Tal como a comienzos de 2008 el sector agrícola argentino amenaza con poner en jaque la estabilidad del gobierno. Mientras hace tres años el reclamo era por un alza del gravamen a las exportaciones, ahora las principales entidades rurales de Argentina iniciaron una protesta por el alza de impuestos a las tierras rurales que el Congreso de Buenos Aires busca impulsar para paliar las dificultades presupuestarias del país.

Argentina es uno de los principales exportadores de alimentos del mundo y Buenos Aires la mayor provincia agropecuaria del país.

Luego de la aprobación de los diputados, el jueves pasado el proyecto fue sancionado por el Senado. El gobierno argumenta que son pocos los que serían afectados por esta alza. “El 62% (de los agricultores) no sufre modificaciones o tiende a la baja (la suma que paga en impuestos)”, dijo Gustavo Arrieta, ministro de Asuntos Agrarios de la provincia.

Sin embargo, las cuatro mayores asociaciones rurales del país no están de acuerdo. “El confiscatorio zarpazo fiscal se efectúa en un contexto en el que los productores se ven fuertemente afectados por la sequía primero y ahora por las inundaciones, y perpetúa una transferencia de recursos inaudita desde las comunidades del interior al Gobierno Nacional”, dijeron en un comunicado. Durante los nueve días de huelga dejarán de vender granos y ganado.

Aunque esto trae a la memoria la crisis vivida en 2008, cuando las mismas agrupaciones lideraron una agresiva protesta que sumió al gobierno en una crisis y generó fuertes trabas a la economía, analistas plantean que es muy pronto para hacer comparaciones.

Para Sebastián Briozzo, director de crédito soberano de Standard & Poor’s, el agro ha tenido altos niveles de rentabilidad donde, a pesar de la sequía, los precios siguen siendo buenos. Por lo tanto, cree que todavía no se ve un riesgo vital, algo que sí podría cambiar si el precio de la soya cayera.