En columnas previas me he referido a los difíciles momentos que en los últimos años ha experimentado la Empresa Nacional del Petróleo (Enap). Muestra de esto es que la clasificadora de riesgo Moody’s rebajó hace poco tiempo la clasificación de riesgo de la compañía estatal, colocándola en un panorama de evolución negativa, dado su alto endeudamiento y volatilidad de ingresos. De acuerdo a la clasificadora, Enap tiene una gran necesidad de refinanciamiento y destaca la necesidad de que el Estado inyecte capital. Hay que recordar que el 2010 el Estado capitalizó a la empresa por US$ 480 millones.

Los números financieros de la petrolera estatal son francamente paupérrimos, con pérdidas de US$ 170 millones durante el primer semestre, pasivos exigibles que superan los US$ 6.400 y un apalancamiento financiero (relación entre deuda y patrimonio) que alcanzó la estrambótica cifra de casi 31 veces (duplicando este indicador en seis meses).

¿Cómo es posible que una empresa llegue a operar con este nivel de indicadores de endeudamiento?. Muy simple, sus acreedores asumen que los bonos y préstamos de la empresa cuentan con una garantía implícita del Estado, aunque éstos no cuenten con un aval explícito estatal, esto es, con los recursos de los contribuyentes. De hecho, la clasificación otorgada por Moody’s, Baa2, de “riesgo moderado de crédito”, sólo se obtiene debido a la garantía implícita del Estado. Cualquier empresa privada con esos indicadores tendría una deuda que seria calificada de “basura” o una situación de cuasi quiebra.

¿Qué factores explican esta compleja condición de Enap?. Ya hemos señalado que, por una parte, viene dada por ser una empresa cuyas reservas de hidrocarburos prácticamente están agotadas, por lo que su negocio actual consiste en la refinación y comercialización de combustible, un rubro en donde es discutible la participación estatal y donde ha tenido malos resultados, en parte por el uso político con el que muchas veces se fijan los precios de los combustibles. Por otra parte, por la inadecuada estructura de su gobierno corporativo, debido a que varios de sus miembros representan los intereses de sus respectivas y múltiples organizaciones, pero no así necesariamente los de la compañía.

Además, por los números históricos y decisiones de expansión al extranjero (en países como Argentina, Irán y Egipto…), la estatal parece más bien capturada por los gobiernos de turno y por presiones de diversa índole que con una estrategia que privilegie un análisis profundo acerca de la viabilidad de largo plazo de la empresa y que, a continuación, establezca una fuerte reestructuración de su modelo de negocios y eventualmente de su propiedad para que en el mediano plazo deje de representar una constante sangría para las arcas públicas.

No es consistente ni justo que, por una parte, los gobiernos de turno sigan llevando a cabo reformas tributarias que implican traspasar mayores recursos desde los privados hacia el sector público y, por otro lado, algunas empresas estatales como Enap muestren sistemáticamente altas pérdidas y ningún gobierno se ponga las pilas con vistas a cambiar esta lamentable situación. Tampoco es la solución lo que un grupo de senadores planteó hace poco, en el sentido de eximir a la estatal del pago de aranceles a la importación de crudo, lo que consagraría un privilegio injustificado con un claro sesgo anticompetitivo en el mercado de la refinación...

*El autor es socio Alta Dirección y decano FEN Ucinf.