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Ser pobre y mujer en Chile: la doble trampa que el mercado laboral no ha podido resolver

El informe elaborado a partir de la CASEN 2024 por ChileMujeres, OCEC UDP y la Cámara de Comercio de Santiago revela que las brechas de género en el mercado laboral se agudizan de forma crítica entre las mujeres más pobres: en el quintil de menores ingresos, apenas el 29,2% de las mujeres participa en la fuerza laboral.

Andres Perez

Tres de cada diez mujeres del quintil de menores ingresos participa en el mercado laboral chileno. En el quintil más rico, esa cifra sube a ocho de cada diez. La distancia de 48,8 puntos porcentuales entre ambas realidades es el hallazgo central del “Zoom de Género: Especial CASEN 2024”, elaborado por Fundación ChileMujeres, OCEC UDP y la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) a partir de la encuesta CASEN 2024. En ese año, 3.478.364 personas se encontraban en situación de pobreza por ingresos; el 54,4% de ellas, mujeres.

La brecha de participación laboral varía según el nivel de ingreso. En el quintil I, el 46,2% de los hombres participa laboralmente frente al 29,2% de las mujeres —17 puntos porcentuales (pp) de diferencia—. En el quintil V esa brecha cae a 10,9 pp. Para María José Díaz, gerenta general de ChileMujeres, los promedios ocultan lo más relevante: “Una mujer del quintil I y una del quintil V son ambas mujeres, pero sus condiciones de vida y las políticas que las pueden ayudar son completamente distintas.” La agenda de género y la de pobreza, advierte, deben mirarse juntas con esta desagregación.

El cuidado

El informe identifica el trabajo de cuidado no remunerado como el principal motor de la exclusión laboral femenina. En el quintil I, el 15,3% de las mujeres en edad de trabajar está fuera de la fuerza laboral por razones de cuidado de niños, adultos mayores u otros familiares, versus el 2,0% de los hombres del mismo segmento —una brecha de 13,3 pp—. Cuando logran emplearse, más de la mitad (53,6%) lo hace a jornada parcial, frente al 31,0% de los hombres. Entre las mujeres pobres con empleo esa proporción sube al 50,9%.

María Teresa Vial, presidenta de la CCS, precisa que esa alta prevalencia de jornada parcial refleja una restricción objetiva, no una preferencia del mercado. “En gran parte se relaciona con la necesidad de atender el cuidado de familiares y del hogar, existiendo restricciones objetivas para encomendar esos cuidados a terceros”, señala. “Es más bien un factor de disponibilidad de tiempo para dedicar a actividades laborales remuneradas.” La conclusión, dice, no es que el mercado demande jornada parcial: es la ausencia de redes de cuidado la que la impone.

Incluso quienes participan en el mercado enfrentan obstáculos adicionales: la tasa de desempleo femenino en el quintil I es de 26,7%, frente al 24,5% masculino; entre las pobres, asciende al 26,4% versus el 23,4% de los hombres. Juan Bravo, director del OCEC UDP, apunta a la arquitectura legal: “Las leyes laborales encarecen la contratación femenina relativa a los hombres, puesto que su diseño replica una lógica cultural de ausencia de corresponsabilidad.” La regulación de sala cuna y los permisos de cuidado asignados solo a las madres generan un sobrecosto que, en segmentos de menor calificación —donde el piso del salario mínimo impide ajustar vía remuneraciones—, se traduce en menor contratación de mujeres.

Informalidad

El 60,4% de las mujeres ocupadas del quintil I trabaja en la informalidad —58,8% entre las pobres, versus 24,3% de las no pobres—. La mejora respecto a la CASEN 2022 es mínima: solo 0,8 puntos porcentuales menos en dos años en el primer quintil. Sin cotizaciones previsionales ni de salud, estas mujeres acumulan precariedad a lo largo de toda su vida laboral y llegan a la vejez sin ninguna red de protección.

Vial subraya que la formalización en ese segmento requiere un enfoque diferenciado: “Las mujeres que trabajan en la informalidad lo hacen por cuenta propia o dentro de organizaciones informales, y el gran desafío es cómo transformar esas actividades a la formalidad.” La CCS trabaja, explica, en “generar incentivos concretos y realistas” para eliminar las barreras burocráticas y tributarias que mantienen a estas trabajadoras fuera del sistema formal.

Las tres organizaciones coinciden en que no existe una medida única capaz de resolver el problema. Mientras Díaz prioriza la reforma de sala cuna universal, Bravo agrega el acceso garantizado a cuidado de calidad y la capacitación laboral como reformas de mayor impacto en los quintiles bajos. Vial por su parte, destaca el compromiso de la CCS de promover entre sus socias políticas que van más allá del cumplimiento legal, apostando por flexibilidad, corresponsabilidad e inclusión como condiciones para avanzar.

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