Hambre por visitas: La presión en el módulo más duro de la cárcel

La primera advertencia de lo que estaba ocurriendo detrás de los muros del módulo de máxima seguridad quedó escrito en el informe reservado 896/20 que el alcaide del penal, comandante Jonny Avilés Ojeda, envió a las autoridades de Gendarmería el 30 de octubre: “Informa situación negativa de internos a recibir alimentación fiscal”, decía el documento, que entregó las primeras luces sobre el inicio de una medida de presión en esta unidad penal.

La preocupación de las autoridades carcelarias por conocer cada detalle de lo que pasa en esta sección especial no es antojadiza. Y la explicación es simple: los 96 internos que habitan las celdas individuales del penal, repartidas entre los tres pisos del edificio construido en 1994, son de “alto compromiso delictual”. Entre ellos están anarquistas implicados en la colocación de bombas, un exfrentista condenado por el homicidio de un legislador, o reclusos que en otras unidades penales comunes correrían peligro por el alto impacto social de los delitos que se les imputan, como homicidios con violación o crímenes aleatorios de indigentes.

El informe que advertía que estos presos no quieren recibir la comida alertó a las autoridades de Gendarmería no solo porque estaban frente al inicio de una medida de presión, sino porque unía a un grupo de reclusos de alto riesgo para realizar exigencias conjuntas. Esta vez, el objetivo es lograr el retorno de las visitas presenciales a las cárceles, suspendidas desde abril por el Covid-19.

Los reportes internos del penal dicen que casi la totalidad del módulo se sumó a la negativa de recibir comida fiscal, medida que fue ejercida por la mayoría de los presos del módulo de máxima seguridad, pero hubo uno que desordenó el naipe y quiso seguir con su rutina habitual, la cual incluía ir a buscar su comida. El “díscolo” es Hugo Humberto Bustamante Pérez (55), imputado por la violación con femicidio e inhumación ilegal de la menor Ámbar Cornejo, ocurrido el 29 de julio pasado en la comuna de Villa Alemana. Su caso, al igual que él, es aislado dentro de esta unidad especial.

Hugo Bustamante Pérez está solo. Está solo dentro de su celda de dos metros de ancho por 2,5 metros de largo. Está solo en sus salidas de casi una hora a un patio de 25 por 12 metros de diámetro, que se ubica en el primer piso del edificio de Av. Pedro Montt, Santiago. Y está solo los días en que Gendarmería permite a todos los internos recibir videollamadas, ya que él no recibe ninguna desde que ingresó a la cárcel. El 10 de agosto fue formalizado y obligado a cumplir prisión preventiva por el crimen de Ámbar Cornejo (16).

“En el reparto del almuerzo, los internos de la totalidad de los cuatro pisos no retiran alimentos, a excepción del imputado Hugo Bustamante Pérez. En el reparto de la cena, los internos de la totalidad de los cuatro pisos no retiran alimentos, a excepción del imputado Hugo Bustamante Pérez”, detalla un informe del penal. Además de ambas comidas, Bustamante toma un té con azúcar junto con un pan -que puede ser acompañado de dulce de membrillo, queso o jamón- para el desayuno, y una merienda de queso fresco al finalizar la jornada.

Con vigilancia durante las 24 horas del día, tanto de manera presencial por parte de un custodio como a través de cámaras de vigilancia, el imputado de matar a Ámbar Cornejo retomó la rutina que aprendió en 2005, cuando ingresó a la cárcel luego de ser condenado a dos penas de 15 y 12 años como autor de los homicidios de su entonces pareja, Verónica Vásquez, y su hijastro, Eugenio Honorato. Un bullado crimen en Villa Alemana que le valió el apodo del “asesino del tambor”.

Su dinámica es seguida con atención dentro de la cárcel. “Es un interno que conoce muy bien la rutina penitenciaria, se cuida mucho, y claramente no le interesa tener relación con los otros internos del módulo. Es una persona solitaria”, asegura una fuente de la institución.

A pocos metros de la celda de Hugo Bustamante, en otro piso del penal, se encuentra recluido Mauricio Hernández Norambuena (62). El “comandante Ramiro” fue extraditado en agosto de 2019 desde un penal de Brasil hacia Chile, donde actualmente cumple dos condenas de 15 años de cárcel cada una por el crimen del exsenador UDI Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards.

Norambuena, dicen en Gendarmería, es uno de los internos que respaldan esta medida de presión para retomar las visitas que antes de la pandemia de coronavirus se realizaban de forma periódica dentro de los dos pequeños locutorios separados con vidrios que tiene este módulo especial.

Pese a no recibir la alimentación fiscal, aseguran en Gendarmería, algunos internos sí reciben las encomiendas con alimentos y elementos de primera necesidad que les llevan sus familiares y amigos. Así, detallan desde la institución penitenciaria, a la fecha habría 21 de 96 reos que mantienen su negativa hasta que las autoridades permitan las visitas presenciales. La adhesión de internos, sin embargo, varía diariamente.

Otro de los imputados que se sumó a estas medidas en el módulo es Francisco Solar Domínguez (41), el “Cariñoso”, imputado por el envío y la colocación de artefactos explosivos, además de los delitos de homicidio frustrado y daños calificados. Entre los delitos que se le imputan está la entrega de un paquete-bomba a la oficina del exministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, la cual no estalló, sumado al envío de una encomienda explosiva a la 56° Comisaría de Huechuraba, la cual detonó y dejó a ocho funcionarios de Carabineros lesionados.

Pese a no compartir los horarios de patio común ubicado en el primer piso, por habitar pisos diferentes, tanto Solar como Norambuena mantendrían relación con otros internos dentro del penal, cuentan las mismas fuentes penitenciarias. Así, gran parte de su tiempo en prisión lo destinan a la lectura y a la redacción de cartas. Ambos, además, sí reciben videollamadas de sus amigos y equipos de defensores.

Uno de los últimos internos que ingresó al módulo de máxima seguridad fue el ciudadano colombiano Diego Alexander Ruiz Restrepo (30), detenido la tarde del 9 de noviembre por su presunta participación en una seguidilla de homicidios “continuos y sistemáticos”, que habrían dejado, al menos, siete víctimas. Según el Ministerio Público, la cifra de afectados podría aumentar a 10 durante el transcurso de la investigación.

La llegada de Ruiz Restrepo surgió a petición de sus abogados defensores, a raíz del peligro que correría en caso de que se le ordenara cumplir con su prisión preventiva en un recinto penal común. Pese a su reciente ingreso, Ruiz también se habría sumado a la negativa de recibir alimentos dentro del penal como medida de presión para tener visitas.

En una reunión durante la tarde del 2 de noviembre, el Ministerio de Justicia inició de manera formal el proceso de elaboración de un plan que permitiría el retorno paulatino y controlado de las visitas a los recintos penales. Una especie de plan “Paso a Paso” dentro de las cárceles, aseguran desde la institución carcelaria.

“Es necesario proyectar el funcionamiento del sistema penitenciario para los próximos meses y para el próximo año, más allá de todas las medidas que hemos adoptado hasta el momento. En esa proyección se encuentran, por cierto, las actividades de reinserción social, y especialmente los regímenes de visitas presenciales en las cárceles. Sin embargo, no debemos olvidar que el coronavirus sigue presente en nuestras vidas”, dijo entonces el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela.

La exigencia por retomar las visitas presenciales se ha extendido no solo al módulo de máxima seguridad. También ha generado la coordinación de reos de penales como La Serena, Puerto Montt o, incluso, en la Cárcel de San Miguel, habilitada para mujeres, quienes han realizado manifestaciones que incluyen golpes con objetos metálicos contra los barrotes de las celdas para exigir el retorno de las visitas penitenciarias.

La situación llegó hasta el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, tras una presentación realizada por Gendarmería, dando cuenta de lo que ocurría dentro del módulo de máxima seguridad.

Así, según el documento que remitió el alcaide Jonny Avilés Ojeda, se informó al tribunal de la negativa de los reclusos de “recibir dichas raciones alimenticias, manifestando verbalmente que esta acción es en apoyo a la paralización en el día de hoy (30 de octubre) de las unidades penales y especiales de la región, con el fin de ejercer presión para poder lograr la autorización por parte de los entes del Estado de poder recibir visitas físicas de familiares, las cuales se encuentran suspendidas por orden de la autoridad sanitaria producto de la pandemia de Covid-19”.

Los antecedentes expuestos ante la justicia el 2 de noviembre dieron paso a una orden del tribunal el día 11, para que Gendarmería informe en un plazo de 10 días sobre la existencia de un plan concreto para “el acceso a visitas de la población privada de libertad, y las gestiones que se realizan actualmente por parte de Gendarmería en conjunto con la autoridad sanitaria para que los internos tengan contacto al menos con sus familiares más cercanos”.

Según cuentan en la institución penitenciaria, el proceso de recolección de antecedentes y elaboración de un protocolo seguro de visitas comenzó con la inspección en terreno de parte de equipos médicos y expertos epidemiólogos, a fin de mitigar el riesgo de contagios en las cárceles.