Realidad invisible: Primer estudio en mujeres privadas de libertad revela que solo el 30% recibe apoyo en reinserción y 64% de reincidentes tiene consumo problemático de drogas

Cárcel de mujeres de Concepción. Foto: Agencia Uno

Hablar de éxito en reinserción no se mide solo por ausencia de delito, destaca colaboración técnico-privada que siguió a 225 mujeres. Implica integración al contexto social al que vuelven. Tambien considerar que a la fragilidad de vida penitenciaria, suman pobreza y violencia de género previas.




“Estuve toda la vida presa. Entonces ya no quiero más. Ya no quiero esas cosas, ya lo único que quiero es estar tranquila, sin problemas, nada poh. Eso es lo único que quiero”. Ese relato, recopilado en un taller de mujeres que estuvieron privadas de libertad hecho por las investigadoras Jacinta Rodríguez y Paula Vidal en su tesis de pregrado de Sociología, es un reflejo de una realidad desconocida: la vida de mujeres recluidas y lo que experimentan al salir.

Pensar en población penitenciaria generalmente es considerar a hombres. Eso no es casual. El mayor porcentaje son hombres (89,5%) y las mujeres son mucho menos (10,5%), según datos de Gendarmería de Chile. Eso influye en que gran parte de los enfoques se hagan desde la mirada masculina. De las mujeres se ignoran sus distintas realidades, tanto en la reclusión como en la transición a una vida libre.

El último paso, salir, lo hacen con poco o nulo apoyo. También con miedo. Están libres, pero se les cierran las puertas. Así da cuenta el relato sobre qué les dicen al buscar trabajo: “‘No sabí que, no, tú tení antecedentes y la cuestión’. Pero, ¿qué más puedo hacer?, o sea, auxiliar de aseo tampoco porque ‘tení antecedentes’. No se te abren las puertas pah nada poh. Para nada. O sea, como que, en ese sentido la reinserción social es como las hueas, porque en todos lados te cierran las puertas por tener antecedentes”.

De las mujeres que salen en libertad en Chile el 65% dice que tener un empleo sería muy importante para su reinserción. Pero el 70% reconoce que sería difícil obtenerlo. Además, las que admiten apoyo de instituciones o del Estado para la reinserción es un porcentaje muy bajo: Solo el 20% accedió a algún subsidio y apenas un 30% tuvo contacto con instituciones que podrían apoyar esa etapa.

Así lo establece un inédito estudio en Chile titulado Reinserción, Desistimiento y Reincidencia en Mujeres Privadas de Libertad en Chile, del Centro de Estudios Justicia y Sociedad del Instituto de Sociología UC, con la colaboración de Fundación San Carlos de Maipo y Fundación Colunga.

El mayor porcentaje de la población penitenciaria son hombres (89,5%) y las mujeres son mucho menos (10,5%), según datos estadísticos de Gendarmería de Chile. Foto: Agencia Uno.

Realizado por Pilar Larroulet junto a los investigadores asociados Sebastián Daza, Paloma del Villar, Catalina Droppelmann y Ana Figueroa, del Centro de Estudios Justicia y Sociedad del Instituto de Sociología UC, es la primera investigación en hacer un seguimiento de mujeres al salir en libertad en el país.

Contempló a 225 mujeres que, habiendo cumplido una condena privativa de libertad de al menos 30 días, egresaran de las unidades penales de Santiago entre septiembre de 2016 y marzo de 2017. Todas fueron chilenas y próximas a egresar de la unidad por cumplimiento del total de su condena o por haber accedido a libertad condicional.

Realidad invisible

El estudio no solo identifica los obstáculos y facilitadores de la transición al medio libre, también detalla distintos perfiles y necesidades de intervención para cada uno.

“No todas las mujeres que delinquen lo hacen por las mismas razones, ni viven las mismas realidades”, aclara Pilar Larroulet, investigadora principal, académica del Instituto de Sociología UC y profesora asociada al Centro de Estudios Justicia y Sociedad.

Un primer perfil, el 31%, se vincula principalmente con delitos de drogas, muestran un inicio tardío en el delito y una mínima inserción en un estilo de vida delictual. Tienen en promedio mayor edad, presentan menor probabilidad de reportar factores asociados a reincidencia y mayor acceso a herramientas de reinserción.

El segundo grupo (29%), es un patrón intermedio en términos de involucramiento en el delito, con mayor participación en aquellos contra la propiedad y baja identificación delictual, pero mayor participación en grupos de pares desviados. En tanto, el tercero (40%), son mujeres más jóvenes, multi-reincidentes, vinculadas a delitos de hurto, y altamente involucradas en un estilo de vida desviado. Ellas, añade el trabajo, “presentan una mayor identidad delictual y, particularmente, un alto nivel de consumo problemático de sustancias”.

Es neceario considerar esos distintos perfiles, sus necesidades y fortalezas, al momento de pensar en políticas de reinserción. También una perspectiva de género en el fenómeno carcelario dice Rafael Rodríguez, jefe del área de estudios y desarrollo de Fundación San Carlos de Maipo: “siempre se ve desde una perspectiva masculina, claro, ellos son el 90% de la población penitenciaria y el público femenino un porcentaje mucho menor, por eso esta información puede ser utilizada en políticas públicas”. Una colaboración técnico-privada muy valiosa, añade.

Arturo Celedón, Director Ejecutivo de Fundación Colunga, destaca que es un tema invisible, “son lugares que no queremos ver en la sociedad chilena”. Porque si bien son un bajo porcentaje, añade “es un número significativo, son muchas vidas que están presentes y que se ven afectadas”. No existía una construcción de conocimiento sistemático de qué ocurre cuándo salían del sistema penitenciario, “solo algunas ONG asociadas a iglesia eran las que realizan esa tarea”, dice Celedón.

Doble vulneración

“Si bien el apoyo a este grupo de mujeres es importante, sigue siendo insuficiente”, explica Fernanda Cueto de Red de Acción Carcelaria. Es necesario implementar políticas que aborden la complejidad del fenómeno, ya que se trata de mujeres con vidas marcadas por la marginalidad y abandono.

“Debe haber un cambio estructural que tome en cuenta sus particularidades y una perspectiva de género interseccional. En ese sentido, este estudio es fundamental porque nos da ciertas luces de hacia dónde avanzar”, asegura Cueto.

Además de las fragilidades de la vida penitenciaria como que solo cerca de un tercio acceden a educación (28%), a capacitaciones (37%), y a talleres (41%), además que menos del 10% reporta haber participado en tratamiento de drogas y un quinto en alguna atención de salud mental, Celedón resalta que existe una doble vulneración “ellas nunca han tenido la posibilidad de estar incluidas socialmente, es una historia de exclusión sistemática y de vulneraciones de género muy fuerte”.

Salen en libertad enfrentando una serie de desafíos. La mayoría son madres (89%), con un promedio de 2,5 hijos. El 70% tenía al menos un hijo menor de edad al salir en libertad. Solo un 16% de los niños menores de edad residen con el padre biológico mientras la madre está encarcelada.

A pesar de las altas expectativas de vivir con sus hijos (66% declara eso al salir), cerca del 40% de mujeres no vive con ningún hijo al egreso. Su familia, compuesta principalmente por los abuelos maternos, dice el estudio “siguen jugando un rol central en los meses posteriores al egreso, principalmente en términos de cuidado y apoyo económico”.

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La mayoría son madres (89%), con un promedio de 2,5 hijos. El 70% tenía al menos un hijo menor de edad al salir en libertad. Solo un 16% de los niños menores de edad residen con el padre biológico mientras la madre está encarcelada.

En términos de empleabilidad, solo un tercio tiene educación media completa, la mitad no contaba con ningún tipo de empleo al ingresar a la cárcel, y, entre quienes habían trabajado, la mayoría lo había hecho de manera informal y en empleos poco calificados.

Muestran además, una alta prevalencia de problemas de salud física (66% alguna enfermedad crónica) y consumo problemático de sustancias (40%). Ese último aspecto un claro factor de riesgo para la reincidencia: casi 70% de quienes reinciden (64%) reportan consumo problemático de drogas, frente a 15% de quienes no lo hacen.

Las condiciones en que las mujeres están privadas de libertad implican vulneraciones importantes que hacen difícil la reinserción, dice Rodríguez. “Varias de ellas tienen características de pobreza, pocos datos de ayuda pro sociales, hay un porcentaje muy grande que no logra vivir en un solo lugar, no todas viven con sus hijos y familia, más precariedad laboral”.

Durante los primeros doce meses el 56% busca empleo en algún minuto. Entre las que no buscan algunas acusan problemas de salud, de cuidado de otros o por tener antecedentes. Otras dan cuenta de falta de interés, no quieren buscar, no lo necesita, o se encuentran delinquiendo. Pero llegan a tener algún tipo de empleo, explica Larroulet duran 1 o 2 días, “son precarios, por cuenta propia y no generan estabilidad, son de supervivencia para generar ciertos recursos, y también porque su gran mayoría son madres de hijos menores de edad”.

Familia, principal apoyo

El proceso de reinserción social que experimentan no es solo que no delincan, “sino que también puedan reinsertarse al entorno social familia, trabajo y barrios”, destaca Larroulet. Sin embargo, Los datos muestran que es un proceso desafiante “que descansa en la propia decisión de la mujer de avanzar y de la familia, y que cuenta con poco apoyo del Estado”.

La familia constituye la fuente de apoyo fundamental durante y después de la privación. Los familiares les entregan ropa y elementos de aseo, y las ayudan en la mantención económica de los niños. También quienes le dan apoyo emocional durante el encarcelamiento. Al egreso, son quienes ofrecen un lugar donde vivir (al menos 40% vive en casa de algún familiar en cada medición), apoyo económico y emocional y ayuda en el cuidado y manutención de los hijos.

Sin embargo, para algunas la familia emerge como una fuente de riesgo de reincidencia dado su propio involucramiento en delito (57% reporta al menos un familiar actualmente preso), o por haber experimentado violencia durante la infancia o adultez (69% vivió episodio de violencia de pareja, 45% violencia física o sexual siendo menor de edad).

Esos datos refuerzan que el trabajo post penitenciario tiene que perfeccionarse. Muchas no tienen relación con redes comunales, “y están fuera del sistema al no tener Registro Social de Hogares y con eso pierden la ayuda de política pública”, indica Rodríguez. En eso se debería enfocar una política publica, acompañarlas desde hacer trámites administrativos, regularización, postular a beneficios hasta sacar el carnet identidad. “También hay que ayudarlas a establecer contacto con los hijos en caso de estar en Sename, temas administrativos que el sistema debería hacerse cargo de forma permanente”, aclara.

El interés particular de las tres instituciones, sostiene Larroulet, es incidir en la política pública para que se generen políticas atingentes que respondan a lo que ocurre cuando las mujeres están en libertad, “porque hablar de éxito en el proceso de reinserción no puede solo medirse por la ausencia de delito”.

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