Sonapesca critica al gobierno por su rol en debate por reforma a Ley de Pesca

OSCIEL VELASQUEZ

El gremio, presidido por Osciel Velásquez, reclama no haber sido escuchados en ninguna instancia lo que ha hecho de la tramitación de la normativa, un acto "antidemocrático".


Indignada con el gobierno y con los parlamentarios está la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) -liderada por Osciel Velásquez- por la forma "anti democrática" en que, aseguran, se ha desarrollado la tramitación de la Ley Corta de Pesca, proceso frente al cual alega que la industria no está siendo escuchada.

Uno de los dardos ha estado dirigido contra el Ministro de Economía, José Ramón Valente, quien ha delegado las conversaciones al subsecretario de Pesca, Eduardo Riquelme.

"Desde el regreso a la democracia, todos los ministros de Economía han liderado los cambios a la Ley de Pesca y este ministro está totalmente ausente. Él está hablando de competitividad y empleo, pero no está preocupado de la Ley de Pesca. Aquí hay alguien que no está haciendo bien la pega (sic). Le digo al ministro Valente que se ponga los pantalones, que se los arremangue y que se ponga las botas y que diga que hay un sector importante que debe ser escuchado", indicó Velásquez.

Asimismo, puntualizó que "vemos que las cifras de empleo no crecen como se esperaba, que las promesas de prosperidad y tiempos mejores no llegan a la gente", por lo que alertó, que "con esta forma de cambiar la regulación pesquera, el efecto en el empleo será todavía más grave".

Así, el líder gremial indicó que se está ad portas de una nueva crisis social, toda vez que si la tramitación de la Ley Corta de Pesca prospera con los actuales lineamientos, habrán tomas de compañías y manifestaciones, posibilidades que ya habrían esbozado los trabajadores a las empresas frente a eventuales desvinculaciones a futuro.

"Vemos con estupor que el gobierno sólo reacciona con aquellos que queman neumáticos y lanzan piedras, como en el paro portuario. ¿De verdad ese es el camino?", dijo, añadiendo que la medida ponía en riesgos unos 80 mil empleos directos e indirectos. "Eso equivale a 67 cierres de la planta de Maersk", enfatizó.

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