Varios han sido los intentos de gobiernos y parlamentarios en la última década para reformar la actual normativa que rige a los notarios y conservadores de bienes raíces en el país que data del siglo XIX.

Todas las tentativas han fallado.

Ahora, por tercera vez, La Moneda enviará a fines de año o inicios del próximo a la agenda legislativa una nueva reforma al sistema notarial de Chile, respondiendo a una necesidad “ya” ciudadana y comprometida en el programa de gobierno de la Presidenta Bachelet, anticipa el ministro de Justicia, José Antonio Gómez.

“Queremos hacer un cambio realmente importante en este tema, porque es uno de los asuntos que afectan más directamente a la ciudadanía”, precisa.

Dialogo prelegislativo

Para  sacar adelante un proyecto tan “complejo” y que no se repita lo de anteriores oportunidades, el ministro parte diciendo que están trabajando por lograr “los mayores consensos posibles” y que un 90% de la iniciativa ya está lista.

Reconoce que en este tema existe un fuerte y poderoso  lobby de parte de los directamente involucrados : “Los notarios han intentado mantener el status quo, porque es un lugar donde tienen asegurado un cierto ingreso y cuando uno quiere romper eso empiezan las conversaciones en torno a que ese cambio produce un problema de fondo en la fe pública”.

Iniciaron un trabajo transversal a diferencia de las anteriores iniciativas, en cuanto a participantes, porque han conversado con los involucrados, notarios y conservadores, instituciones y el gobierno. “Podremos tener tropiezos en la discusión parlamentaria, pero el proyecto como tal y la estructura , lo vamos a impulsar con toda la fuerza del mundo”, comenta.

Permanencia y ubicación

El  proyecto aborda varias áreas: una se refiere al ingreso, permanencia y expulsión de quiénes ostentan estos cargos.  Adelanta que  van a establecer un sistema de concurso público, donde se evalúe un cierto conocimiento del sistema para poder integrarlo. Para ello, el equipo que elabora la iniciativa está analizando con la Academia Judicial si pueden ofrecer la capacitación correspondiente.

Lo segundo, explica el ministro, es exigir permanencia a los notarios en los lugares donde  postulan, porque generalmente ingresan por los lugares más pequeños pero van escalando rápido hacia otros más grandes: “La idea es que quien postule a Chile Chico se quede tres años allá y cumpla”, afirma.

En esta misma línea, la iniciativa buscará que el sistema notarial y registral crezca para que existan más posibilidades de acceso a estos  servicios. Esto, a juicio de la autoridad, va a permitir también “democratizar el uso de las notarias, porque hoy día vemos 40 notarías en la comuna de Santiago, cuando hay otras comunas de la región Metropolitana que no tienen ninguna. La idea es poner asientos obligatorios en las comunas. No que se nombren y luego se instalen en el centro de la capital”, ejemplifica.

Fiscalización

Otro tema no menor, precisa la autoridad, es la fiscalización de la actividad.

Para ello el proyecto contempla dos líneas de control. La primera es interna: “Con  procesos de auditoría cada cierto tiempo y según se acuerde en la ley o el reglamento, para ver el desarrollo de la actividad tanto en recursos, atención, demora o tecnología que se les  exigirá implementar. Y lo segundo, tiene que ver con un riguroso sistema  de sanciones cuando no se cumplan los deberes”,  asevera Gómez.

Añade que esperan contar con sistemas de fiscalización reales. “Hoy día existe en el Poder Judicial con los ministros visitadores, pero la verdad es que si uno mira las estadísticas no existe un correlato real entre lo que ve y vive la opinión pública en este sistema de registro”, precisa.

Para hacer frente a esto, el gobierno está analizando junto al Poder Judicial la alternativa de que los fiscales judiciales  creen una especie de “procuraduría” que  se encargue de fiscalizar a los notarios y conservadores.

Esta institución, asegura, sería también la encargada de recibir los reclamos de los usuarios, con un mecanismo de resolución para sancionar si cometen irregularidades.

“Esta instancia contaría con una rigurosa determinación de sanciones, desde la amonestación a la expulsión del notariado, si sus faltas así lo ameritan”, recalca el ministro.

Cobros

Respecto a los costos asociados a los trámites ejecutados por notarios y conservadores, el secretario de Estado observa que establecerán  un sistema claro de cobro  donde no se puedan exceder  los montos acordados.  “Si no, va a haber  sanciones pecuniarias o administrativas que lo pueden llevar incluso hasta salir del sistema. Todo esto lo hemos estado trabajando con la Asociación de Notarios y Conservadores, donde quizás hay alguna resistencia, pero no será la misma que ha existido otras veces”, puntualiza.

Conservadores

Para renovar el sistema de Conservadores de Bienes Raíces, el ministro es concreto: “Vamos a hacer algo que nunca se ha logrado, que es dividir el Conservador. En el caso de la región Metropolitana tenemos dos conservadores y lo vamos a dividir en siete u ocho. También vamos a hacer asociación de comunas, lo que va a permitir que si en la zona norte tenemos un conservador, las personas van a poder ir allá a hacer sus trámites y no tener que ir a la comuna de Santiago. La idea es que haya una diversidad mayor ”, dice.

Temas sensibles

Gómez califica como “bien” el trabajo que lleva adelante el Ministerio de Justicia con las directivas de las instituciones involucradas.

“Diría que hay un preacuerdo, por ejemplo, en hacer modificaciones. No están en desacuerdo -a pesar de los controles- de las limitaciones que se les impondrían”, comenta.

Esta nueva mirada, dice la autoridad, considera también que la opinión pública quiere un cambio, “hoy día es más difícil de resistir estas modificaciones”, destaca.

Al respecto, uno de los temas que podría generar más controversia es la duración de los notarios en sus cargos. En este aspecto, señala, no hay plazos aún determinados, sólo aproximaciones.

Se ha planteado en las discusiones que las autoridades de fe pública se mantengan 10 años en el cargo, “pero eso es complejo porque si un abogado decide ser notario, va a tener que ir a concurso público y dedicarle tiempo a esto”.

Sí, destaca que se incorporarán obligaciones ciudadanas. “Probablemente vamos a poner algunas actuaciones que sean gratuitas en consideración a ciertos parámetros. Entonces quien  se incorpore al sistema notarial hoy día ya no va a entrar a una caja pagadora, ni a un negocio, sino que va a tener ciertas obligaciones. Si ese objetivo  se logra, no creo que sea razonable que uno le diga dure 10 años y luego se va. Lo que sí , hay que obligarlos a cierta permanencia en los lugares donde decidan postular “, comenta.

El gobierno busca que los notarios se vinculen con la comunidad, “no sólo pasar a firmar y que la caja registradora suene. Si soy notario y no me gusta lo que estoy haciendo, renuncio; pero si quiero seguir el sistema debería permitirlo hasta cierto límite de edad”, la cual aún no está fijada, pero se piensa  hasta los 75 años de edad.

Un último tema que podría ser más discutido es lo relacionado con la incorporación de una plataforma electrónica, y reemplazar de a poco el acto de firma presencial por uno “on line”.

El ministro reconoce la importancia de la modernización  computacional de este rubro- y valora la nueva plataforma que instaurará la Asociación de Notarios y Conservadores y Archiveros Judiciales a partir del 22 de noviembre próximo - pero igual tiene  dudas.

“Es complejo, porque el sistema necesita ciertas certezas, porque si el notario hace algo irregular le van a caer sanciones pecuniarias, penales. Por ejemplo, cuando está en juego el patrimonio o una situación familiar determinada, creo que debería ser obligatoria la presencia física” de un notario, explica.