta de las propuestas.

Lo que ha transmitido el gobierno, ¿va por esa línea?

-Diría que lo que hemos escuchado hasta el momento es que hay una buena sensación del trabajo de la comisión.

Lo que sí dice el informe es que si se incluyen las tres recomendaciones la tasa de pobreza sería mucho más alta que el 6,5% actual...

-La nueva medición se va a realizar en la Casen 2024, por lo tanto, no sabemos cuál va a ser la tasa de pobreza oficial. Lo que uno sí puede hacer son ejercicios estadísticos de distinto tipo. En el informe representamos distintas estimaciones. Una de ellas dice que si todas las propuestas que hemos hecho se toman en cuenta, el resultado en 2022 hubiese sido un 22,3%. Cada vez que los países actualizan la pobreza, la medición se vuelve más exigente. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos y Canadá tienen tasas de pobreza del 11%-12%, que son países mucho más ricos que Chile. Entonces, si uno mira la tasa de pobreza en Chile, con la nueva medición es cercana al 20%, por lo que no está tan desajustada en relación a lo que está pasando en los países más ricos.

¿Esta mayor tasa de pobreza se produce porque hay una medición más exigente y no porque el país sea pobre por la situación económica?

-Es muy importante decir que si la nueva medición dice que la pobreza es cercana al 20%, no significa que hay un incremento de la población en esa condición por razones económicas, sino que simplemente porque estamos midiendo con una metodología más exigente. No por un cambio en la pobreza por la realidad económica del país.

Pero cuando la tasa de pobreza es del orden del 20%, ¿indica un desafío para las políticas públicas?

-Los cambios propuestos sitúan a la pobreza como un tema bien principal en la agenda de la política pública. Lo que nos estaba pasando era que cada vez se conversaba menos de pobreza, ya que como los números eran bajos, entonces se iba dejando de lado. Una medición más actualizada como la nuestra tiene la implicancia de reponer la pobreza como un problema importante de la política pública.

¿En algún momento se pensó que el país era más rico de lo que efectivamente era?

-El país se creyó más jaguar de lo que era. A medida que los países evolucionan, el estándar que se pide de lo que se considera vivir de forma digna sube. Hay que decir que el ingreso per cápita de Chile no es bajo, sino que, de ingreso medio alto, pero como está tan desigualmente repartido, ese ingreso promedio no informa el nivel de vida que tiene la población.

Si bien no somos más pobres que antes, de todas maneras, son casi 3 millones de personas las que estarían bajo esa línea. ¿Cómo se debería reenfocar la política pública para apuntar a esta población, que es mucho mayor a la que se pensaba?

-La política pública incide respecto a la pobreza tanto por las transferencias monetarias que se entregan a la población, como por ejemplo la PGU, y eso reduce la tasa de pobreza por ingreso; pero también la pobreza por ingreso depende mucho del crecimiento económico, porque en la medida que se crece hay más empleo, mejores remuneraciones. Entonces, el crecimiento es una herramienta bien potente para reducir la pobreza por ingreso.

¿Refuerza la idea de que el crecimiento es clave para el desarrollo del país?

-El crecimiento es fundamental, tanto porque genera empleo y entrega recursos, y también porque levanta el piso. Por lo tanto, el hecho de que estemos creciendo a tasas bien bajas significa que ese elemento, que reduce la pobreza, no ha estado colaborando como antes. Si el crecimiento económico hubiese sido más acelerado, la tasa de pobreza con esta nueva medición hubiese sido menor.