Un fuerte incremento en las cifras de insolvencia personal develan los datos del Observatorio Estadístico de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) al cierre del primer semestre de 2025. Se trata de aumentos significativos en los procedimientos concursales iniciados por personas, tanto en liquidaciones como en renegociaciones, en comparación con igual período del año anterior.

Entre enero y junio de 2025, se registraron 3.085 procedimientos de liquidación voluntaria de personas. En el mismo período de 2024, se habían contabilizado 1.998. El aumento es de 1.087 casos, equivalente a un crecimiento de 54,4%.

En cuanto a la renegociación de deudas de personas, en el primer semestre de este año se iniciaron 1.678 procesos, frente a los 926 registrados en igual tramo de 2024. Esto representa un incremento de 752 casos, equivalente a un alza de 81,2%.

En el ámbito de las firmas, la liquidación de empresas subió de 298 casos en el primer semestre de 2024 a 321 en el mismo período de 2025. El aumento es de 23 procedimientos, lo que equivale a una variación de 7,7%.

Por el contrario, los procedimientos de reorganización de empresas disminuyeron. En los primeros seis meses de 2024 se registraron 27 reorganizaciones, mientras que en igual período de 2025 la cifra bajó a 18, con una caída de 9 casos, equivalente a una disminución del 33,3%.

La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento explicó a Pulso que “no hemos determinado una correlación significativa y directa entre los vaivenes de la economía y la cantidad de solicitudes de procedimientos concursales, porque sigue siendo un procedimiento residual que las personas acuden como última alternativa. Antes están la repactación y refinanciamiento con sus propios acreedores, prestamos familiares, entre otros”.

“No obstante, todo indica que la alta demanda por el procedimiento de renegociación podría mantenerse en ascenso. La inclusión de los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios, sumado al carácter gratuito, administrativo y sin necesidad de abogados del proceso, ha facilitado el acceso y generado un uso importante de este trámite”.

“En ese contexto, uno de nuestros desafíos en lo que queda de este año es el de robustecer la renegociación, trabajando para ello en una amplia variedad de medidas que nos permitan responder de forma oportuna a quienes confían en este mecanismo”, añadió.

Según la Superir el alza de las liquidaciones simplificadas, “refleja no solo el impacto positivo de la Ley N.º 21.563 en la ampliación del acceso a los mecanismos concursales, sino también nos plantean una serie de desafíos institucionales que debemos abordar con decisión y sentido de urgencia, como fortalecer la capacitación a nuestros funcionarios y funcionarias en materias propias de las Mipes, en aspectos contables y tributarios, por ejemplo, además de continuar potenciando nuestro programa de Educación Financiera”.

Detalles

Consultado por cómo se desarrollarán los procedimientos concursales durante el presente semestre, Francisco Bañados, socio de ABI Abogados, respondió: “Creo que se mantendrán las estadísticas de este año en cuanto al número de casos. Pienso que estamos muy lejos de que vuelvan a tasas más bajas”.

Ricardo Reveco, socio de Carey sostuvo que “no hemos visto un aumento de procesos concursales de reorganización en este semestre. Simplemente hemos visto que algunas industrias que venían ya afectadas, y que no logran recuperarse, formalicen procesos concursales, especialmente en la industria inmobiliaria, construcción y afines”.

“En el último tiempo, hemos visto también reestructuraciones fuera de tribunales de empresas de ese tipo de giro. Probablemente el próximo semestre veremos el impacto de la guerra de aranceles, ya sea porque empresas nacionales quedan fuera de competencia (por la reducción de la demanda de sus inventarios o falta de confirmación de sus órdenes de compra) o porque oferta extranjera busque recolocar sus productos en Chile a precios ultracompetitivos, con el subsecuente impacto en la industria nacional”, sostuvo.

Luis Felipe Castañeda, socio de Castañeda & Pino Abogados señaló: “El país enfrenta una enorme incertidumbre respecto del resultado de las elecciones presidenciales y los efectos económicos que se producirán una vez electo el nuevo Presidente. En dicho escenario, normalmente las inversiones disminuyen ostensiblemente y muchas decisiones quedan pendientes, entrando en un periodo de mantener y esperar”.

“Sin embargo, hay empresas que, debido a situaciones de estrechez de caja y escasez de capital de trabajo, no pueden esperar, lo que permitiría suponer un aumento —no excesivo— de procesos concursales de reorganización judicial", dijo.

Paralelamente, “la misma situación de incertidumbre ya señalada podría llevar a concluir que las liquidaciones voluntarias de personas y empresas debieran mantenerse e incluso disminuir respecto de períodos anteriores, a la espera de un escenario más claro sobre el ciclo económico que se generará a partir del Gobierno que asuma el próximo año, pero que desde noviembre ya comenzará a influir en las decisiones financieras”.