El esperado proyecto de ley que busca regular a las plataformas electrónicas para el transporte privado como Uber y Cabify por fin comienza a tomar forma.

La normativa, que surgió tras el amplio rechazo de las agrupaciones de taxistas por este tipo de servicio, fue ingresado ayer al Congreso, iniciando su tramitación en la Cámara de Diputados.

De acuerdo con su articulado, estas empresas podrán operar si realizan un pago por kilómetro recorrido al Estado, que permita controlar la oferta de servicios de transporte remunerado de pasajeros ofrecida con vehículos que no sean taxis, y evitando de este modo un incremento de la congestión en las ciudades.

Los ingresos obtenidos, según establece el proyecto de ley, integrarán un Fondo para la Innovación del Transporte Remunerador de Pasajeros que financiará proyectos que permitan la incorporación de nuevas tecnologías en los vehículos de transporte remunerado de pasajeros con el propósito de facilitar su modernización, ya sea en la renovación de vehículos que presten servicios de transporte de taxis por otros que incorporen tecnologías más eficientes y mejoras en seguridad; y a retribuir la adquisición de inscripciones de taxis en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros.

Asimismo, se le entregará a los operadores la función de condicionar o eximir del pago por kilómetro recorrido en determinados períodos de tiempo, horarios y zonas de aplicación.

Otra área que abarca este proyecto de ley es que los conductores que trabajen para estas empresas deberán contar con licencia profesional tal cual se exige hoy a los choferes de taxis y automóviles de turismo privado.

Adicionalmente, se obligará a las empresas a entregar información sobre viajes al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de modo que ésta pueda ser usada en la gestión del tráfico y en el diseño de nuevas políticas para el transporte remunerado de pasajeros. Esto es lugares de recogida y bajada de pasajeros, hora y duración de los viajes, así como una evaluación del viaje.

Por ello, se creará un Registro de Plataformas Tecnológicas que administrará el Ministerio, de manera de contar con la información sobre el representante de cada plataforma y los vehículos y conductores asociados. Se sancionará con la suspensión de licencia a los conductores que no se encuentren inscritos.

Además, sólo podrán operar los vehículos que cumplan con los estándares de confort y tecnología que serán definidos por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

Reacciones

“Nos preocupan algunos requisitos que limitan la posibilidad de los chilenos a acceder y elegir viajes seguros, confiables y con precios cómodos; la oportunidad para los socios-conductores de acceder a una oportunidad de emprendimiento para mejorar su calidad de vida; y la oportunidad para las ciudades de reducir el número de autos privados en las calles y extender la cobertura del transporte público”, señaló en una declaración Uber Chile.

El proyecto también recibió críticas de los parlamentarios. El diputado RN, Leopoldo Pérez, sostuvo que “es un proyecto débil, incompleto, con muchas contradicciones”.

Aseguradoras en alerta por primas con autos Uber y Cabify

Desde que los autos particulares comenzaron a usarse para fines comerciales, via UBER o Cabify, las aseguradoras están en alerta. Ello debido al mayor riesgo de siniestralidad de vehículos, por un mayor uso, y la toma de pasajeros, situación distinta a la que se evaluó cuando se realizó el contrato de seguros de vehículos. Ante la situacíón, la primera medida, según comentan en el sector, es que en las próximas renegociaciones de pólizas (que se hacen anualmente) el asegurado deberá declarar expresamente que el uso del auto es particular, y en caso de haber un accidente de tipo comercial por uso del auto en Uber, la póliza no cubrirá. Aunque en el sector, reconocen que no ha habido una aumento significativo de los siniestros, en los casos registrados hasta ahora se han cubierto, dada la dificultad de comprobar el uso comercial del vehículo. Por ello, las compañías de seguros están haciendo los estudios legales para determinar la mejor forma de dejar esto explicitado en los contratos.