La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, entregó este martes su programa de gobierno. Al igual que la propuesta de la candidata del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, en este se dedican varias páginas al tema económico.

En lo central, se pone como meta lograr en el cuarto año de su mandato un crecimiento de la economía de 4% y en materia tributaria se reafirma la idea de rebajar el impuesto a las empresas, pero ahora se fija un plazo de más largo plazo. Esto, porque se plantea que primero se bajará “inmediatamente el impuesto corporativo al promedio de la OCDE (23%), con la meta de llegar al 18% en diez años. Adicionalmente, se rebajará el impuesto a las Pymes al 10%”.

Además, se menciona que se regresará a un régimen integrado de impuesto a la renta, para incentivar el ahorro y la reinversión de utilidades, sujeto a la sostenibilidad fiscal.

Y se crearán contratos de invariabilidad tributaria de hasta 20 años para atraer grandes inversiones, garantizando la estabilidad de las reglas del juego, se indica.

Modernización del Estado

En lo que se refiere a la administración del Estado, se propone recortar US$8 mil millones en gasto público mal asignado en los cuatro años de gobierno. En este eje, se menciona que “se retomará el Presupuesto Base Cero para justificar cada gasto y reasignar recursos a urgencias sociales, priorizando la eficiencia, especialmente en el sector salud”.

Otra propuesta apunta a que se aplicarán medidas de austeridad, como el crecimiento cero del empleo público, una reducción del 50% en los cargos de confianza y una disminución de los costos operacionales, incluyendo horas extras y viáticos.

Para reducir el Estado, “el presidente de la República en un plazo de tres meses entregará una propuesta de reducción de ministerios con la meta de llegar al menos al promedio de la OCDE“.

Empleo

En lo relativo al mercado laboral, Matthei establece como meta la creación de un millón de nuevos puestos de trabajo.

¿Cómo pretenden lograrlo? Según se detalla, la primera propuesta para lograrlo es la reformulando los actuales subsidios laborales de mujeres y jóvenes, avanzando “hacia instrumentos que incentiven activamente la formalización y la contratación en sectores prioritarios, incluyendo mujeres, jóvenes y adultos mayores”.

También se pretenden simplificar los trámites a través de una ventanilla única para la inscripción en el sistema laboral y tributario, fortaleciendo la fiscalización del SII (Servicio de Impuestos Internos) y se condicionará la obtención y renovación de permisos a la formalización de actividades y pago de cotizaciones de los trabajadores.

Otra medida para impulsar el mercado laboral es que se modificará el actual proyecto de sala cuna, “aumentando el monto del beneficio, permitir su uso en establecimientos con y sin fines de lucro e incluir gradualmente a los padres en el beneficio”.

En este ámbito se entregará un subsidio monetario, en la lógica del subsidio Protege, para que sea la mujer quién decida dónde cuidar a su hijo mientras trabaja y se entregará un subsidio de $200.000 por seis meses a las mujeres que consigan un empleo formal, incentivando su incorporación al mercado del trabajo.

Además se impulsarán medidas de flexibilidad laboral, “con jornadas calculadas de forma anualizada, turnos compartidos, retiro progresivo y jornadas que se adapten a las necesidades del trabajador, respetando siempre sus derechos fundamentales. Esto permitirá a las empresas adaptarse a sus ciclos productivos y entregar oportunidades especialmente a mujeres, jóvenes y adultos mayores”.

Por último, se buscará establecer bandas horarias para todos los rubros y habilitar la contratación por horas, con pleno acceso a seguridad social.

Permisología

Para impulsar el crecimiento económico, se señala que se avanzará en eliminar la “permisología” en Chile, “para que el Estado se convierta en un facilitador de la inversión, el empleo y el desarrollo”.

Para llevarlo a la práctica “se revisará todo el sistema de permisos sectoriales para racionalizarlo, disminuir la discrecionalidad, simplificarlo y adecuarlo a un ecosistema full digital”, se indica.

Habrá una unidad instalada en Presidencia que estará a cargo de establecer vías rápidas o fast track para proyectos de gran envergadura (US$100 millones o más), con el fin de destrabar los cuellos de botella regulatorios en entidades clave.

Asimismo, se priorizará una cartera de 30 proyectos de infraestructura, considerando su relevancia para la comunidad local y el impacto al desarrollo y empleo regional.

Y se fortalecerá la institucionalidad del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), “dotándolo de autonomía y rigor técnico, y se simplificarán los procesos. Se agilizará la justicia ambiental y se exigirá más transparencia a las ONGs. Además, se reformará el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) para simplificar y acelerar los permisos”.