Un imperativo del gobierno del presidente Sebastián Piñera es avanzar hacia la modernización total de nuestro sistema judicial, con el objeto de hacerlo más eficiente y cercano a las personas. Es por ello que hemos presentado un nuevo Código Procesal Civil, con lo que damos inicio a una profunda reforma en el área, republicana y con visión de Estado. El texto vendrá a remplazar al Código de Procedimiento, vigente desde 1903, que regula la resolución de conflictos civiles mediante procedimientos e institutos procesales de una realidad política, social y económica del siglo XIX. Se trata de un cuerpo normativo descontextualizado, lento y lejano, que sólo desincentiva que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos o responder por sus deberes. Con esta reforma entregamos a los chilenos una herramienta moderna y efectiva para las pretensiones de las partes ante sede judicial, con preeminencia de la oralidad, la buena fe procesal y la inmediación. La justicia civil representa 60% de las causas que ingresan a nuestros tribunales. Se trata de un promedio de 1,2 millones de casos anuales que se resuelven en promedio en cinco años y más, sólo considerando la primera instancia. De este total, más del 80% son procedimientos ejecutivos, que tienen por objeto dar cumplimiento a una orden de pago y no para discutir temas jurídicos de fondo, que agregan otros 870 días de tramitación. La necesidad de hacer mejoras sustanciales a la luz de estos datos es evidente y concita apoyo político, académico y social transversal. Llegamos a esta reforma después de un minucioso trabajo que incorporó la visión de destacados académicos, parlamentarios y abogados. Nuestro país, y así lo han entendido todos quienes han colaborado en la redacción de este proyecto de un nuevo Código Procesal Civil, necesita de un cambio profundo y duradero, que nos permita no sólo modernizar nuestra judicatura, sino también conseguir que cada persona cuente con una herramienta efectiva de protección de sus derechos, del cumplimiento de sus deberes y el necesario equilibrio procesal frente a nuestros tribunales. P

El autor es ministro de Justicia.