Sofisticados drones serán la nueva estrategia de seguridad en Santiago

Vistas Santiago

Uno de los factores claves para atraer negocios es la seguridad. Si bien Santiago está bien ubicada en los rankings, no hay que bajar la guardia. Por eso el gobierno acaba de lanzar un nuevo proyecto de casi $800 millones que consiste en un sistema de vigilancia dividido por comunas, donde las "areonaves remotamente pilotadas" (RPAS) son las protagonistas.




Desde pequeños globos aerostáticos, complejas redes de cámaras y cuerpos de seguridad ciudadanos. Con más o menos presupuesto, la mayoría de las comunas de la Región Metropolitana poseen planes para mejorar la seguridad en las calles y casas. No sólo para el bienestar de los habitantes de Santiago, sino también para mantener la calidad de ser una de las ciudades más seguras de América Latina. Un factor clave a la hora de atraer negocios, eventos y empresas multinacionales a estas tierras.

De hecho, según el Índice de Habitabilidad Global 2018 de The Economist, Buenos Aires (posición 62), Santiago (63) y Montevideo (67) son las ciudades mejores para vivir en la región. Las variables a considerar en la categoría "estabilidad de una ciudad" son elementos como la prevalencia de crímenes pequeños o violentos, amenazas terroristas, conflictos militares o enfrentamientos civiles.

Y a pesar de la buena imagen de Santiago, no hay que quedarse dormidos. Debido a esto el gobierno lanzó ayer un proyecto que pretende cambiar varias prácticas en la seguridad de Santiago y solucionar viejos y nuevos problemas de seguridad. Con el nombre de "Televigilancia Móvil", consiste en el uso de sistema de aeronaves remotamente pilotadas ("RPAS")-popularmente conocido como drones- con cámaras de alta definición para obtener información visual y transmitirla en vivo a centrales de monitoreo, con la finalidad de detectar incivilidades, realizar patrullaje preventivo en el territorio y obtener medios probatorios ante delitos flagrantes.

La iniciativa está organizada en conjunto por las intendencias regionales y la Subsecretaría de Prevención del Delito. De hecho, antes de la llegada a Santiago, el proyecto se implementó en la Región de Antofagasta, mediante tres brigadas de Televigilancia distribuidas en la región. Desde diciembre de 2018 a la fecha se han efectuado 747 horas efectivas de vuelo, con aproximadamente 70 detenidos en distintos procedimientos ayudados por los drones. Además, las brigadas han dado soporte a la búsqueda de personas extraviadas en el mar y río, diversificando así su uso a las distintas contingencias.

En Santiago

Pero la capital chilena tiene varias características diferentes con el norte de Chile, partiendo por el tamaño y cantidad de población. La llegada de este nuevo sistema basado en drones a Santiago, tiene su presupuesto bianual de $797.244.014. "Esta es una de las muchas medidas que estamos tomando en materia de seguridad. El estar más cercano a los ciudadanos nos permite reaccionar de manera más rápida y con mejores pruebas para obtener condena", comenta Katherine Martorell, subsecretaria de Prevención del Delito.

Para la puesta en marcha de este plan se contará con la colaboración y apoyo logístico de la Unidad de RPA de la Prefectura Aérea de Carabineros, que aportará 4 brigadas de pilotaje de drones por el plazo de 3 meses. Además se ha dividido la RM en 6 zonas, cada una de ellas integrada por 6 comunas que se irán sumando progresivamente. Por ejemplo, en la Zona 1 está Santiago, Independencia, La Reina, Ñuñoa, Pedro Aguirre Cerda y Providencia.

Las grabaciones deben realizarse en lugares públicos como calles, avenidas y plazas, y sólo en el caso de detectar algún delito flagrante, se podrá proceder a la captura de imágenes en lugares privados abiertos. Con un set de baterías, el modelo Matrice 210 del fabricante DJI, puede lograr vuelos efectivos de 3,5 horas por jornada de trabajo (ver tabla).

Con respecto a la privacidad de los datos, Martorell es clara: "En el caso de los drones, el resguardo de los datos no sólo se refiere a las imágenes en video, sino también a la misma infraestructura. La información está en un servidor en la Intendencia. No se guardan los datos en la nube y se destruyen los videos cada 30 días. Además, no se hace entrega de un video a particulares a menos que lo solicite el Ministerio Público y no se puede ingresar a la sala de monitoreo con algún dispositivo que permita grabar", comenta la subsecretaria que cuenta que están desarrollando manuales acerca del tratamiento de datos.

Incluso, Katherine Martorrell adelanta otro proyecto: "Prontamente vamos a dar a conocer a la ciudadanía una app que permite tener a los ciudadanos los robos en línea".

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