Programa de Gabriel Boric: El fin de las AFP y reformas sociales, laborales y tributarias

Chilean presidential pre-candidate for the Social Convergence party, Gabriel Boric, celebrates his victory during the presidential primary elections in Santiago, Chile, on July 18, 2021. (Photo by JAVIER TORRES / AFP)

El ganador de la primaria de Apruebo Dignidad tiene un programa que busca realizar cambios en variados ámbitos económicos, entre los que se cuentan cambios a la relación de los trabajadores en las empresas y un nuevo sistema de pensiones.




—El candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, tiene un programa que incluye cambios en muchas áreas, con foco en reformas al modelo de políticas sociales, comercio exterior, pensiones, impuestos y otros.

Política Social

Se propone un nuevo modelo de política social, eficiente y que garantice igualdad e inclusión social. Este, dice el programa, se basa en una arquitectura de inversión social, con enfoque de género y curso de la vida, “para asegurar la sostenibilidad de este nuevo Estado garante de derechos sociales”. El objetivo de esta arquitectura es romper con la lógica clásica de la compensación de seguros sociales ex-post, para priorizar la formación y prevención de riesgos ex-ante. “Se busca generar un efecto multiplicador del bienestar, el empleo y la protección social, a través del curso de la vida de las personas y entre las generaciones, donde la educación y el cuidado de la primera infancia estimulen el desarrollo de los niños y el empleo de los padres, lo que refuerza el éxito educativo y disminuye la deserción escolar, posibilitando un mayor empleo y productividad”.

Así, se plantea integración y ampliación de cobertura en programas sociales, reforma al Registro Social de Hogares (RSH) y la creación de un banco integrado de datos, para mejorar el diseño de las políticas sociales.

Empleo y mercado laboral

En materia laboral, el programa de Boric plantea fortalecimiento sindical, de la negociación colectiva y del derecho a huelga.

“Robusteceremos el ejercicio del derecho fundamental a la huelga de los trabajadores y las trabajadoras, modificando las disposiciones legales vigentes que lo limitan. Así, respecto de los trabajadores contratados por obra o faena, estableceremos el derecho pleno a negociación colectiva con fuero y huelga, en la época de desarrollo de las tareas. Eliminaremos las normas que establecen los servicios mínimos para la generalidad de las empresas, y la facultad de la empresa principal de sustituir a la empresa contratista en caso de huelga. Prohibiremos la modificación unilateral de turnos y las ‘adecuaciones necesarias’ que permiten que trabajadores y trabajadoras que no están en huelga realicen las funciones de los huelguistas”, sostiene el documento.

También plantea la reducción de la jornada de trabajo a 40 horas semanales, “en una perspectiva estratégica que permita enfrentar la automatización de la producción, no a costa de la precarización del salario, sino por el contrario, con una lógica de recuperación de plusvalía e incorporación de fuerza de trabajo en la producción”, detallan.

También señalan que limitarán los despidos por la causal “necesidades de la empresa” y los despidos sin expresión de causa, sancionando su aplicación ilegal.

Respecto a la organización al interior de las empresas, la candidatura buscará establecer “la codeterminación en las grandes empresas”, mediante un 50% de representación de trabajadoras y trabajadores en los directorios. A su vez, se establecerá por ley la paridad de género en tales directorios.

Se propone una revisión del sistema de gratificaciones que permita a los trabajadores recibir “una mayor proporción de las utilidades generadas mediante su trabajo”. Además se creará un Banco del Desarrollo para implementar políticas industriales y tecnológicas.

Pensiones

Se propone la creación de una institucionalidad pública que administre las contribuciones sociales de los trabajadores en estos años. Un órgano público, autónomo, idóneo técnicamente, paritario y con representación incidente de las y los trabajadores, que invierta esos recursos con reglas de inversión justas y sostenibles, plantea el programa de Boric. El documento dice que la cotización previsional actual del trabajador es de aproximadamente 12% (10% más los costos de administración). Y agrega: “Se propone mantener esta contribución y la creación de una contribución previsional obligatoria de 6% para el empleador, así ambas sumadas llegan a un total de 18%”.

Además, se crea una Pensión Básica Universal de $250 mil, para todas las personas, independiente de sus contribuciones previsionales. También habrá una pensión contributiva, que se calculará en función a lo contribuido por cada persona.

Para las personas que aún no se han jubilado, pero tienen fondos en sus cuentas de ahorro individual en las AFP, se les permite e incentiva el traspaso voluntario al nuevo sistema público solidario. Así, las pensiones de este grupo de personas serán pagadas por: 1) la cuenta de ahorro individual de cada persona hasta ese momento acumulada y 2) el nuevo Fondo Solidario de Pensiones. Los trabajadores que no tengan fondos en sus cuentas de ahorro individual entran automáticamente al nuevo sistema y su pensión contributiva será financiada enteramente con el Fondo Solidario de Pensiones, que se calculará en función de lo contribuido, con reconocimiento del trabajo de cuidados no remunerado y subsidiando los periodos de desempleo.

En el debate de Anatel, Boric dijo que, en su gobierno, “las AFP, como tal, desaparecen”. Dijo ese día: “Las AFP en nuestro programa se acaban. Hemos escuchado la demanda del pueblo chileno: las AFP son parte del problema, no son el único problema. El mercado laboral y la desigualdad salarial es parte importante de las pensiones futuras. Más de la mitad de los chilenos que trabajan ganan un sueldo menor de los $ 400 mil y eso incide en la pensión. Vamos a terminar con las AFP, van a pasar a ser administrados por un ente público sin fines de lucro. Los ahorros que hasta hoy día existen no se tocan, son de propiedad de los trabajadores”.

Vivienda y planificación territorial

La candidatura de Boric impulsará una reforma a la planificación y desarrollo territorial en Chile, “enfocada en recuperar y fortalecer las capacidades gubernamentales y comunitarias de ordenamiento territorial, para mitigar las actuales zonas de segregación y de sacrificio, apuntando hacia un territorio socialmente integrado, inclusivo, participativo y que proteja el medio ambiente y el patrimonio local”. Para eso, implementará una ley de ordenamiento territorial, para regular el desarrollo urbano y territorial, estableciendo prioridades de usos de suelo y su relación con la economía local, el medio ambiente y el patrimonio.

También promoverán la autogestión de comités de vivienda y cooperativas habitacionales en el desarrollo de proyectos y se creará una banco de vivienda pública, asequible y de calidad con precios de arriendos “justos y protegidos, garantizando el derecho a la vivienda”.

Agenda anti abusos

El programa dice que se debe fortalecer la regulación del consumo en Chile y también el Sernac. “Trabajaremos por superar las condiciones que perpetúan las situaciones de abuso, como aquellas que producen la insolvencia y sobre endeudamiento de las familias y Mini pymes en nuestro país”, dice.

Sobre los delitos económicos, Boric plantea fortalecer la delación compensada y el denunciante anónimo. También focalizar la prevención a través de un modelo de cumplimiento normativo forzoso para empresas cuyos incumplimientos sean sistemáticos y fortalecer la Unidad de Análisis Financiero.

Financiamiento

“Estimamos que el costo total de nuestro programa está en torno al 8% del PIB, una vez implementado”, indicaron desde la candidatura de Gabriel Boric, lo que equivale a unos US$ 26 mil millones al cambio actual. “La claridad con los horizontes temporales es importante, dependiendo de lo que ocurra con el proceso constituyente, proyectamos que podría demorarse 8 años, esto es, dos períodos presidenciales consecutivos”.

Para financiar el programa, el comando de Boric trabaja en una reforma tributaria que recaude, en régimen, entre el 8% y el 9% del PIB. La mitad de esta recaudación (entre el 4% y el 5% del PIB) proviene de “reducir la evasión, junto con eliminar exenciones tributarias injustificadas. Se simplificará el sistema tributario a través de la desintegración, manteniendo y mejorando el régimen especial para las pymes. La otra mitad provendrá de impuestos a los altos patrimonios y el royalty minero. Estamos analizando un alza del impuesto a la renta para los tramos más altos, principalmente aquellos contribuyentes del 1% de más altos ingresos”. También incluyen impuestos verdes para combatir el cambio climático.

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